Opinión

Una Nueva Esperanza

De materializarse la reforma al Servel, pondría en evidencia que nuestro estándar de separación de poderes ha cambiado. Pero hay otras instituciones que también deberían renovarse.

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Abogado constitucionalista

El Ejecutivo se encuentra en un momento de superar desaciertos, cambiar ministros y dilucidar qué quiere decir cuando habla de nueva Constitución. Como dijo Andrés Velasco, el Gobierno ha decidido “improvisar con la piedra angular de una república democrática”. El anuncio del proceso constituyente ha tomado por relativa sorpresa –nadie puede afirmar que el tema no está en la agenda desde hace un buen tiempo– a la opinión pública y, en particular, a los miembros del consejo asesor que propuso medidas contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción. La sorpresa de algunos ha ido acompañada también de desconcierto, toda vez que las conclusiones del consejo asesor han pasado a un segundo plano.

No obstante, recogiendo uno de los puntos sugeridos por la citada comisión, Bachellet ha anunciado el envío del proyecto de ley para dotar de autonomía constitucional al Servel. ¿Podría algo que sólo afecta al mundo político partidista ser la chispa que encienda una revolución institucional? ¿Cómo podría esta simple modificación mejorar nuestros estándares democráticos y abrazar de una vez por todas la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, como algo inherente y consustancial de nuestra libertad?

La iniciativa legal pretende darle autonomía constitucional a este órgano. Ello es relevante, ya que en la actualidad su autonomía es legal, es decir, sólo refuerza su “independencia de gestión”, pero no le concede liberarse del control de tutela. Por eso, el actual presidente del TC los denomina “servicios públicos legales” o “servicios descentralizados”. Atribuir autonomía legal a un órgano estatal sólo implica dotarlo de mayor flexibilidad e independencia en sus actuaciones, y se considera para todos los efectos que integra el “Gobierno” en el sentido moderno del concepto.

La autonomía constitucional, en cambio, importa la potestad para dirigirse a sí mismo, sin intervención de terceros; ella tiene una dimensión funcional consistente en el libre y expedito cumplimiento de las funciones otorgadas. Fruto de este reconocimiento constitucional nace una independencia recíproca (y de igualdad o paridad) con los demás órganos constitucionales. Con todo, ello no significa autarquía total de dichos órganos ni ausencia de coordinación, ni menos desconocimiento o negación de las funciones clásicas del Estado, entiéndase la legislativa, ejecutiva y judicial. Por esa razón, al ir más allá de la clásica descentralización administrativa en los términos del Artículo 3º de la Constitución, se habla de órganos “acentralizados.”

Desde el derecho comparado y la ciencia política, podemos advertir que se trata de una función claramente diferenciada del rol administrativo. Ella ha sido distinguida y definida con rasgos propios e identificables. Se habla de Gobernanza Electoral, entendida como la gestión de los procesos electorales en sus dos dimensiones: administrativa y justicia electoral. Nuestra Carta Fundamental hace dicho reconocimiento respecto de la última (Tribunal Calificador de Elecciones) pero no de la primera, poniendo en evidencia que existe, al menos, una asimetría desde el punto de vista constitucional.

Sin duda, la reforma propuesta acorta esta asimetría. El tema es que la lista de espera es grande. Así, órganos con demasiado poder sobre las personas y sus derechos, no están dotados de la autonomía que asegure su independencia. La Dirección del Trabajo, que norma y sanciona, pero luego juega de conciliador; el Servel y su creacionismo jurídico materializado en la “mediación” previa a la demanda; la Fiscalía Nacional Económica y su mecanismo de designación; y qué decir de las superintendencias fiscalizadores y su deuda con el debido proceso administrativo y sancionador. Todo ello, sin perjuicio de las virtudes de sus integrantes.

Las democracias no sólo evolucionan modificando sus sistemas electorales: la necesaria separación de poderes es también un desprendimiento de rasgos monárquicos absolutistas aún presentes desde hace dos siglos en nuestras instituciones. Pero ello no puede operar si no es acompañado del debido freno y contrapeso que hace posible que la separación de poderes no se transforme en mera retórica de clase de educación cívica. Ésa es la manera de asegurar la libertad de las sociedades frente a su propio gobierno.

Servel: eres nuestra (primera) esperanza. Y con ella la democracia chilena podría tomar un giro inesperado hacia la madurez, sin grandes aplausos ni revoluciones furiosas. •••

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