Opinión

La ciudad en guerra

Esta es una batalla donde civiles se enfrentan a pedradas con ejércitos que actúan a sangre fría, porque para ellos la contienda se libra en un territorio donde no tienen puestos sus afectos.

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Si bien la ciudad es hoy un territorio en guerra, debemos celebrar, al menos, que las batallas hayan dejado de ser contiendas de trincheras y hoy tengamos una confrontación a campo abierto donde también los civiles empuñan las armas. Casos como la Costanera Norte, primero, y el Costanera Center después, se han transformado en los sitios de combate más cubiertos por los corresponsales, pero existen también muchos otros escenarios de operaciones.

Ante el florecimiento de nuevos focos bélicos, el gobierno ha hecho bien en sentar a la mesa a todos los beligerantes y crear una Comisión Asesora Presidencial, cuya misión es generar las bases para la creación de una Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) que -se espera- sea capaz, si bien no de dar fin a los enfrentamientos, de encauzar la solución de las disputas por  la vía diplomática.

La Comisión no tiene fácil la tarea. Al igual que en cualquier conflicto bélico, en la arena de combate de la ciudad no sólo están en juego los intereses locales, sino también los globales. En este caso, los intereses del capital financiero representados por concesionarias, fondos de inversión privado, aseguradoras, etc. Se puede afirmar que esta es una batalla donde civiles se enfrentan a pedradas con ejércitos empujados por fuerzas abstractas que actúan a sangre fría, porque para ellos la contienda se libra en un territorio donde no tienen puestos sus afectos y pueden dejar caer sus misiles teledirigidos con total indiferencia, y sin preocuparse de los daños colaterales.

La tarea sería un poco menos difícil para la Comisión si en la ciudad no existieran, además, los ejércitos de mercenarios; los especuladores que se enriquecen con la escasez de tierra, y no estuvieran aquellos que luego se benefician, al igual que en Irak, con los abultados presupuestos para resolver los estragos botando parques para meter autopistas urbanas, como va a ocurrir muy pronto con Américo Vespucio Oriente.

Adicional a la compleja naturaleza del conflicto, la tarea se hace cuesta arriba para la Comisión porque existe la creencia ciega de que la pacificación llegará con nuevas normas y nuevas instituciones. Pensar esto no es solo ingenuo, sino también peligroso, pues se dejan al margen otras iniciativas más efectivas para la solución de las diferencias, como es la negociación.

Un sistema de normas y una nueva institución no tendrán nunca éxito por varias razones. Primero -y lo más obvio-, porque las tropas que sirven al mercado inmobiliario son lo suficientemente astutas para, como el agua, encontrar la grieta que les permitirá bypassear las normas (ejemplos sobran). Y, segundo, porque existe hoy una creciente pérdida de fe pública en las instituciones. Creer, por ejemplo, que la creación de un equivalente al Sernac vaya a ser capaz de velar por el bien común en la ciudad, es hoy impensable. Ninguna norma ni institución nos van a proteger de manera efectiva de la destrucción del patrimonio, de la eliminación de áreas verdes o de la segregación que produce una autopista urbana.

La Comisión debiera evitar la tentación de transitar el camino más fácil y no perderse inventando nuevas reglas y nuevas instituciones. Es mejor que se concentre en usar la imaginación para crear mecanismos de negociación efectivos que permitan, caso a caso, encauzar los intereses de todos los beligerantes. La puesta en práctica de protocolos de negociación ha demostrado en muchas ciudades -como Toronto, por ejemplo- que éstos son efectivos a la hora de velar porque en la ciudad se haga lo correcto,  se opte no por lo útil sino que por lo bueno, y se ejercite el sentido de justicia. •••

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