Opinión

¿Economía vs. Constitución?

El sinceramiento que falta, es reconocer que la Constitución no es un documento “donde los ciudadanos puedan expresar sus sueños”, sino más bien un pacto entre los que estamos despiertos con el objeto de delimitar el poder del Estado, mediante mínimos comunes y reales. Constitucionalismo sin onirología ni mesianismo.

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Abogado constitucionalista

The Police fue probablemente la banda más grande de los 80. Su éxito se debió en gran parte a la tensión creativa entre sus integrantes, particularmente entre Sting, el carismático líder, y Stewart Copeland, el virtuoso baterista. Esta tensión, no sólo musical, era también filosófica. Así, durante las sesiones de grabación de su último disco en estudio, Synchronicity, Copeland discutía con Sting haciéndole ver las atrocidades cometidas en la dictadura comunista de la Unión Soviética, con diversa evidencia en cuanto a la maldad intrínseca de las cúpulas del régimen totalitario. Sting calla, abandona la sala, vuelve a los cinco minutos y afirma: “Puede ser, pero los rusos también aman a sus hijos”. Copeland, desarmado argumentalmente, le responde: “Es imposible ganarle una discusión a un poeta”.

Esta anécdota, refleja en gran parte el dilema económico-constitucional actual. En efecto, el giro radical que ha tenido recientemente el proceso de reformas planteado desde la administración actual, incluiría el denominado proceso constituyente. Dentro del gobierno, a la luz del sinceramiento programático, presupuestario y financiero, hay quienes señalan que pueden postergarse o matizarse todas las reformas educacionales, tributarias, sindicales, intrauterinas y otras, pero no la constitucional, la que debiera seguir adelante. Otros, probablemente la mayoría, han planteado serios reparos en cuanto a introducir incertidumbre por la vía de reformas institucionales del peso de una enmienda constitucional, fundamentando en que el delicado momento económico no ofrece la estabilidad necesaria como para entrar a discutir aventuras de esta magnitud.

¿Huevo económico y gallina constitucional? He aquí un problema que ha debido enfrentar de tarde en tarde la humanidad. La pregunta es si la economía condiciona –o más bien pone en jaque– a la formulación de una Carta Fundamental renovada; o bien si es la Constitución la que instaura un determinado modelo económico.

La primera parte de la respuesta obedece a confundir medios con fines. Es deseable que la Constitución ampare y proteja ciertas libertades, pero una cosa es que mediante este conjunto  de garantías se pretenda diseñar un “modelo”, y otra muy distinta es que dichos derechos constituyan un núcleo de protección para las personas, pero donde el Estado puede desarrollar la política económica que estime conveniente para un momento determinado, sin afectar la esencia de estos derechos. De alguna manera, la Constitución no puede garantizar el éxito económico de una nación, pero sí que las malas políticas del gobierno de turno no aplasten a los ciudadanos.

La segunda parte de la respuesta tiene que ver más con las expectativas en torno al concepto mismo de Constitución. El idealismo, la poesía y las aspiraciones son de gran utilidad al momento de mover el espíritu humano en pos de un objetivo, pero a la hora de plasmar esos ideales, sería una pésima idea dejarlas cosidas a la ley fundamental. La lírica es esencial en el alma de un pueblo, pero la Constitución no es una poesía, como tampoco lo son las leyes, ni los contratos: nadie entregaría la redacción de la escritura de compraventa de su casa ni al mejor de los vates. Entonces ¿por qué insistir en el carácter onírico, aspiracional, salvador –cuasi redentor–  de una nueva Constitución?

Es acá donde la economía –del griego que significa casa, y nomos que significa ley– nos da ese tan necesario golpe de realidad, el cual aún no ha sido suficientemente asimilado por todos los sectores políticos. Con todo, el sinceramiento que aún falta es reconocer que la Constitución no es un documento “donde los ciudadanos puedan expresar sus sueños”, sino más bien un pacto con el objeto de delimitar el poder del Estado, mediante mínimos comunes y reales. No es más que el conjunto de “las leyes de la casa” donde puede haber muchas que no nos gusten, pero sería un gran autoengaño afirmar que éstas no han funcionado. Sí, claro que nos encantaría cambiar el sofá o renovar la cocina, pero ello sólo podrá ser posible en la medida que el presupuesto familiar lo permita.

Así, sólo nos acordamos de la Constitución cuando hay crisis o desprotección. Y es que sin gobiernos limitados, libertad económica, religiosa, de opinión, de enseñanza, derechos de asociación o propiedad, no hay economía (ni tampoco poesía). Quizás sea entonces el Derecho, el llamado a conciliar la disputa entre economistas y poetas, cuya tensión creativa es tan necesaria como bienvenida, pero en un marco de reglas claras que nos permitan sostener el debate. •••

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