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Artículo correspondiente al número 269 (29 de enero al 25 de febrero)
Cuatro miradas para cuatro desafíos: los conflictos de interés, las relaciones internacionales, la agenda social y el manejo de las expectativas. ¡Uf! Nadie dijo que esto fuera simple…
| Conflictos de interés: Cuando se nace chicharra… |
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Por Jorge Navarrete Abogado. Del Río Izquierdo. |
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Siempre he tenido la percepcion de que para Sebastian Piñera esta es una cuestion menor. |
| El reciente resultado electoral desató una frenética carrera para que el presidente electo traspase la propiedad de las acciones que posee en varias empresas. Sin duda hubiera sido deseable que dicho proceso se materializara con anterioridad, evitando así cualquier suspicacia o sospecha por las especulaciones de último momento; en especial, aquellas que versan sobre el precio y las condiciones de venta. Nadie podría declararse sorprendido por este escenario. La condición empresarial de Sebastián Piñera, y en particular los posibles conflictos de interés que derivaban de su participación política, fue un tema largamente debatido no sólo durante toda esta campaña electoral, sino también en la anterior. ¿Por qué, entonces, se esperó hasta el último momento? Una posibilidad es pensar que el empresario no estaba seguro de que finalmente alcanzaría la presidencia de la República y, en ese escenario, no quiso correr el riesgo de añadir un gravamen adicional al ya duro hecho de ser derrotado. Sospecho, sin embargo, que esta explicación es algo ingenua. Ya hacía muchos meses que la derecha derrochaba entusiasmo y confianza en el triunfo electoral. Su gran mayoría pensaba que, de no mediar un hecho tan extraordinario como impredecible, el arribo a La Moneda era una cuestión de plazo. Otra alternativa es suponer que se dilató el momento para obtener un mejor precio. La crisis económica golpeó fuerte al mercado nacional y a la mayoría de nuestras empresas. Vender en el peak de la incertidumbre financiera era a todas luces un pésimo negocio, por lo que valía la pena postergar lo más posible el proceso, especialmente de cara a la tan anunciada recuperación. Aunque se trata de una razón más plausible que la anterior, ambas dejan entrever una mirada algo liviana de la función pública o, dicho de otra manera, la escasa importancia que se asigna a estos eventuales conflictos de interés. En efecto, siempre he tenido la percepción de que para Sebastián Piñera esta es una cuestión menor. Por lo mismo, pareciera que los continuos reclamos y exigencias que se le hacen –tanto sus adversarios como sus colaboradores– en torno a la necesidad de separar la actividad política de los negocios se los tomará sólo como infundados prejuicios de una clase dirigente trasnochada, que no alcanza a comprender las bondades de un mundo globalizado y de las inevitables ambigüedades de la política moderna. De hecho, tengo serías dudas de que el próximo presidente estaría desprendiéndose de la administración de algunas de sus empresas o vendiendo la propiedad de otras tantas, sin que hubiera mediado una fuerte presión –por cierto, políticamente transversal–, lo que hace suponer que estamos frente a una medida más motivada por la resignación que por la convicción. Así por ejemplo, incluso dicho con algo de orgullo, el presidente electo ha resuelto no vender su propiedad en Blanco y Negro S.A., más conocida como Colo-Colo. En alguna columna anterior, yo hacía referencia al conflicto de interés por la eventual decisión que debe adoptar el intendente de Santiago –representante directo del presidente en la región– ante a la posibilidad de clausurar o inhabilitar temporalmente el estadio del club, con motivo de algún problema específico. Incluso más, para no darle tantas vueltas, ¿no parece obvio que la persona que debe nombrar al próximo superintendente de Valores y Seguros –éste, entre otras cosas, es quien vigila por el buen desempeño de las sociedades anónimas– no tenga ninguna relación con las empresas fiscalizadas? A partir del próximo 11 de marzo, Sebastián Piñera tendrá que adicionalmente nombrar al director del SII, al fiscal nacional económico, al director del Trabajo, al presidente del Tribunal de la Libre Competencia, a los superintendentes de Bancos, Isapres, Previsión Social, Casinos, Electricidad y Combustibles, suma y sigue. Ninguna legislación, por más estricta que sea, puede funcionar si no está en sintonía con los estándares de comportamiento que deben tener los ciudadanos; menos, los funcionarios públicos y, para qué decir el presidente de la República. Bienvenido que un empresario exitoso llegue al sillón de O´Higgins, siempre y cuando no pretenda influir o decidir sobre cuáles son las reglas y, al mismo tiempo, servirse de ellas en beneficio propio. Que se olvide de intentar, en forma simultánea, arbitrar y jugar el mismo partido. |