Reportajes y Entrevistas
Araucanía para armar

Artículo correspondiente al número 260 (4 al 16 de septiembre de 2009)

 

Hace mas de diez años que los habitantes de la región de La Araucanía conviven con manifestaciones de violencia. Pese a que se ha enfrentado el asunto, en las ultimas semanas la situación ha empeorado. A continuación, una cartografía de políticas y protagonistas, reporte que busca ayudar a la comprension del problema. Por Maria Jose Marinovic y Carolina Samsing.

Desde hace ya un buen tiempo las noticias sobre tomas de terrenos, cortes de carreteras, incendios o robos son las que monopolizan los espacios periodísticos cuando hablamos de las regiones IX y VIII.

Así las cosas, pocos pondrían en duda que el, a estas alturas, patentado tema del conflicto mapuche más progresa que declina, si bien de tanto en tanto ha mostrado amagos de paréntesis. Tras un fuerte aumento a partir de 1998, el asunto alcanzó un punto máximo entre 2001 y 2002. Luego pareció aplacarse, pero desde el año pasado registra un nuevo ciclo que va in crescendo, al punto de que algunas esti-maciones habla de un repunte de 49% en los actos de violencia desde entonces a la fecha.

Este aumento coincide con la nueva propuesta indígena, Re-Conocer, impulsada por el gobierno, la cual, entre otras cosas, promete un incremento en la entrega de tierras, eje primordial en el conflicto. Sin ir más lejos, desde que en 1993 se dictó la ley 19.253, más conocida como Ley Indígena, se han invertido sobre 160 mil millones de pesos en comprar predios y, sin embargo, las reivindicaciones no terminan. Quienes son críticos a esta estrategia aseguran que el enfoque en cuestión tiene varios problemas: deja espacio para irregularidades, aumenta el valor de las hectáreas, fomenta ilegalidades y afecta considerablemente al desarrollo de la zona, entre otros efectos.

 

 

 

 

 

Mecanismos de compra

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• La ley estipula dos formas de adquirir predios: por compra directa y a través de subsidio (ver recuadro). ¿Qué arroja el saldo? Que el 75% de las tierras se ha adquirido por compra directa, pese a que la ley circunscribe su uso sólo para casos en los que haya conflictos jurídicos.

• Desde 1995 a 2008 se han adquirido más de 95.000 hectáreas por compra directa, lo que supone una inversión de 126 mil millones de pesos, mientras que por subsidio sólo se han adquirido 27.240 hectáreas, por un monto de 41 mil millones de pesos.

• No existe un catastro que estipule cuáles son los conflictos contemplados y cuáles son las tierras que se encuentran en esta situación. La ley sólo señala que los problemas pueden ser múltiples y que la decisión final recae en el director y en el consejo de la Conadi.

• En el caso del subsidio que, en teoría, debiera ser más objetivo, la situación se repite, recayendo la decisión final sobre el director de la Conadi.

 

 

 

El precio de la violencia

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• La compra directa permite mayores presiones por parte de los grupos de interés, lo que ha llevado a que en los últimos años el valor de la hectárea en la zona haya aumentado considerablemente.

• En las regiones de La Araucanía y del Bío-Bío, las tierras destinadas a comunidades que han ejercido alguna forma de violencia alcanzan un valor promedio de 4,3 millones de pesos por hectárea. Las tierras entregadas a comunidades pacíficas, en tanto, tienen un valor promedio de 2,7 millones de pesos por hectárea, lo que según ILD (con datos de Conadi) arroja una diferencia de casi 60%.

 

 

 

¿Incentivos bien puestos?

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• Una de las críticas más oídas es que la entrega de tierras no viene acompañada de recursos ni de capacitación para explotar los terrenos. Ello fomentaría precisamente lo que la ley prohíbe: enajenar las tierras recibidas.

• Cerca del 60% del presupuesto de la Conadi se destina a la entrega de predios, dejando de lado otros aspectos fundamentales, como salud o educación. Así se beneficia sólo al 33% de los indígenas que viven en sectores rurales.

• En 2009, la Conadi ha destinado 29 mil millones de pesos al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y sólo 2 mil millones de pesos al Fondo de Desarrollo Indígena.

• Otro problema notorio es que la ley estipula que los títulos de dominio son colectivos, ante lo cual los individuos no pueden pedir ayuda a otros organismos como Conaf, Serviu o Fosis.

• Las tierras que no son arrendadas o entregadas en medierías a privados quedan abandonadas o con una productividad muy baja. Según algunos cálculos, la pérdida anual derivada de este enfoque para la zona es de 41 millones de dólares.

 

 

 

El impacto en la región

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Desarrollo

• Los índices de crecimiento de la zona muestran que el inicio de las manifestaciones violentas coincide con un debilitamiento del desarrollo regional. Así, por ejemplo, la inversión extranjera en el área ha sido nula desde 2004.

• La Araucanía ocupa el último lugar a nivel país, según el Indice de Competitividad Regional 2008.

• Sólo un 4,8% ha crecido la Región entre 1985 y 2007, mientras que la cifra para el resto del país es de un promedio de 5,6% anual.


Pobreza

• A 20,1% alcanza la pobreza en la zona, según la encuesta Casen 2006.

• Las dos localidades más violentas, Malleco y Cautín, tienen índices de pobreza de 28% y 17,9%, respectivamente.

• Un 3,1% cayó la actividad económica en el trimestre abril-junio.

• La tasa de desocupación en la IX Región es de 14,1%; o sea, la más alta del país.


Educación

• En el Simce 2008, los alumnos de la Región no avanzaron con respecto a 2006, obteniendo resultados significativamente menores a los del resto del país en Lenguaje y Matemáticas.

 

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