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Reportajes y Entrevistas
¿Bomba de ruido?
Artículo correspondiente al número 300 (20 de mayo al 2 de junio de 2011)
794 testigos, 221 peritos, 6.774 evidencias, 15 imputados, el fin de una célula terrorista y un manto de dudas. A menos de dos meses de iniciado el denominado caso bombas, los tribunales pusieron fin a la prisión preventiva de cada uno de los presuntos implicados. Aunque su inocencia no está probada, la operación entera ha sido remecida por acusaciones de montaje y falta de un debido proceso que salpican al gobierno y complican a la Alianza. Por Fernando Vega.
El juez del octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés, se acomodó los anteojos y sonrió. Luego se dirigió a los abogados presentes y, fiel a su duro estilo, les pidió que hicieran un receso, que dejaran de cruzarse ese tipo de miradas y de hacerse gestos. Ese miércoles 11 de mayo por la mañana, en una de las tantas jornadas de preparación del juicio oral por el denominado “caso bombas”, todos pensaron que el magistrado –que unos días antes había ninguneado la investigación y las pruebas– saldría nuevamente con una de sus frases.
Pero esta vez era sólo un llamado de atención a todos por igual. A primera hora de ese día los abogados defensores de los 15 imputados acusaron a la fiscalía Sur – que sustancia el caso– de haber ocultado evidencia e impedir que tuvieran acceso a ella. La denuncia remeció al tribunal. Nadie se la esperaba y los querellantes sólo tuvieron caras y gestos de sorpresas.
Fue por eso que Avilés les pidió un tiempo extra para ordenar todo de nuevo. Se había revelado que las cuentas de la ex subsecretaria de Agricultura, Cecilia Leiva –cuyo hijo Rodolfo Retamales es sindicado como presunto cabecilla de la asociación ilícita– fueron investigadas y que además se habrían cometido varias irregularidades en la investigación y obtención de pruebas.
Al final del día, las partes acordaron destinar una jornada entera a revisar el material sobre el cual los defensores mantenían sus dudas, alargando aún más el caso y añadiendo nuevas interrogantes a un proceso que partió con indagaciones informales en 2005 y se convirtió en una mediática causa en agosto de 2010 cuando, con gran publicidad, fueron detenidos los presuntos terroristas.
Esa misma tarde, además, de forma unánime, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió revocar la prisión preventiva de los últimos dos acusados que permanecían detenidos, cambiando la medida por arresto domiciliario total. Y aunque ello implica que siguen estando privados de libertad, la acción judicial dejó la sensación de que el caso tiende a desmoronarse.
Las primeras grietas habían aparecido tras el cuestionamiento a las pruebas y a los procedimientos. Acusaciones de montaje, intervención política, falta de un debido proceso y hasta las declaraciones del propio juez Avilés, quien calificó algunas de las evidencias como “de cuarta categoría” y los argumentos de los fiscales como “sociología barata”, pusieron en entredicho el caso, generando un verdadero dolor de cabeza para un gobierno que apostaba a un triunfo político con esta operación antiterrorista.
Una banda
Llamado en su origen Operación Salamandra, el caso afecta a 15 personas a quienes se les imputa formar parte de una asociación ilícita terrorista con el fin de colocar bombas. Se les sindica como responsables de haber detonado 29 artefactos explosivos frente a empresas, iglesias, bancos y edificios públicos de Santiago entre los años 2006 y 2009. Estas acciones causaron varios heridos leves y la muerte de un joven anarquista al estallarle la bomba que transportaba.
La investigación comenzó a tramitarse en enero de 2006 por el fiscal Xavier Armendáriz, de la fiscalía Oriente, pero éste nunca llegó a formalizar a nadie. En su entorno aseguran que “había mucha información de vinculaciones, pero no suficiente como para pedir condenas”. Añaden que “había instrumentos probatorios para imputar quizá a un grupo, pero no para confirmar la existencia de una asociación ilícita terrorista”.
Sin embargo, tras el cambio de gobierno el asunto se volvió prioritario, como quedó demostrado a fines de mayo de 2010, cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se encargó de criticar la lentitud de las indagaciones y sus resultados. Así, el 14 de junio de 2010 el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, sacó a Armendáriz del caso y puso en su lugar a Alejandro Peña, de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien apenas dos meses después formalizó –con gran impacto mediático– a los miembros de un grupo anarquista, la mayoría de cuyos miembros tiene estudios superiores y ha registrado otras detenciones por participación en desórdenes o actividades violentas. Ese es el caso de Retamales Leiva, un ex lautarista condenado junto a Pablo Morales Fuhrimann por el ataque a un escolta del entonces intendente Luis Pareto.
La detención de los anarquistas se presentó como uno de los primeros éxitos de la nueva administración y clara señal de mano dura contra la delicuencia. Si hasta el propio presidente Piñera aplaudió el operativo: “es un golpe que refleja el espíritu del gobierno de luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, con todo el rigor de la ley”, dijo.
¿Cómo en tan sólo dos meses Peña logró lo que Armendáriz no pudo hacer en años?, fue la pregunta que quedó flotando en el ambiente. Según la fiscalía Sur, hubo varias diligencias, peritajes y pruebas que permitieron avanzar rápido: el descubrimiento de más material subversivo, elementos químicos para la fabricación de bombas y, además, se pudieron determinar las conexiones de todos los integrantes de banda. Destacan que la base de la investigación era muy completa. Citan como elemento clave la muerte del anarquista Mauricio Morales luego de que le estallara la bomba hechiza cerca de la Escuela de Gendarmería el 22 de mayo de 2009. Los restos del artefacto permitieron identificar otros bombazos, pues eran similares a los de explosiones anteriores.
El otro momento paradigmático de la investigación habría sido la confesión de Gustavo Fuentes Aliaga, alias El grillo, quien el 31 de diciembre de 2008 apuñaló a su pareja, Candelaria Cortés-Monroy Infante, también imputada por los bombazos. Tras su detención, Fuentes habría entregado valiosa información, que –pese a su posterior retractación– habría permitido seguir atando los cabos que Peña se concentró en buscar para configurar la existencia de una asociación ilícita terrorista, similar a las que operan en el delito del narcotráfico.
Pruebas cuestionadas
Un poster de Axl Rose, gorros, ropa, libros, computadores, películas, fotos, electrodomésticos, celulares, tarjetas BIP y hasta una pistola de plástico y un par de preservativos forman parte de las 6.774 pruebas del caso. Hasta la fecha ya se han eliminado más de 3.000 que en su mayoría responden a errores de tipeo, repeticiones de antecedentes o bombazos perpetrados en otras fechas. Pero por su naturaleza y abundancia, en todos los círculos reina la pregunta de si toda esta evidencia es lo suficientemente fuerte para sostener o no la acusación y, finalmente, lograr las condenas.
Según los abogados defensores –y algunos miembros del poder judicial– esta forma de operar tiene que ver con “el perfil Peña”, un fiscal que se construyó una imagen de eficaz e implacable persiguiendo a los traficantes de drogas que operan en la zona sur de Santiago. El pasado 4 de abril Peña presentó cargos pidiendo cadena perpetua para Morales y Retamales, acusándolos de ser los cabecillas de la “asociación ilícita terrorista” y pidió condena de hasta 10 años para los demás anarquistas. Dos días después, y tras casi ocho años de trabajo en el Ministerio Público, renunció para asesorar al gobierno en el combate a la delincuencia a través de la subsecretaría del Interior.
Su partida generó fuertes cuestionamientos políticos en torno a la independencia de los poderes, lo que se vio reflejado en la elección de la lista corta de sus reemplazantes: durante sus exposiciones para ser nominados a ese puesto, todos los aspirantes se comprometieron a “mantener la independencia del Ministerio Público”. Ninguno de los abogados mencionó a Peña, pero las alusiones indirectas marcaron el proceso.
El subsecretario del Interior de la época en que comenzaron las investigaciones, y actual diputado Felipe Harboe, afirma que “el cambio del fiscal al ministerio del Interior fue gravísimo. Porque aquí ha ocurrido que una persona que tenía por encargo del Estado la persecución penal se fue a trabajar con el querellante después de haber metida presa a esta gente y resulta que ahora los tribunales consideran que esa acción fue mal hecha”.
En la fiscalía Sur, el fiscal Javier Nuñez retruca que “la Corte solamente ha dicho que los imputados pueden esperan el juicio privados totalmente de libertad en sus casas, pero no ha cuestionado los antecedentes”. Pero los investigadores reconocen que la salida de Peña fue un golpe interno. No estaba previsto que el jefe se marchara, ni menos en la más mediática de todas las causas que se han tramitado en su zona.
Su partida, además, abrió la puerta para que una parte importante del círculo de abogados y jueces lo acusara de haber fabricado las piezas de un puzzle que todavía están terminando de armar sus sucesores. “Esta acusación es una manifestación evidente de desprolijidad; probablemente la fuente de ello se encuentre en un trabajo apresurado, hecho con los estándares de la zona sur, en donde los tribunales puede que sean menos cuidadosos”, dice el abogado Miguel Soto Piñeiro, quien representa a Candelaria Cortés-Monroy.
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