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Artículo correspondiente al número 260 (4 al 16 de septiembre de 2009)
Los métodos de entrega de tierras
Subsidio: el artículo 20a de la Ley Indígena estipula que se postula mediante concurso, ya sea en forma individual o por comunidades. Se asigna un puntaje a los postulantes según un listado elaborado por la Conadi en base a ahorro previo, situación socioeconómica y grupo familiar, además de antigüedad y número de asociados, en el caso de las comunidades. Sin embargo, el mismo documento establece que, finalmente, será el director del organismo quien determine los beneficiados.
Compra directa: el artículo 20b lo define como un mecanismo que busca “solucionar los problemas de tierras, en especial con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones judiciales o extrajudiciales relativas a tierras indígenas o transferidas a lo indígenas, provenientes de los títulos de Merced o reconocidos por títulos de Comisario y otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado a favor de los indígenas”. Sin embargo, aunque está establecido como excepción para solucionar conflictos jurídicos, el 75% de las hectáreas compradas por el Fondo de Tierras y Aguas ha sido a través de este procedimiento.
Grupos de presión
A pesar de que la cobertura mediática ha puesto el acento en los hechos de violencia, lo cierto es que la mayoría de las comunidades originarias es pacífica. Quienes hacen noticia diariamente son grupos específicos radicalizados que nacieron a partir de los 90 y que mantienen vínculos entre sí:
1. Coordinadora Arauco Malleco (CAM): creada en 1997, opera desde Tirúa, en la VIII Región, a Ercilla, en la IX. Busca reivindicaciones territoriales para construir la Nación del Pueblo Mapuche. Algunas versiones de prensa y hebras investigativas han insinuado vínculos con la ETA y las FARC, cuestión que en otras instancias ha sido desvirtuada.
2. Temucuicui (o Ignacio Queipul): nació en 1998 exigiendo la compra del fundo Alaska, lo cual logró gracias a intensa presión. A pesar de ser la comunidad más movilizada en la zona de Ercilla, es la que más tierra ha recibido, logrando incluso saltarse el calendario de compra durante la adquisición del fundo antes mencionado. En abril de este año anunció una arremetida y se tomó así los terrenos del agricultor René Urban durante cuatro días.
El caso australiano
En 1975, Australia realizó la primera entrega de derechos de tierra a los aborígenes, política que se extendió por tres décadas para satisfacer las demandas de sus pueblos originarios. Sin embargo, los resultados no parecieron ser los más favorables. Con una inversión de 1,3 mil millones de dólares en tierras agrícolas, algunos expertos en materia indígena han estimado que esta política no sólo ha sido infructuosa en el combate contra la pobreza sino que ha generado una “dependencia destructiva” del Estado y que, si bien ha brindado beneficios como agua, vivienda y seguro social, ha despojado a sus habitantes de toda capacidad de velar por sí mismos.
El experto australiano en temas indígenas Gary Johns, que visitó Chile en 2002, estableció que en su país el gobierno ha cumplido con la mayoría delas demandas de tierras de los aborígenes y que actualmente éstostienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano e –incluso– reciben ayuda del Estado. Lo único que rechazaron fue cualquier reconocimiento especial en la ley y la Constitución. Después de 30 años, la lección australiana es que toda política pública respecto a los pueblos originarios debe incentivar la integración y desfavorecer la separación y que, por lo mismo, y para ser consecuentes con esta idea, no debería haber un reconocimiento especial estipulado por ley.