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Reportajes y Entrevistas
Así se viene la mano
Artículo correspondiente al número 273 (9 al 23 de abril de 2010)
Un recuento con harto cuento: la agenda legal viene cargada de potenciales conflictos, especialmente marcados por las consecuencias del 27-F. Pero los estudios ya tienen en precalentamiento a sus más avezados pugiles. Por Myriam Ruiz Silva.
Seguro que cobro
Tener seguro contra terremotos es una cosa; otra es cobrarlo. No porque las compañías no estén dispuestas, sino porque se trata de un proceso complejo y lleno de matices. Por ejemplo, acreditar la pérdida de existencias por parte de las compañías afectadas o determinar el lucro cesante para aquellas que cuentan con dicha cobertura.
La Asociación de Aseguradores de Chile cifró en 2.600 los millones de dólares que deberá cancelar a sus clientes: un 50% más de lo que pagan en un año normal. Los concesionarios de obras públicas calculan en 150 millones de dólares sus costos de reparación. Su presidente, Hermann Chadwick, dice que los seguros serán clave, pero que “será un tema por mucho tiempo, ya que a nivel internacional no existe precedente sobre un cobro de seguros similar de obras concesionadas”.
Inmobiliarias en la mira
Un nuevo flanco se abrió el pasado 10 de marzo, cuando en el 2º juzgado civil de Santiago se interpuso la primera demanda contra una inmobiliaria por daños, en un edificio en San Bernardo. También grupos de vecinos organizados, y bien apoyados por conocidos abogados, han anunciado demandas colectivas. En las constructoras están preocupados: estiman que la ley los defiende, pero que el clima social les juega en contra.
Fernando Samaniego, jefe del departamento de Litigios de Prieto y Compañía, detecta que a los juicios civiles por daños y perjuicios se suma un nuevo componente: la responsabilidad criminal que algunos demandantes incorporarán en sus acciones legales.
Sergio Yávar Celedón, abogado del estudio García Magliona & Cía., cree que “el gran tema es determinar si el terremoto corresponde a un imprevisto imposible de resistir o es caso fortuito”. También, dilucidar quién soportará los efectos patrimoniales que trae aparejado el incumplimiento en los contratos de tracto sucesivo como, por ejemplo, uno de distribución o de suministro.
Por fuerza mayor
A la nueva justicia laboral le tocará lidiar con el alto número de despidos por causales de fuerza mayor, comenta el abogado Raimundo Labarca, de Vergara, Labarca & Cía. “Los tribunales deberán determinar si el terremoto fue un imprevisto imposible de resistir para uno u otro empleador, de manera que justifique los despidos”.
En opinión de Mauricio Correa, de García Magliona & Cía., también debieran abrirse discusiones relativas al aumento de puestos de trabajo y estabilidad en el empleo.
El Estado responde
La falta de servicios derivada por los daños que ocasionó el terremoto es otro de los asuntos que marcará el año legal. Porque no serán pocas las demandas que empresas y particulares podrían presentar, por ejemplo, contra municipios que recepcionaron obras que colapsaron.
También, según anota Raimundo Labarca, de Vergara, Labarca & Cía., la falta de información oportuna hacia la población sobre la alerta de tsunami y la imposibilidad del Estado de mantener el orden público. “Existen precedentes en los que el Estado se ha visto obligado a indemnizar perjuicios por falta de servicios, pero obviamente no es fácil que se le condene a indemnizar un perjuicio particular”, opina.
El turno de los minoritarios
A propósito de la reforma a los gobiernos societarios, los expertos presumen que durante este año debieran incrementarse los conflictos entre accionistas minoritarios y las administraciones o accionistas mayoritarios. Para muchos, la nueva ley contiene normas ambiguas en torno a directores independientes o la facultad de los accionistas para citar a juntas sin pasar por los directorios.
Todo por la competencia
Además de las mayores atribuciones otorgadas a la Fiscalía Nacional Económica, la delación compensada, como recurso para rebajar sanciones, podría incidir en un mayor número de empresas que, a cambio de una rebaja de sanciones, decidan acudir al fxiscal, aceptando que han infringido la normativa de libre competencia.
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