Los avances son visibles por todas partes: la posibilidad de crear empresas en un día y el consiguiente salto en la actividad emprendedora; la nueva ley de I+D que incentiva fuertemente la inversión privada; la reciente instalación en nuestro país de centros de I+D de clase mundial, tales como Fraunhofer, acostumbrados a usar la I+D para resolver los desafíos reales de las empresas; la creación de la ASECH por emprendedores comprometidos a eliminar los obstáculos artificiales que entorpecen su actividad; el rápido desarrollo de redes como Mentores por Chile, en las cuales personas de destacada trayectoria en el mundo de los negocios unen fuerzas para apoyar a los emprendedores; la nueva ley de quiebras que facilita el re-emprendimiento, un concepto desconocido en nuestro país hace pocos años; celebraciones masivas como el Festival Internacional de Innovación Social (FIIS) que acaba de realizarse en Santiago; la extraordinaria calidad de los galardonados con los Premios Avonni, a partir de este año Premios Nacionales Avonni a la Innovación; y tantos otros.

Sin embargo, sería prematuro descorchar la champaña, ya que los avances logrados no sólo distan mucho de ser suficientes, sino que empiezan a incomodar a los defensores del status quo, que ven amenazados sus intereses. La ley que permitió crear empresas en un día, por ejemplo, galardonada con el Premio Avonni a la Innovación Pública 2013, se enfrentó a la decidida oposición de los notarios, que vieron esfumarse buena parte de las ganancias provenientes de su antiguo monopolio legal sobre la creación de empresas.

Diversos mercados han sido “capturados” por los jugadores dominantes, bloqueando el ingreso de rivales más innovadores y permitiéndoles generar rentas monopólicas, muchas veces con la venia del regulador –para gran frustración de sus clientes, proveedores y potenciales competidores– y de la Fiscalía Nacional Económica, que nunca ha sido dotada de los recursos requeridos para combatirlos con fuerza.

Este tipo de situaciones de privilegio, que permiten a ciertas empresas ganar mucho dinero sin necesidad de competir (y, por lo tanto, de innovar) está desacreditando injustamente el modelo económico de “libre competencia”, el único en el cual innovadores y emprendedores tienen una real oportunidad de llevar a cabo su labor de “destrucción creativa”.

¿Qué mejor ejemplo que la campaña de acoso legal por parte del regulador contra Cumplo, una innovadora plataforma online que facilita las transacciones financieras directas entre privados, ganadora del Premio Avonni 2012 en Servicios?
Muchos de sus clientes han refinanciado a través suyo, a tasas muy inferiores, créditos cuyo costo anual efectivo (CAE) era superior al 50% anual y, en más de algún caso, al 100% e incluso el 200% anual.

En un país con una clase media agobiada por deudas, cuyo costo real supera frecuentemente la tasa de interés máxima convencional del 57% anual, impedir el ingreso a este mercado “protegido” a emprendimientos innovadores que se atreven a usar un modelo de negocios distinto al tradicional, niega a Chile la oportunidad de modernizar su sector financiero.
El impacto de estas barreras a la innovación se ve reflejado en el estancamiento de la principal métrica de la capacidad innovadora de nuestra economía: la productividad total de factores (PTF), es decir, la inteligencia con la que usamos nuestros recursos. Tras crecer rápidamente entre 1986 y 1997, período en que las mejoras de productividad contribuyeron más de 2 puntos anuales al crecimiento económico, su aporte se redujo a menos de la mitad entre el 2000 y el 2008, para luego volver a reducirse al 0,5% anual en promedio entre el 2000 y el primer trimestre del 2013, de acuerdo a datos recientes de la UAI.

Dar el salto al desarrollo requiere dar –y ganar– una batalla nacional contra los poderosos grupos de interés que defienden el status quo y se oponen a las fuerzas de la innovación, ubicados a ambos lados del espectro político y en los más diversos ámbitos del quehacer nacional. •••

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