Opinión

Contra las Cascadas

Reconocidas son las capacidades del salmón para nadar contra la corriente y remontarse río arriba, a veces en calmos pozones, a veces en fuertes caídas de agua. Similares habilidades demostró recientemente uno de los fallos relativos al –paradojalmente llamado– caso Cascadas.

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Abogado constitucionalista

La sentencia dictada por el 29º Juzgado Civil de Santiago hace un trabajo exhaustivo para detallar los antecedentes del caso, en 120 páginas, 80 considerandos, sin atajos ni los reduccionismos que, a veces, nos tiene acostumbrados la opinión pública. Se trata de un caso complejo cuya explicación no cabe en un eslogan, en una cuña periodística, ni menos en 140 caracteres. Más relevante que lo anterior es que, sin estridencias ni academicismos, distingue perfectamente las diferentes calidades y responsabilidades de los involucrados, separa a gestores e intermediarios, algo que nos cuesta mucho en el mundo de la inmediatez, donde el canto de moda es “que se vayan todos”.

Es acá donde el fallo muestra su primera característica, que consiste en algo muy básico, y quizás por eso olvidado: la justicia implica dar a cada uno lo suyo; y no a todos lo mismo. Ello puede implicar que muchas veces que “lo suyo de cada uno” consiste precisamente en la absolución de los cargos formulados. Y claro, esto puede ser la causal de indignación popular, particularmente cuando –mediáticamente– todos los involucrados, por muy tangencial que sea su conexión con el caso, “son culpables”. Más aún cuando nos acostumbramos cada vez más a sentenciar mucho antes que todos los antecedentes lleguen a manos de un juez, donde quizás la palabra pre-juicio nunca había tenido tanto sentido. Olvidamos entonces que en eso consiste la justicia: en la capacidad de analizar –más allá de las apariencias condenadoras o absolutorias– los antecedentes y pruebas a la luz de un caso concreto y específico.

Pero quizás el considerando de la sentencia que grafica más claramente uno de sus aspectos llamativos, se refiere a la única igualdad que aplica el juez: la de la Ley. Esto conlleva  que derechos y garantías legales se reconocen efectivamente a todos, sin importar su posición relativa. Como señala el fallo, toda la regulación bursátil y la práctica común y habitual en Chile y en todo el mundo, permite operaciones de compra y venta que implican ganancias y pérdidas de elevadísimos montos, en cortos períodos de tiempo. Esto puede resultar incomprensible o incluso atentatorio contra el esfuerzo que debe realizar la mayoría de las personas para procurarse ingresos. Sin embargo, agrega el fallo “no se puede perder de vista la existencia y aplicación de un Estado de Derecho, que fija el marco regulatorio de toda actividad y a él hay que se ceñirse”.

Esta declaración importa que, también algunas veces, las normas de debido proceso, proporcionalidad de la pena, presunción de inocencia y otras garantías, también le son aplicables a los “ricos” y que en definitiva, la justicia no es un medio de venganza social, económica o política, sino de restablecimiento del imperio del derecho –en oposición al de la  arbitrariedad– sea quien sea. No quiero usar la palabra “valentía” para referirme a quien no ha hecho otra cosa que aplicar la ley, pero no son usuales las sentencias en contra de un órgano tan poderoso  y omnipresente en nuestros tribunales, como lo es el Consejo de Defensa del Estado, al que rara vez se le contradice su postura. Es, ciertamente, el CDE la corriente más difícil de remontar para cualquier particular o juez que haya estado envuelto en un litigio en el cual el brazo judicial del Estado sea parte. Por eso, quizás, necesitemos cultivar más salmones como éste.

Uno podría en definitiva, disentir con el fondo del fallo, pero resulta innegable el trabajo intelectual, detallado y minucioso del juez, para llegar a concluir –razonada y muy fundadamente– un resultado nada popular, ni para la galería, sin asomo de vindictas públicas, ni gustitos de justicia social aplicada. Probablemente, nuestros jueces no estén acostumbrados a recibir loas, pero cuando alguien hace bien su trabajo, al tenor de la legalidad y la institucionalidad, no nos hace sino volver a confiar en que, por errada o acertada que esté la sentencia, alguien está colaborando en pos de la Justicia y el Estado de derecho, únicas instituciones que nos hacen finalmente “libres e iguales” como comienza la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, y nuestra propia Constitución.  •••

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