Opinión

La república en peligro

Todo el poder en manos sociales es caos. Todo el poder en manos del Estado, totalitarismo.

-

Instituto de Humanidades, UDP

La república siempre está en peligro, pues supone que el poder lo ejerce el pueblo mediante una diversidad de instituciones que operan en un equilibrio frágil. El republicanismo, sin embargo, representa un avance colosal en la historia de la humanidad, desde el sometimiento hacia mayores espacios de libertad e igualdad, de participación, deliberación y crítica.

La salud republicana depende de una actitud republicana en el pueblo y sus gobernantes, que cultiven y aprecien persistentemente la división del poder y los espacios para la deliberación libre. La repartición del poder más básica es la que existe entre el Estado y la sociedad. Todo el poder en manos sociales es caos. Todo el poder en manos del Estado, totalitarismo. Sólo como un equilibrio entre ambos existe la república.

La división del poder también es necesaria y fundamental para las instituciones donde el pensamiento, la investigación y la crítica pueden realizarse de la manera más plena y rigurosa, a saber, las universidades. Una nación próspera y con consciencia republicana requiere de universidades donde la luz del pensamiento se extienda e interne de manera espontánea en todos los campos de la existencia.

Las universidades deben estar protegidas respecto del poder político, por medio de un estatuto que resguarde su autonomía. Además, el control del sistema universitario ha de estar dividido entre diversos controladores. En cambio, sea que la universidad se halle sometida directamente al poder político, sea que el sistema universitario quede sujeto a un controlador principal, el principio republicano de la división del poder es afectado y, con él, la libertad de los académicos para investigar, reflexionar y criticar se ve limitada o coartada.

La reforma a la educación superior presentada por el gobierno pone en riesgo, precisamente, la división del poder social que es requerida por el equilibrio en el cual existe la república.

La ausencia de todo control del Estado en el sistema universitario, o de controles muy atenuados, puede producir efectos perniciosos, varios de los cuales hemos apreciado en nuestra educación superior: retiro de excedentes, programas de escasa calidad, segregación social. Sin embargo, es entre el caos y la concentración del poder que existe la república. La concentración del poder universitario en manos del Estado puede producir efectos funestos, especialmente cuando, como ocurre en Chile, el Estado es altamente politizado y centralista. Dejar un sistema de educación superior bajo la intervención de ese Estado supone dejarlo bajo el control de la política partidista, del partido de turno en el Ministerio de Educación.

El proyecto presentado por el gobierno viene (y más allá de que tampoco soluciona el acuciante problema de los recursos), precisamente, a aumentar severamente el control estatal sobre las universidades. El Presidente de la República, o sea, una autoridad político-partidista, aumenta de manera dramática su participación en el nombramiento de los miembros de los organismos superiores de las universidades del Estado (sus consejos directivos). Designará cuatro de nueve integrantes (hoy es variable, pero, por ejemplo, en la Universidad de Chile nombra sólo dos miembros del consejo universitario, que se integran a los decanos, el rector y el prorrector; en la Universidad de Valparaíso, nombra dos de seis miembros de la junta directiva).

Además, el Ministerio de Educación y sus funcionarios partisanos concentrarán crecientemente y hasta la totalidad, el poder de financiamiento de la docencia de las universidades que entren en la gratuidad. Los fondos de investigación quedan, asimismo, por la vía de la fijación de aranceles, completamente en manos del Estado.

Todas las reformas apuntan en la misma dirección: a debilitar la división del poder universitario y a fortalecer su concentración en manos de autoridades partidistas del Ejecutivo central. La participación de la sociedad civil en el sistema pierde relevancia en favor de la educación superior estatal, por la vía de una restricción del aporte basal a las universidades privadas (incluidas las tradicionales y las nuevas de mejor calidad y que no lucran). Pero, además, aumenta la participación de los funcionarios ministeriales y del Presidente de la República en designaciones y decisiones fundamentales de financiamiento.

Este drástico aumento de poder en manos del gobierno de turno es altamente negativo para las universidades, también para las estatales. La existencia de una universidad libre, que pueda ser efectivamente consciencia crítica de la sociedad y creadora y difusora del conocimiento, la presencia de la universidad como baluarte de un pensamiento espontáneo y sin cerrojos, dependen de la división republicana del poder y se debilitan o sucumben cuando su financiamiento y su control directivo se concentran en una mano partisana, usualmente menos ilustrada que científicos y humanistas.

Deviene necesario, entonces, reparar en la deficiencia republicana del proyecto; remarcarle a la presidenta de la República, la ministra de Educación y los parlamentarios algo parecido a lo que el ilustrado Fichte les señaló a los menos ilustrados príncipes europeos: “No deben entorpecer ustedes la investigación libre; están facultados para apoyarla; y casi no pueden apoyarla de otro modo que mediante el interés que ustedes acreditan por ella, mediante la obediencia con la cual atienden a sus resultados”. •••

Comparte este artículo:
  • Cargando