Por Sergio Melnick

Economista

Instalación
La instalación fue bastante desprolija y lamentablemente marcó la señal de un mal comienzo: cuatro subsecretarios nunca llegaron a asumir, cuatro gobernadores fueron destituidos, un intendente cuestionado igual que un alto funcionario del tema ambiental, muchos despidos de funcionarios designados por el sistema de Alta Dirección. Esto es curioso para una gobernante que se suponía tenía experiencia previa. La diferencia es que hay un nuevo conglomerado político, cuyas pugnas han sido la principal causa de los problemas. No fue la oposición que indujo a estos fracasos, ya que ésta vive su propio drama y no tiene, por ahora, la capacidad de hacer ninguna contraparte. A todo evento, el tono del nuevo Gobierno fue bastante agresivo, muy descalificador del Ejecutivo saliente, y declarado así por un alto dirigente del conglomerado, anunciando simbólicamente la idea de una retroexcavadora. Así ha sido de hecho, con muchas iniciativas en el Congreso que han sido retiradas.

Bono permanente
La primerísima medida adoptada por el Gobierno, fue declarar como un “derecho social” un bono de regalo. Un ideologismo populista y un error garrafal en políticas públicas, que le costará varios cientos de millones de dólares anuales al presupuesto fiscal. Como es ahora un derecho, cada año empezará la discusión del reajuste de dicho bono. Tampoco solucionará el problema de marzo, ya que es fácil predecir que dicho bono será gastado en forma anticipada por los actores económicos.  En suma, se hipoteca permanentemente el presupuesto y no resuelve el problema. Luego, el Gobierno prioriza el Ministerio de la Mujer como si eso resolviera algún problema, y da marcha atrás sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nuevamente muestra un tono populista y de corto plazo, por cierto aumentando la burocracia y el gasto fiscal que no llega finalmente a las personas que lo requieren. Es claro que ese bono populista tiene un costo alternativo enorme, sea en nuestras postas de urgencia, el SENAME, mujeres abusadas, niños minusválidos, hospitales, ciencia y tecnología, tercera edad, ley Ricarte Soto de remedios, y otros.

Venezuela en jaque
El paso siguiente del Gobierno fue dar apoyo amplio al gobierno venezolano que está siendo condenado por el mundo entero. Allí se desvanecen las libertades día a día, se apaga la democracia sin contrapeso. El apoyo vuelve a desnudar un ideologismo muy miope desde la izquierda, que parece no haber aprendido la terrible lección chilena de los 70. Hay una seria pugna interna en la Nueva Mayoría, donde la DC y otros sectores moderados condenan severamente lo que ocurre en Venezuela, mientras el MAS, el PC, la IC apoyan de manera lamentable los abusos en ese país. Las diferencias sólo se agravarán en relación a lo que pase en Venezuela, que tiene muy mal pronóstico.

La reforma tributaria
A poco andar se envía una reforma tributaria pobremente elaborada, que desata las críticas de todos los sectores, incluyendo muchos de la propia coalición gobernante. Insólitamente, el ministro de Hacienda sostiene que se pueden trasladar US$ 8.200 millones al año del sector privado al fisco, y que nada ocurrirá en la economía en materia de empleo y crecimiento. Peor aún, es una reforma para financiar fundamentalmente un gasto en educación pero que aún no ha sido estimado, lo que desde el punto de vista de políticas públicas es una pésima práctica, que recuerda estropicios como el Transantiago, con una carga permanente al presupuesto, mala calidad de servicio, que subsidia la oferta y, por ende, igualmente a ricos y pobres. De ese incremento tributario esperado, ya se han gastado una parte no menor que son los bonos de regalo para comprar votos. La derecha hizo algo parecido, aunque no lo definió como permanente, lo que muestra un deterioro de nuestra clase política.

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Desde el punto de vista puramente político y estratégico, la propuesta tributaria abarca muchos frentes que son irrelevantes en la recaudación, que es lo que más les interesa. Por ejemplo, impuestos a los autos diésel de mayor cilindrada, a los alcoholes, al azúcar y otros, que sólo generan adversarios a la reforma que no se requieren en este momento. También grava  los créditos y sube la tasa de interés, lo que es realmente absurdo. En términos prácticos, por un lado, no toca el IVA que es francamente regresivo, y cuesta entender el sentido social del Gobierno. Por otro, en los hechos aumenta el tributo de las empresas del 20% al 35%, lo que es brutal y aniquilante para las medianas, que son el mayor vigor de la economía. Éstos son sólo algunos de los puntos en disputa, y a pesar de ello, el Gobierno pide tramitación muy rápida.

Finalmente, el mismo proyecto propone atribuciones absolutamente inéditas a las autoridades del SII, desprotegiendo al fiscalizado frente a un fiscalizador muy discrecional. Lo que no logran entender es que las leyes son para el futuro, más allá de la actual administración, a la que suponemos las mejores intenciones. Es decir, si mañana tenemos un gobernante desequilibrado como Chávez (como tuvimos varios candidatos) veremos cómo dichas atribuciones serán obviamente mal usadas, y sin contrapeso. Así ha pasado en toda la historia con ese tipo de leyes. Por ello, mientras menos capacidad discrecional tengan las autoridades públicas y más fuerte sea el Estado de derecho, más sólida será la sociedad.

En otro carril, todos los agentes más serios en el tema económico coinciden en que esta reforma sí afecta el crecimiento, que no logrará recaudar ni de cerca  lo que sugiere, y que tiene un alto tono voluntarista. No obstante, obviamente gastarán en función de esa proyección, lo que anticipa serios problemas presupuestarios a futuro. En suma, el ministro de Hacienda ha dejado un poco de lado su responsabilidad técnica y se ha ideologizado en exceso, perdiendo de vista el fundamento económico de su función. Incluso se le acusa de ocultar información en el Congreso para fundamentar su opinión ideológica. Eso tiene mal pronóstico.

La reforma tributaria debe ser “arreglada” en el Congreso y espero que eso ocurra, que reine la cordura. Igual será aprobada, pero el Gobierno quedará un poco debilitado por el desgaste de tanto error y por las pugnas que va a generar en la Nueva Mayoría.

¿Habrá nueva Constitución?
En este escenario se ha chuteado el tema constitucional para más adelante, pero el propio ministro de Justicia propone una vía de dudosa institucionalidad. Igual presionan los partidos más extremos, lo que aumenta la tensión del conglomerado. La DC estima que sólo se necesitan algunas reformas a la Constitución y dentro del Congreso; otros quieren una asamblea constituyente y un cambio total. La iniciativa está por ahora en barbecho, y sólo podrá tomar protagonismo luego de las reformas tributaria y educacional. Podría eventualmente no llegar nunca a puerto, si se complican las cosas. Por de pronto, se le retira al ministro de Justicia el manejo del proyecto, el que pasa a la ministra Secretaria de la Presidencia, abriendo otro frente de conflicto entre los partidos, donde hay una abierta disputa entre la DC y el PC, y a este último se suma el PR.

¿Y la educación qué?
El ministro Eyzaguirre ha cometido varios errores. El primero es literalmente ningunear a las universidades privadas, y decir que la cultura descansa sólo en las públicas. Entre las privadas chilenas más destacadas están la Universidad Católica, la Santa María, la Austral, de Concepción, UAI, Los Andes, Mayor, UDD, UDP, UAB, y otras que hacen una contribución más que significativa a la educación superior del país. ¿Acaso los estudiantes y académicos de esas universidades son de segunda categoría? Para el ministro, aparentemente sí. Grave error.

Eso ha significado el inicio de un conflicto con la Iglesia, adversario no menor, y dueña de la principal universidad del país, que es privada, y de muchísimos colegios. El segundo error es exponerse al ninguneo de los estudiantes que lo descalifican tras una reunión que ellos fijan a su antojo, y dicen públicamente que no hay proyecto claro, lo que es efectivo. En un plan de esa naturaleza, se ha cometido el error conceptual de poner al mismo nivel los fines y los medios. Es decir, calidad, gratuidad, y carácter público no son variables de la misma relevancia o jerarquía. Primero es la calidad, luego los instrumentos y las formas. Pero hasta la fecha, el Gobierno no ha dicho ni una sola palabra de qué se entiende por calidad de educación en el siglo XXI, y el énfasis es sólo en los medios (gratuidad y pública). Es decir, la carreta delante del buey y así no avanzará nada. Algo similar ocurre al subir los impuestos sin tener clara la magnitud del gasto. Son malas prácticas en políticas públicas, que anuncian quizás más transantiagos. Si la discusión de los impuestos ha sido más compleja de lo esperado, el tema de la educación anuncia tempestades, principalmente por el alto grado de improvisación que está quedando en evidencia. Los estudiantes polarizados seguirán marchando y presionando a un Gobierno que aún no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer.

Otros temas de la agenda
Súmenle a todo lo anterior una economía con menor vigor, y que ha dado señales algo preocupantes de inflación, que sugieren bajar el gasto, o quizás subir las tasas de interés, lo que ralentiza un poco más la economía. En ese escenario, el ministro de Energía ha descartado de plano, en forma también ideológica, la central HidroAysén, pero no ha propuesto nada aún. Los proyectos se siguen judicializando y la energía continúa restando productividad a las empresas, y ahogando a la población por el alto precio. Cualquier movimiento en energía es probable que genere más pasiones políticas, que se suman al tema tributario, constitucional, y educación. En ese contexto, es poco probable que se pueda abrir un frente con las Isapres, o las AFP. Tampoco se ve posible abrir una iniciativa muy decidida en delincuencia. En obras públicas aún no se conocen los principales proyectos, salvo el puente de Chacao, herencia del Gobierno anterior. Hay grandes temas como el agua, de alta sensibilidad política, que es un frente que se va a tener que abrir en algún momento. En los torbellinos propios de todos estos debates, habrá presión por el matrimonio igualitario, por el aborto terapéutico, el cuidado de menores, las iniciativas sobre el deporte, los movimientos sociales, el tema mapuche, el impacto de lo que está pasando en Venezuela, los problemas ambientales, la presión por descentralización, el ahogo de Santiago y otras ciudades y tantos otros. Será difícil abordarlos.

Epílogo
A 30 días del nuevo Gobierno aún están vigentes las esperanzas de progreso. Pero la partida ha sido errática, los proyectos mal pensados, y las pugnas internas de la Nueva Mayoría elocuentes. El terreno se irá haciendo más difícil y no más fácil, lo que requiere un liderazgo fuerte que no se aprecia aún en el Gobierno.

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