Opinión

De la legalidad a la laxitud presupuestaria

¿Tiene algún sentido discutir una ley de presupuestos si al final del día se puede gastar la plata en cualquier cosa?

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Abogado constitucionalista

Llega septiembre y junto con él, una discusión presupuestaria más. Enhorabuena porque, en principio, nuestro marco constitucional establece una serie de disposiciones que, en términos generales, otorgan un escenario de seriedad y responsabilidad a la hora de tener que estimar nuestros ingresos y determinar nuestros gastos. Sin embargo, han sido más bien las prácticas legislativa y administrativa las que han ido deteriorando este marco.

En efecto, la Constitución entrega varias reglas que están incluso por sobre el estándar internacional a la hora de discutir el presupuesto. Entre ellas, destaca el tiempo necesario para debatirlo (aunque igual terminemos aprobando todo a última hora); la garantía de que el Congreso no puede aumentar ni disminuir la estimación de ingresos, pudiendo sólo reducir los gastos, lo que evita populismo presupuestario y pone la responsabilidad en quien tiene la administración financiera: el Ejecutivo. No hay que apresurarse en catalogar esto de presidencialismo reforzado: simplemente quien debe velar por gastar el dinero, tiene también la obligación de saber de dónde va a financiarlo.

Por lo demás, esto siempre debe tener una aprobación democrática, y todo gasto debe contar con el visto bueno del Parlamento, no pudiendo éste aprobar ningún desembolso nuevo con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho ítem, al tenor de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución.

Sin embargo, ciertas prácticas han ido mermando este conjunto de reglas sanas. La ley de presupuesto se divide en partidas, generalmente, una por cada ministerio. Pero con la creación desde hace años de la “Partida 50” o del Tesoro Público, ésta se ha convertido en una suerte de cajón de sastre para todo tipo de necesidades. Antes, las personas teníamos la seguridad de que las platas destinadas a Salud no iban a ser gastadas en algún ítem del Ministerio de Bienes Nacionales, pero hoy la ley ya no es capaz de garantizar lo anterior: casi cualquier partida es susceptible de reasignación presupuestaria.

A lo anterior se suma un cuestionable fallo del Tribunal Constitucional del año 2007, el cual no fue lo suficientemente protector del principio de legalidad del gasto. La sola inclusión de recursos del Estado y de glosas en dicha ley no es el medio constitucionalmente idóneo para otorgar nuevas funciones a los órganos públicos. Ello ha reblandecido el papel de la ley de presupuesto como respetuosa de la voluntad democrática expresada en una norma jurídica. Nadie desea que la discusión de la ley de presupuesto se transforme en un gran circo, lleno de cachetadas falsas de payaso. Tampoco que todo lo discutido y analizado durante esos 60 días, con ganadores y perdedores, al final de cuentas tenga valor casi cero, si se permiten reasignar de un lugar a otro –de manera indiscriminada– las platas públicas. Es así como hemos pasado de la flexibilidad presupuestaria a la laxitud presupuestaria.

Quizás aquello se deba a un desencanto progresivo de la legalidad, o peor, de su rol protector contra la discrecionalidad. Solemos menospreciar su papel como garantía de las personas pero, por otro lado, nos indigna el mal uso de los recursos públicos. He aquí una contradicción de la que no nos hemos hecho cargo, quizás porque tampoco hay conciencia de que, finalmente, el Estado no crea riqueza; sólo la redistribuye una vez que la ha tomado inicialmente de las personas.

El problema –finalmente– es que la gente pareciera no tomar en consideración que paga impuestos. Varios proyectos de ley que tenían el simple objeto de separar en la boleta el valor de la cosa que se paga, y el monto que va al Estado como porcentaje del IVA, han fracasado en su intento de ser aprobados. No se vaya a dar cuenta la gente que paga impuestos, y empiece entonces a exigir mayor cumplimiento de una ley que tiene precisamente por objeto que estos dineros se gasten en la forma aprobada. ¿Una exageración? La última guerra civil en Chile fue precisamente por un tema de la ley de presupuestos. Creemos que hay caminos mejores para resolver este asunto. •••

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