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Vigilantes

Desde marzo un grupo de siete conocidos abogados de la plaza son parte de un nuevo centro de estudios que pretende medir con datos duros cómo fallan los jueces del país: analizar si hay activismo, sesgo e influencias. Su nombre es Observatorio Judicial y fue incubado dentro de Libertad y Desarrollo.

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Por: María José López
Fotos Álvaro de la Fuente

"Creemos que existe un sesgo preocupante en los tribunales de justicia. Nos interesa medirlo con cifras para ver si esta sensación es real”, señala Gerardo Varela, presidente del Observatorio Judicial, proyecto que fue incubado en Libertad y Desarrollo y que pretende exponer con estudios cuantitativos cómo fallan los jueces hoy en Chile.
La iniciativa, que está funcionando desde marzo pero que se lanzará oficialmente en noviembre, está en manos de siete conocidos abogados de la plaza. Sin embargo, su cerebro no proviene precisamente de ese mundo.

“Como muchas de las ideas que nacen en Libertad y Desarrollo, este proyecto originalmente es de Hernán Büchi”, cuenta Luis Larraín, presidente del centro de estudios. Fue en 2006 cuando el ex ministro de Hacienda le planteó la inquietud: sentía que el Poder Judicial estaba ampliando sus atribuciones indebidamente. Que dentro de las salas de la Corte se hacía política pública y que jueces estaban haciendo una interpretación personal de lo que es justo. “Eso no debe ser”, le señaló.

A Büchi le preocupaba que los magistrados, movidos por una especie de “activismo judicial”, prescindieran de lo que estrictamente apuntaba la ley, barriendo, a su parecer, con toda certeza jurídica. Larraín pensó que el economista tenía razón. Y se propusieron crear una entidad que pusiera ojo al problema y analizara profundamente las sentencias del Poder Judicial.

Masticaron la idea por años hasta que en 2015 el abogado Sebastián Soto, actual profesor de derecho constitucional de la UC, se integró a LyD. Entonces, Larraín le encargó darle forma a este plan. Después de varios meses de análisis decidieron que el observatorio debía ser independiente a LyD y encabezado por un abogado ajeno a la institución. Concluyeron que Gerardo Varela, socio de Cariola, era el idóneo para la tarea.

Varela conocía de cerca el trabajo que hacían algunos referentes en Estados Unidos (ver recuadro), pues los había visitado durante un viaje. El abogado aceptó y junto a Larraín, a fines de 2016, comenzaron a fichar a los abogados que hoy integran el consejo directivo: Alfredo Alcaíno, Fernando Barros, Cristina Gajardo, Roberto Guerrero y Ángela Vivanco, además de Soto y Varela.

Por su parte, Soto contactó a un viejo conocido, José Miguel Aldunate, con quien trabajó en la Segpres en la época que Cristián Larroulet era ministro, para ofrecerle la dirección ejecutiva. En marzo de este año, el Aldunate se instaló en LyD: Luis Larraín les da “techo”, mientras reúnen los fondos para emprender vuelo propio.

Bautizaron la iniciativa con el nombre de Observatorio Judicial y, simbólicamente, dibujaron dos ojos de lechuza como su imagen corporativa.

Aclaran que no se trata de una institución que persiga a jueces, ni tampoco pretende ser un centro de denuncia. “Nuestro afán es mostrar tendencias. Por ejemplo, cómo los jueces laborales interpretan las normas del trabajo; cuántos fallos de una sala de la Corte opta por una decisión determinada, entre otras materias”, indica Sebastián Soto.

Colegisladores

En todo caso, no es la primera iniciativa de este tipo que se discute. La última de ellas ocurrió en 2013, cuando la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, mientras era candidata a la presidencia de la República, propuso crear un observatorio judicial. Su propuesta cayó pésimo en el mundo de los magistrados: acusaron al plan de intervención y de falta de objetividad.

José Miguel Aldunate, director ejecutivo del organismo, aclara que son dos iniciativas completamente distintas. Principalmente porque la de Matthei dependía del Poder Ejecutivo, mientras que la de LyD es autónoma. “Los jueces esa vez se molestaron con toda razón porque el proyecto afectaba la independencia del Poder Judicial”, indica. Y agrega: “Eso no significa que sea una entidad independiente respecto de la sociedad civil. Tenemos un derecho de mirar lo que están haciendo los jueces y cómo están fallando, y criticar o valorarlo”.

En esa misma época, el abogado constitucionalista y ex coordinador de Políticas Públicas de LyD José Francisco García coescribió el libro Activismo judicial en Chile: ¿Hacia el gobierno de los jueces?, junto a Sergio Verdugo. Roberto Guerrero, quien prologó el texto, explica que al estudiar el borrador, se dio cuenta de que el tema de activismo judicial, que existía en Estados Unidos hacía rato, estaba creciendo en Chile.

“La idea es observar si los jueces están fundamentando sus fallos. No puede ser que fallen por el tincómetro, tiene que haber razonamiento y fundamento jurídicos, si no lo que existe es una justicia arbitraria”, dice Cristina Gajardo.

Por ello, cuando Luis Larraín y Gerardo Varela lo invitaron al observatorio, se sumó de inmediato. “Lo que pretendemos es revisar la judicatura de fallos relevantes: que la ciudadanía conozca el quehacer de los jueces, las sentencias y cómo se falla en temas de interés, si es que hay apego estricto a la ley o si hay una intención de los jueces a convertirse en colegisladores más que cumplir con su labor institucional”, afirma.

El socio del estudio Guerrero Olivos piensa que “urge” evitar la interpretación tendenciosa y que los jueces usen su función para promover cambios a una política pública. “Eso no corresponde. No puede haber una agenda personal de un juez más allá de lo que dice la ley”, explica.

Fernando Barros, socio de Barros y Errázuriz, piensa de la misma manera. Dice que hay muchos ejemplos de sentencias que “no parecen inspiradas por la ley positiva, sino que en el parecer ideológico y social del sentenciador, y ello es inaceptable en un Estado democrático donde la ley, su actualización y el rumbo y orden social los determina el Poder Legislativo, que es el elegido por el pueblo para hacer las leyes”.

La profecía Nostradamus

Para Gerardo Varela la cifra habla por sí sola: el Consejo de Defensa del Estado gana un 93,7% de los casos. “La estadística se sale de cualquier razonabilidad y objetividad. Hay algo de virtud profesional en los miembros del CDE, pero ni el mejor abogado de Chile puede ganar todo. Se da un sesgo pro fisco preocupante”, indica.

El socio de Cariola piensa que esta inclinación a favor del aparato estatal es antigua. Sin embargo, asegura que hay otros temas de la agenda pública que se van poniendo de moda, como los delitos tributarios. “En la Escuela de Derecho de la Chile nos enseñaron que evadir es un delito; eludir, un derecho, pues se utiliza la ley para pagar menos impuestos. Cuando los economistas metieron la cola en el análisis de los tributos, dejaron la crema: en la norma antielusión no se entiende nada. Es una profecía de Nostradamus. Entonces, tengo que confiar en el juez, y resulta que éste siempre falla a favor de un lado”, explica Varela, quien piensa que los jueces que revisan esas causas le asignan una credibilidad a la organización estatal que no guarda “ni correspondencia ni armonía con el conocimiento o grado de profesionalismo”. “No creo que en el SII se produzca una selección virtuosa ni que ahí estén en realidad los mejores abogados de Chile, ni los que más saben de tributario”, enfatiza.

Alfredo Alcaíno coincide en el asunto de la moda y, por lo mismo, piensa que hay que poner especial atención a los tribunales que zanjan asuntos contenciosos administrativos, como los tributarios, aduaneros y los ambientales. “Ahí está más cercana la posibilidad de ser permeable. El observatorio es un escrutinio desde  la sociedad civil a las actuaciones de los tribunales para confrontar las doctrinas, las influencias, los sentires de la sociedad. Es como el gabinete en las sombras de la experiencia consuetudinaria anglosajona. Ver si las sentencias se ajustan técnicamente a las leyes o hay influencias”, explica Alcaíno.

Fernando Barros complementa: “Los tribunales están sometidos a gran presión, ya sea por grupos de interés político, ambientales, redes sociales e incluso de parlamentarios dirigentes políticos”.

Para los miembros del Observatorio, la inclinación política de un juez es una alarma para la objetividad de los procesos. “Nosotros tenemos jueces con carrera funcionaria: no son elegidos, no tenemos jurado. Cuando los jueces son parte de una agenda política, sea propia o del gobierno de turno, los que quedamos desprotegidos somos los ciudadanos. Creemos que exigir que se cumpla la Constitución y las leyes no es mucho pedir”, enfatiza Varela.

En esa línea, miran con preocupación un reciente fallo. El 8 de junio pasado, la Corte Suprema se pronunció sobre un recurso de protección interpuesto contra la isapre Colmena. Más allá del caso, lo que les preocupó fue que el ministro Carlos Aránguiz y el abogado integrante Jean Pierre Matus dijeron que el Tribunal Constitucional era un “tribunal político (en el sentido estricto de la palabra), y sus fallos no pueden constituir fuente de jurisprudencia para el Tribunal Máximo de la República, como es la Corte Suprema”.

En 2015, las palabras de Carlos Cerda, entones Presidente de la Corte Suprema, alarmaron al mundo del Derecho Laboral. Dijo “yo estoy aquí para defender al trabajador en materia laboral, porque el derecho laboral es tutelar de la parte más débil”.

“El Constitucional es un tribunal de derecho y un magistrado no puede emitir un comentario de ese nivel en una sentencia”, exclama José Miguel Aldunate. Varela agrega: “La inmensa mayoría de los jueces no son políticos. Hacen bien su pega. Lo importante es tener la capacidad de distinguir y reconocer la capacidad unos de otros. Y no solamente sesgo político, hay jueces que fallan muy mal. Que no se detienen bien en la prueba, que no respetan el debido proceso”.

El tincómetro

Las palabras del juez Carlos Cerda alarmaron al mundo del derecho laboral. En 2015, durante el seminario de derechos fundamentales, el entonces presidente de la Corte Suprema dijo: “Yo estoy aquí para defender al trabajador en materia laboral, porque el derecho laboral es tutelar de la parte más débil”.

Éste es precisamente uno de los temas que preocupa a los miembros del Observatorio Judicial. “Se ve una inclinación preocupante. Tanto así, que muchas empresas que pillan robando a un trabajador, prefieren pagar una indemnización y no arriesgarse a llevar el caso a tribunales”, apunta Varela.

La abogada Cristina Gajardo, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Chile y presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección Nacional del Trabajo, comparte esa opinión. “Hay un sesgo brutal. Las palabras del magistrado (Carlos) Cerda son una prueba fehaciente de ellos. La justicia debe proteger al débil, pero no debe ser pro trabajador ni pro empresa”, indica la jurista.

José Miguel Aldunate junto a dos investigadores están desde marzo analizando esta supuesta tendencia. Por ello, están estudiando las causales de despido que se vieron durante el primer semestre en el primer y segundo Juzgado Laboral y en la Corte de Apelaciones. Ya identificaron cerca de mil sentencias: formularon una serie de preguntas que luego van ordenado y subiendo los datos en una tabla Excel para, finalmente, realizar un análisis estadístico. “Queremos saber cuántas veces se acogió por causa, cuántas veces no; a quién le dieron la razón, qué porcentaje perdió”, explica el director ejecutivo. Y agrega: “Estamos haciendo análisis cualitativo y cuantitativo a base de estadísticas. Eso es lo novedoso. No existe un estudio que diga ‘tanto porcentaje de las veces se falló en contra, tanto de esta otra manera’. Eso no se ha hecho. Tiene una mirada un poco más dura y eso es interesante”.

Su plan es publicar ese primer trabajo a fines de julio, para luego empezar su siguiente tarea: estudiar cómo votan el Tribunal Constitucional y la Segunda Sala de la Corte Suprema, lugar donde se defienden las causas municipales y del Estado y que es integrada por Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama.

Cristina Gajardo complementa: “La idea es observar si los jueces están fundamentando sus fallos. No puede ser que fallen por el tincómetro, tiene que haber razonamiento y fundamento jurídicos, si no lo que existe es una justicia arbitraria. Ese indicador es relevante. No sólo dar a conocer cómo fallan, sino que además exigirle al Poder Judicial que razone, fundamente y haga su pega”, concluye.

Independientes

El Observatorio Judicial tendrá su estreno oficial entre octubre y noviembre próximos. Entonces, quieren lanzarse en grande: traer un juez extranjero que dé una cátedra. Mientras eso avanza, Gerardo Varela se encarga del fund racing para independizarse lo antes posible de LyD y tener oficina propia, ojalá en marzo de 2018: se requieren cerca de 300 millones de pesos para tres años de trabajo. Ya se ha reunido con varios estudios de abogados y a otros les ha mandado un power point explicando la iniciativa. Eso sí, aclara, a pesar de ser año electoral no se han reunido con ninguno de los candidatos. “Somos un órgano independiente”, aclara.

Aun así, están conscientes de que pueden surgir críticas por ser todos de una misma corriente política y porque algunos de sus miembros defendieron a clientes ligados al caso de platas políticas el año pasado. Es el caso de Soto y Aldunate, quienes trabajaron con Larroulet en el gobierno de Piñera; Fernando Barros, quien también es cercano al ex presidente, además de ser el asesor legal de sus empresas; y Alcaíno, abogado de los ex socios de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Guerrero pone paños fríos al asunto. “Uno se junta con gente con la que tiene afinidad. Es natural. Pero éste no es un tema político. Es 100% jurídico”, aclara. Y Varela asegura: “El Observatorio tiene seis meses de vida y lo ideal es crecer y representar el sentir de todos los abogados de Chile. Pero cada uno de los que estamos aquí hemos sido activos practicantes. Y hemos tenido casos relevantes en Chile. Me preocuparía que se dijera ‘los abogados que están armando esto no los conoce nadie, no han estado en ningún caso relevante’. Aquí no hay defensas personales a clientes”.

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