Reportajes y Entrevistas
Corcoveando

Artículo correspondiente al número 220 (28 de dic del 2007 al 24 de ene 2008)

 

Aunque la idea de crear un santuario para las ballenas en el Golfo del Corcovado al sur de Chiloé había avanzado por buen camino, hace un par de meses las posiciones sobre cómo implementar un área protegida sin afectar el actual desarrollo económico de la zona están separando a los diversos actores involucrados. En el propio gobierno y hasta entre los entes ambientales hay visiones encontradas. Por Cristián Rivas N.

 

Si bien se trata de un animal eminentemente pacífico, la gran ballena azul está provocando una verdadera turbulencia en las aguas de la zona sur del país, donde desde hace varios meses se discute intensamente la creación de un área protegida en el Golfo de Corcovado, una zona de cincuenta mil kilómetros cuadrados que cubre desde el sur de la isla de Chiloé hasta el archipiélago de las Guaitecas, en la región de Aysén.

 

La conversación ha sido más que intensa. Incluso, ha sacado ronchas en un espectro amplio de autoridades de gobierno, empresarios, pescadores artesanales y un sinfín de organizaciones ambientales, que tras varios meses no han logrado generar un consenso sobre lo que finalmente se hará en la zona. El temor central es que la declaración de área protegida implicaría, entre otros aspectos, mermar el desarrollo de algunas actividades como la salmonicultura en favor de otras como el desarrollo inmobiliario y turístico. Y en eso las posiciones son bien radicales.

 

La historia partió hace por lo menos cuatro años. Cuando los primeros estudios científicos realizados por el biólogo marino de la Universidad Austral, Rodrigo Hucke, dieron cuenta de un avistamiento masivo de ballenas de esta especie en la zona limítrofe de las regiones X y XI. Ese fue el punto de arranque para la creación del Centro Ballena Azul y el trabajo conjunto con organismos como la WWF y Chile Ambiente, que promovieron la creación de un área protegida que luego fue acogida por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero y el Congreso, donde ambas cámaras dieron su apoyo.

 

Pero todo se detuvo a fines de agosto pasado, cuando la iniciativa debía ser visada por la Comisión Nacional de Uso de Corcoveando Borde Costero, que integran los ministros de Planificación, Obras Públicas, Vivienda, Bienes Nacionales y Transportes y Telecomunicaciones, además de las subsecretarías de Marina y Pesca, el Sernatur, la Conama y la Armada. La reunión programada para el 29 de agosto pasado tuvo de todo. Críticas, llamados telefónicos y argumentos cruzados entre los distintos ministros presentes. Sobre todo, tras la llegada al Edificio Diego Portales de una delegación de pescadores artesanales que reclamaba que nunca se les consultó sobre la creación de esta área protegida de múltiples usos, y por ende no conocían los alcances que tendría sobre su actividad.

 

“Ese fue el punto de quiebre entre las visiones más conservacionistas del gobierno y las de la línea de la economía liberal”, dice Patricio Rodrigo, director ejecutivo de Chile Ambiente, una de las ONG que ha estado desde el comienzo entre las principales promotoras de la iniciativa. Explica que mientras algunos representantes del ejecutivo alegaban que debía ponerse cierto margen a la salmonicultura, otros decían que no podían hacer eso a la principal actividad económica regional. En medio también surgieron debates en torno a lo que pasaría con la conectividad en la zona (principalmente a través de embarcaciones menores), el transporte de carga y la mantención de otras actividades como la pesca extractiva y la artesanal. Por eso, ese día no se aprobó el decreto definitivo, que incluso estaba redactado, aunque no contenía precisiones en cuanto a derechos y obligaciones.

 

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