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Reportajes y Entrevistas
Cables pelados
Artículo correspondiente al número 289 (19 de noviembre al 2 de diciembre de 2010)
Las cartas sobre la mesa. Mientras autoridades de gobierno apoyan abiertamente la construcción de grandes y polémicas centrales de energía, los grupos ambientalistas afinan renovadas campañas a favor de nuevas tecnologías. Lo que pasa, advierten los entendidos, es que la situación no da para más: no sólo estamos pagando caro por la electricidad, sino que es posible que nos quedemos a oscuras. Por Alfonso Peró. Ilustración, Ignacio Schiefelbein.
El abastecimiento energético aparece como un asunto prioritario y estratégico para este gobierno y sus antecesores. Era que no, si en los últimos 15 años Chile ha enfrentado dos crisis energéticas. La primera ocurrió tras la sequía de fines de los 90 –la peor en 40 años– e implicó racionamiento eléctrico con costos directos en el PIB. La segunda, en 2004, cuando el gobierno argentino nos cortó el gas. Ahora las cosas no están mucho mejor. Y para muestra, un botón: el propio presidente Sebastián Piñera ha advertido sobre el costo marginal de la energía, que promediaría los 130 dólares el MWH (el segundo más alto de la región y, para que tenga una idea del efecto en la competitividad, muy lejos de los 40 dólares que cancelan los empresarios peruanos en su país).
Para el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, “este factor es un obstáculo para el crecimiento económico y la productividad y sólo puede resolverse con mayor inversión en el área. Estamos trabajando para eliminar cuellos de botella en las autorizaciones de los proyectos, de manera de tener muy pronto una matriz energética que permita reducir el costo de la energía”, dijo al programa Ciudad Capital (95.3 FM). Más o menos comprendida por la comunidad, esa es justamente la labor que por estos días tiene de cabeza al ministro de Energía, Ricardo Raineri, al punto de hacer pública la necesidad de resolver cuanto antes proyectos emblemáticos como Hidroaysén (con sus 2.750 MW) y la central térmica Castilla (2.100 MW), la misma que acaba de recibir una suerte de golpe letal por parte de la Corte Suprema al ratificr su carácter “contaminante”.
Tiempo para las energías limpias, dirán algunos. Pero el dilema no es tan simple. Primero, están los precios: el costo medio de la energía producida por una hidroeléctrica ronda los 40 dólares el MWH; la termoeléctrica se empina hasta los 90; las fuentes no convencionales bordean los 120, más o menos similar al uso del Gas Natural Licuado (GNL) como suministro, mientras que el diésel –dada el alza de este combustible a nivel global– puede alcanzar los 180 dólares. Segundo, está la seguridad del suministro, materia frente a la cual algunas de las alternativas renovables no convencionales se quedan cortas.
En resumen, aunque la capacidad instalada y los proyectos ya en construcción garantizan un suministro más o menos asegurado hasta 2014, hay dos elementos que llenan de incertidumbre el panorama posterior: el mencionado factor precio y su impacto sobre la competitividad, a lo que se suma la imperiosa necesidad de tomar ahora decisiones respecto a proyectos grandes –como el mismo Hidroaysén– para que estén operativos cuando el crecimiento del 6% anual del PIB así lo exija.
¿Laguna energética?
En estas aguas navega Raineri: entre la necesidad de enfrentar el alza de precios y de favorecer la aprobación de proyectos sin que se vulneren normativas ambientales ni que la opinión pública cargue en su contra. Porque con la experiencia Barrancones, en La Moneda confiesan que ya tuvieron suficiente.
Ello explica que, a fines de octubre, el ministro saliera con todo a respaldar por la prensa iniciativas ambientalmente polémicas. Había que tantear terreno. Las declaraciones fueron bien recibidas por una industria que ve con preocupación la provisión de energía entre 2014 y 2016, un período que incluso catalogan de “laguna energética”. Raineri no es tan pesimista: “no hablaría de laguna energética, porque hay una cantidad importante de proyectos que deberían declararse en construcción para llenar la matriz eléctrica a partir de 2014”. Pero el sector privado replica: esta laguna se provocaría no sólo por la falta de demanda por contratos de suministro, sino también porque se necesita doblar la cantidad de megas y transportarlos a lo largo de Chile, lo que implica un sistema reforzado de transmisión, o uno nuevo. Según expertos, “para tener eso desarrollado, la fecha más temprana es julio de 2016”.
Las proyecciones más conservadoras del ministerio de Energía indican que se necesita agregar mil MW en promedio entre 2010-2020, si consideramos un crecimiento de la matriz promedio de 5,5% y un complemento importante en eficiencia energética. De ese total, hoy contamos 2.500 MW que ya están en plena etapa de construcción, por lo que faltan alrededor de 8 mil MW que deben estar instalados y en funcionamiento entre 2014 y 2020.
Desde la academia, señalan que se han caído proyectos por razones no necesariamente técnicas. “Los proyectos energéticos pasan por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual –al menos, para las centrales térmicas– tarda sobre 250 días. A eso tenemos que agregar el tiempo de construcción, que bordea los 3 años. Y no hay ninguno que empiece a construirse luego. En centrales hídricas, el único proyecto grande es Alto Maipo que, si no tiene problemas, debería estar operando a partir de 2015-2016. Pero no hay más”.
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| "En toda esta discusión veo una gran preocupación por el hombre", dice Daniel Fernández, vice presidente ejecutivo de Hidroaysén. |
Otra alternativa es la termoelectricidad a carbón, con exigencias ambientales que ubican a nuestro país al nivel –o por sobre, reclaman en el sector- de Europa. En este caso, a la ventaja de precio se suma una seguridad de suministro con la que ni siquiera el agua puede competir.
Así las cosas, la tarea del ministro Raineri no es nada fácil. Debe lidiar contra las presiones ciudadanas, sabiendo que su ministerio y decisiones tendrán un rol importante en el desarrollo económico del país. Como reconoce un alto ejecutivo del rubro eléctrico, “la pega que el ministro está haciendo hoy es para 2017-2018. En el fondo, prefiere exigir lo políticamente incorrecto a quedarse callado y ver un racionamiento energético en 6 u 8 años”.
Verdes versus industriales
El próximo objetivo de las ONG y grupos ambientalistas se llama Cruz Grande, la central que la acerera CAP quiere levantar a unos 5 kilómetros del lugar donde alguna vez la francesa Suez pretendió instalar Barrancones. “El gobierno no puede rechazar un proyecto y apoyar a otro que está a 5 kilómetros”, advierte un opositor, y hasta la misma directora de Sernatur reconoce que a esa distancia todavía estamos haciendo referencia a una zona única y privilegiada.
La satanización de las centrales térmicas es un estigma con el cual los generadores deben lidiar día a día. Los proyectos térmicos se encarecen no sólo por efecto de una ciudadanía que exige mayores compensaciones, sino también por el efecto de las vías legales. Se espera que próximamente la aprobación de una ley de emisiones que aumentará entre un 3% y un 5% los costos de estas centrales. En la industria, aunque reclamen en público, lo asumen como parte de la necesidad y, por lo mismo, de la inversión.
Y así como el ministro Raineri optó por revelar sus cartas, entre los ambientalistas también preparan su artillería. En enero de 2011, un conjunto de ONG iniciará una renovada campaña a favor de la energía limpia. Así, señalan, lo suyo ya no es sólo oponerse a Hidroaysén o Castilla –nombres que se repiten hasta el cansancio si de ejemplos se trata– sino de impulsar el desarrollo de energías renovables.
Pero el vice presidente ejecutivo de Hidroaysén, Daniel Fernández, percibe contradicciones en estos planteamientos. “Estuvimos todo el invierno con Nueva Renca operando a diésel en una ciudad de 6 millones de habitantes. En toda esta discusión veo una gran preocupación por la naturaleza y muy poca preocupación por el hombre. Se intenta bloquear un proyecto porque afecta a un cierto paisaje y no se levantan voces contra emisiones diésel en una zona densamente poblada. Las ONG se oponen a ciertos proyectos –a Hidroaysén sí, pero no a las termoeléctricas– y además están fi nanciadas desde el extranjero con una de las campañas más grandes que se hayan habido”, reclama el ex TVN.
El debate por las ERNC
La aspiración del gobierno es llegar a 2020 con un 20% de la matriz renovable. A la fecha, “menos del 2% de la matriz es renovable y si seguimos con la ley actual, para 2015 con suerte llegaríamos al 5%. Pero si hacemos cambios mínimos, el escenario puede mejorar. Por ejemplo, la ley se aplica a contratos firmados después de agosto de 2007. Por lo tanto, si hoy se exige que el 5% de la matriz sea renovable, en la práctica es sólo el 0,97%. Otro cambio: ¿por qué las ERNC están indexadas de acuerdo a los precios de los combustibles fósiles, cuando no los necesitan ni los compran? Estos detalles hacen que las renovables no compitan con los grandes generadores”, señala Alex Muñoz, director ejecutivo de la ONG Oceana. Un proyecto de ley presentado por los senadores Antonio Horvath, Jaime Orpiz, Isabel Allende, José Antonio Gómez y Ximena Rincón pretende corregir este aspecto.
Raineri también tiene algo que decir en la materia. El ministro pretende que “todos los proyectos de ERNC, independiente de donde se encuentren, puedan ser aprovechados para acreditar el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, el parque eólico de Methanex –inaugurado hace dos semanas y que tiene un factor de planta de 50%– no puede ser usado para acreditar energías renovables, de acuerdo a la ley, porque no está conectado al sistema eléctrico. Otro caso se dará con la geotermia, cuya central estará en la cordillera y, eventualmente, conectará directamente a una mina. Es importante abrir este mercado”.
Desde la industria también tienen su opinión. Según una alta fuente, “en Chile, la matriz de base renovable no convencional debiera estar entre un 5% y un 10%, y no más. Al 20/20 no se llega, a menos que se considere en esta categoría a las centrales hidroeléctricas de pasada sin importar la cantidad de MW que generen”. La ley actual establece que minicentrales que generan 20MW entran en un 100% en la categoría ERNC, un reconocimiento que decrece hasta llegar a los 40MW.
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