Opinión

800 años no es nada

La Magna Carta Libertatum está de aniversario. En tiempos en que la tentación de refundar es fuerte, entender por qué nos debiera importar un documento de ocho siglos de sabiduría, resulta intelectualmente refrescante.

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Abogado constitucionalista

“Dado de nuestro puño y letra en el prado que se llama Runnymede, entre Windsor y Staines, el día decimoquinto del mes de junio del decimoséptimo año de nuestro reinado”. Así concluye su texto la Carta Magna. Ochocientos años ameritan cantar un feliz cumpleaños a viva voz. A todo pulmón, como los anglosajones en la Inglaterra del siglo XIII, ante la opresión de Juan sin tierra y los nobles normandos. Compuesta por 63 artículos que aseguraban libertades feudales frente al monarca. Y lejos de ser un instrumento idealista, populista o revolucionario, la Carta Magna es el primer sinónimo de pragmatismo, excelencia e institucionalidad.

A menudo catalogada como uno de los primeros antecedentes de lo que hoy muchos denominan derechos humanos, en realidad constituye el fundamento más claro del régimen político moderno y del Estado de Derecho resumido en un principio tan sólido como vigente: el poder del gobernante acotado y limitado por la ley creada en un parlamento, es la semilla del constitucionalismo moderno.

Es cierto que existían procesos similares con anterioridad en la península Ibérica, en particular en las Cortes de León de 1188, pero sin duda fue su contenido libertario el que convirtió a los ingleses en –probablemente– los ciudadanos más libres en la faz de la tierra por casi seis siglos. No sólo por delinear los poderes del Estado y separarlo de la Iglesia, sino porque exigía del gobernante “no pervertir el derecho”, es decir, proscribiendo tanto el formalismo ideológicamente falso como los resquicios legales.

¿Qué tiene que decirle la Carta Magna al Chile de hoy?

“Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”. En otras palabras, el Debido Proceso, que de darlo por obvio, no lo valoramos y de no valorarlo, lo olvidamos, particularmente cuando nos afirma que “no venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho a la justicia”.

Agrega que “no nombraremos jueces, capitanes, corregidores ni bailíos –agentes del Estado– sino a hombres que conozcan las leyes del Reino y tengan el propósito de guardarlas cabalmente”, que no es otra cosa que el destierro de los operadores y mandatados partidarios, a la par de “separar completamente de sus cargos a los parientes de Gerardo de Athee, quienes no podrán en lo sucesivo ejercer cargos en Inglaterra”, pulverizando el nepotismo y los privilegios políticos.

“En caso de que hayamos privado o desposeído a algún galés de tierras, libertades o cualquier otro bien en Inglaterra o en Gales, sin legítima sentencia de sus pares, aquellas le serán devueltas sin demora”. Así garantiza sin traumas ni complejos el derecho de propiedad, como elemento fundante de una sociedad libre, que permite a cada individuo hacerse dueño del producto de su trabajo, sin que la amenaza de la discrecionalidad tributaria o regulatoria le prive de ese esfuerzo, sometiéndolo al imperio del derecho y no a la arbitrariedad administrativa.

Por último, establece que “todos los hombres en nuestro Reino tengan y guarden todas estas libertades, derechos y concesiones legítima y pacíficamente en su totalidad e integridad para sí mismos y para sus herederos, en cualesquiera asuntos y lugares y para siempre”.

¿Dónde está entonces el secreto de su plena vigencia? En que no garantiza aspiraciones, sino derechos muy concretos; que expresa los acuerdos mínimos y no desprecia las instituciones del momento, sino que las reconoce y les pone límites; no refunda una nueva  Inglaterra ni decapita a sus reyes; finalmente, es producto del esfuerzo intelectual donde, sin utopías, se intenta someter al soberano al imperio del derecho con el objeto de defender a las personas de su propio gobierno, y no como un instrumento para acabar los males de la nación, ni menos asegurarles su felicidad. Es, finalmente, una Carta Magna de Libertades, no de demandas.

Este pragmatismo, difícilmente comprendido por grupos “que lo quieren todo”, nos demuestra que aún somos un país jurídicamente adolecente o, al menos, históricamente ingenuo. •••

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