Poder

Diálogos de observadores

El variopinto grupo de chilenos –nueve abogados, un futbolista y una baterista, un empresario y la líder de las asesoras del hogar– convocado por la presidenta Bachelet para supervisar y garantizar que el proceso constituyente sea auténticamente equitativo, no ha tenido un trabajo simple. Acusaciones de improvisación y de información entregada por goteo por el Ejecutivo, han marcado el ritmo de las ocho reuniones que ya se han realizado.

Por: Jorge Poblete
Ilustración: Ignacio Schiefelbein

constituyentes

Ni acalorados debates sobre la Constitución de 1980, ni comparaciones académicas de las cartas fundamentales de otros países. Lejos de eso estuvieron las primeras sesiones del Consejo de Observadores Ciudadanos, el variopinto grupo convocado por la presidenta Michelle Bachelet para “dar garantías de que habrá total equidad en la elaboración de la Nueva Constitución”. La labor del equipo de 17 actores sociales invitados en diciembre por La Moneda para vigilar los diálogos ciudadanos que, se proyecta, entregarán los contenidos para redactar la nueva ley fundamental del Estado, empezó más bien con preguntas filosóficas: qué somos, cuál es nuestro propósito y hacia dónde vamos.

Las actas del consejo ad honorem, que reúne a nueve abogados y académicos, empresarios y dirigentes sindicales, deportistas y músicos, tanto del oficialismo como la oposición, muestran la peculiar dinámica interna de trabajo de este grupo itinerante, que sesiona en distintos puntos de Santiago. El Centro Gabriela Mistral, el ex Congreso, la Casa Central de la Universidad de Chile y la Usach han recibido los lunes por la tarde a los consejeros, para realizar una labor a ratos pesada –por la importancia de los desafíos, la presión del Ejecutivo para que se complete cuanto antes el proceso y las dudas sobre cómo será finalmente la ejecución– y a ratos ligera también, por lo ocurrente de algunas de las intervenciones de sus integrantes. Así es como funciona la cocina de la última reforma de Bachelet.

Cuando todo comenzó, como muestra el acta del 28 de diciembre, no estaban convencidos ni del nombre del grupo. Pero además había otras objeciones: si se debía ocupar el nombre Nueva Constitución y si eran demasiadas las exigencias de algunas de las tareas encomendadas.

La posición de Patricio Zapata (DC), presidente del consejo, fue: “No podemos pedir a la presidenta que renuncie a hablar de Nueva Constitución”. También, calmó los ánimos sobre la exigencia y pidió no alarmarse. “No reemplazamos al resto de las instituciones que también deben fiscalizar el proceso: Contraloría, Congreso, tribunales, partidos políticos, etc.”, agregó.

El primero en retrucar a Zapata fue el consejero Patricio Fernández, director de The Clinic. “El consejo no trabaja para la presidenta, sino para el proceso constitucional. Ésta no es una instancia gubernamental. Vamos a tener que dar explicaciones si el decreto dice cosas que puedan atentar contra nuestra autonomía. Tenemos que revisar el decreto con atención”, subrayó.

“Somos comisión asesora presidencial, no de la presidenta”, respondió el abogado y director de TVN, Gastón Gómez, quien recalcó que no creía necesario “agregar palabras al nombre del consejo”. Tampoco se complicó con el nombre Nueva Constitución: “Sería mejor que no apareciera, pero no es un punto central a discutir”.

Para el abogado y experto de la Fundación Jaime Guzmán, Héctor Mery, el problema estaba en otra parte. “No soy partidario de la Nueva Constitución, pero entiendo la potestad de la presidenta para expresarlo así”, dijo conciliador, y luego agregó: “¿Cómo vamos a hacer un proceso útil de observación? Los procesos ciudadanos de participación son valiosos, pero no reemplazan a las instituciones formales”.

Luego fue el turno del empresario Roberto Fantuzzi, quien se sumó al debate preguntando “si el decreto puede ser modificado”, a lo que el abogado y doctor en Derecho, Francisco Soto, afirmó: “El problema de fondo es que no existe un diseño legal que norme la acción del consejo”, frase que, a su vez, derivó en una respuesta tajante de la presidenta de la Federación Nacional del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Ruth Olate: “Lo importante es abocar nuestros esfuerzos en escuchar a la ciudadanía y no tanta discusión de abogados sin destino”, dijo decidida, ganándose la simpatía de Fantuzzi, con quien –cuentan miembros del consejo– han hecho dupla en los encuentros.

Después intervino el abogado de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Tomás Jordán, quien dio “una explicación general del proceso constituyente (…) que la etapa local busca poner los temas a discutir sobre la mesa, para que luego en las etapas provinciales y regionales se logren los acuerdos”. Para hablar sobre el detalle de cómo lograr todo esto, todavía habría que esperar una semana.

 

Sin bola de cristal

“No tenemos una bola de cristal para saber quiénes postularán”, dijo el presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Rodrigo Egaña, sobre cuál será el perfil de los monitores que deberán llevar adelante los diálogos ciudadanos, reflejando el tono con el que transcurriría el debate. Esa reunión, realizada el 4 de enero, fue clave para evidenciar parte de los puntos críticos del proceso. La cita partió con 13 de los 17 consejeros –no llegaron la baterista de Los Jaivas, Juanita Parra; Benito Baranda, el futbolista Juan Beauseajour y la periodista Cecilia Rovaretti–, tuvo como invitado principal a Egaña y, como tema central, el perfil que tendrán los 216 monitores pagados para conducir, en la práctica, los diálogos en las unidades locales (comunas), en una etapa posterior en las provincias y, finalmente, a nivel regional, antes de entregar un informe final a la presidenta, que enviará el proyecto al Congreso. A estos 216 se sumará otro grupo de monitores voluntarios, cuyas características también fueron motivo de discusión, de manera de prevenir sesgos en los debates.

“¿Qué expectativa de postulación tiene este proceso? ¿Cuál es la calificación que se espera de las personas que postulen? De acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de gente va a llegar?”, preguntó el abogado y ex embajador en Estados Unidos durante la administración pasada, Arturo Fermandois, tras escuchar a Rodrigo Egaña, que acababa de plantear que “no se pueden exigir requisitos legales para la contratación de los facilitadores, sólo deseabilidades, ya que se eligen funciones y no cargos”.

Lucas Sierra, abogado y subdirector del Centro de Estudios Públicos, intervino entonces: “¿Qué es requisito y qué es deseabilidad? ¿Cuál es el criterio?”. Sobre el comité de selección, añadió, “¿por qué hay miembros de Segpres? Quizás sin Segpres habría mayor neutralidad. Lo mismo en el comité de designación”.

“¿Deben tener título profesional (los monitores)?”, preguntó el abogado y ex fiscal nacional económico, Francisco Fernández. “¿Es compatible con la militancia de un partido político?”, añadió el abogado Héctor Mery. “¿Quiénes serán los jefes de los facilitadores (monitores)?”, dijo, por su parte, el abogado y director de Horizontal, Hernán Larraín.

Ruth Olate no se quedó atrás e interrogó: “¿Qué ocurre con el mundo indígena y las mujeres? ¿Habrá cuotas?”.

Luego apareció en la discusión el tema de los plazos por cumplir. La jefa de la división de estudios de la Secretaría General de la Presidencia, Pamela Figueroa, planteó que “la propuesta de la Segpres es que los procesos (de selección) sean antes que las primarias legales de las municipales, antes de junio”. Para esto, Egaña había advertido minutos antes que la primera publicación (convocatoria) debía realizarse “el 17 de enero”. Este plazo, ya no se cumplió.

Figueroa añadió que “habrá hasta 216 monitores, a los que se les pagará tres millones (en total) por la tarea”. El presupuesto total para el proceso supera los 2.700 millones de pesos, entre la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio del Interior y la Segpres.

 

Improvisación

El apuro del Gobierno para zanjar los perfiles de los monitores no tuvo eco entre los consejeros. “Los requisitos son más bien discrecionales”, acotó Lucas Sierra en la misma reunión, a lo que el abogado Gastón Gómez resaltó: “Se podría proponer como inhabilidad pertenecer al Gobierno o a la administración”… “e inhabilidad de quienes vayan como candidatos a alcaldes o concejales”, añadió Sierra.

“No podemos discriminar por pertenecer a un partido político. Para los facilitadores voluntarios podríamos exigir que no hayan sido dirigentes de partidos en los dos últimos años”, retrucó Gómez, frente a lo cual Patricio Zapata, presidente de la instancia, pidió más tiempo. “No podemos tener una decisión ahora respecto al perfil de los facilitadores, cuáles serán los requisitos mínimos, los deseables, las inhabilidades…”.

Luego siguieron las críticas al Gobierno. “Nos pasan cosas a cuenta gotas. Tenemos que aclarar sobre qué nos vamos a pronunciar y sobre qué cosas simplemente no podemos. Por ejemplo, con los facilitadores voluntarios no tenemos ninguna posibilidad”, sostuvo el abogado Gastón Gómez.

Entonces el abogado y doctor en Sociología, Salvador Millaleo, inquirió: “¿Cuál es el concepto de garantía que se nos pide? Nuestra autoridad es moral, no jurídica. Tenemos que recibir y entregar información y eso no lo hemos solucionado aún”.

“No podemos dar la imagen a los partidos de que esto está desorganizado. (…) Nos vamos dando cuenta en qué consiste esto en el andar”, lanzó Patricio Fernández. “Somos producto de una negociación política que no conocemos. Estamos siendo decorativos, siento que no vamos a poder cumplir con lo que nos piden. Yo le diría al Gobierno que nos dé las herramientas para trabajar juntos”, añadió el ingeniero José Miguel García, representante de Araucaníaprende.

“Hay problemas de organización de este Gobierno en el proceso”, resumió Hernán Larraín, encontrando un inesperado eco en el presidente del consejo. “Concedo que ha habido improvisación de parte del Gobierno; hay una cosa que se hizo bien y es que el grupo humano de este Consejo es sano. Nosotros podemos marcar una diferencia”, enfatizó Zapata, optimista sobre un trabajo que está lejos de terminar.

 

La hoja de ruta del gobierno

Frente a la poca claridad de las potestades del consejo, el 8 de enero, la subsecretaria de la Segpres, Patricia Silva, envió a Patricio Zapata la Guía Metodológica del proceso participativo territorial, un documento en el cual el Gobierno aclara varios de los puntos que los consejeros consideraban que no tenían respuesta clara del Ejecutivo. Una hoja de ruta sobre la que ya han tomado algunas decisiones, tras las sesiones del lunes 11 y 18, en que escucharon las posiciones sobre el proceso de diferentes partidos políticos.

Respecto del perfil de los monitores pagados, el documento propuso que se trate de profesionales “preferentemente del área social, humanidades y las comunicaciones, con experiencia comprobada en la conducción de procesos de participación ciudadana” y con “experiencia demostrable en los últimos cinco años”. Sobre los monitores voluntarios, el perfil añadió que “no deben ser dirigentes de partidos políticos ni movimientos políticos, en los últimos dos años”.

El 18, reunidos en la Usach, los observadores acordaron que los monitores, tanto pagados como voluntarios, podrán pertenecer a partidos políticos, pero no ser candidatos para las municipales. Esto dio el vamos para que el Gobierno lance, ahora sí, su convocatoria inicial. Si los observadores decidirán en el proceso de selección, en que sí estará la Segpres, sigue siendo una pregunta no resuelta. Tampoco está resuelto el calendario total del proceso. En otras palabras, siguen juntando ingredientes. El momento de meter todo a la olla, todavía no llega.•••

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¿Emprendimiento o subsidiaridad?

En 32 páginas, el documento con el plan del Gobierno plantea que en el proceso de elección de la nueva Constitución “podrán participar todas las personas desde los 14 años”. Se tratará de un proceso de cuatro fases, en que se discutirá sobre valores, derechos y deberes, e instituciones que debe contemplar la Constitución.

Para participar en la primera fase, habrá dos caminos. Llenar un cuestionario online o bien participar en un grupo conducido por un monitor (también se podrá participar en los dos procesos a la vez), donde les preguntarán, en primer lugar, sobre cuáles de 19 valores consideran más importantes: amistad cívica, bien común, dignidad, emprendimiento, familias, igualdad, subsidiaridad, tolerancia, transparencia y otros más. En el formulario que deberán llenar los monitores también está la alternativa de ningún valor y otros.

Luego se preguntará por cuáles son los derechos más importantes, entre un listado de 26, que incluyen el derecho de propiedad, el de petición, el derecho a huelga, a realizar cualquier actividad económica, y el “combo” “igualdad ante la ley y no discriminación”.

Con los deberes ocurre algo parecido. Son 21, entre los que se cuenta “deber de cumplir sus obligaciones fiscales, impuestos y contribuciones”, “deber de cuidar y proteger al medioambiente” y “conservación del patrimonio histórico y medioambiental”.

En la arista de instituciones que deberá contemplar la Carta Magna se nombran 17, entre ellas “Banco Central”, “Defensor del Pueblo” y “Ciudadanía”, sin precisar mayormente en qué consistirá el último.

Los resultados de estos diálogos serán sistematizados a través de un software –que no se ha especificado– y las conclusiones principales darán origen a una nuevo diálogo ciudadano, esta vez a nivel provincial. Esa segunda fase dará paso a una tercera, en que tras una nueva sistematización de antecedentes, se harán diálogos a nivel regional, para llegar a una última sistematización, que se entregará a la presidenta Bachelet. La forma de selección de los temas recogidos (si se aplicará una mayoría simple u otro sistema para incluir o excluir contenidos) es uno de los puntos que aún no se resuelve en el consejo y que, prevén sus integrantes, dará tanto o más que hablar a sus integrantes que el perfil del monitor.

Revise acá la Guía Metodológica elaborada por el gobierno para la Nueva Constitución

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