Opinión

Uniones de hecho y labor legislativa

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Esta arremetida en contra del matrimonio hace muy difícil inclinarse por el candidato que la promueve, porque no garantiza la estabilidad familiar que todos quisieran.
Escribo esta columna a un año de la muerte de Ricardo Claro Valdés, con quien tuve ocasión de conversar en reiteradas oportunidades acerca del futuro de nuestro país.
Benedicto XVI planteaba en su última encíclica que para educar es preciso conocer la naturaleza humana. Es decir, nos está diciendo que es posible una buena educación si hay una buena antropología que la sostenga. Lo mismo se puede decir respecto de las políticas públicas: sólo las habrá conforme a la dignidad humana en la medida en que se sepa qué significa ser hombre, puesto que sólo así podrán ayudar a que éste se desarrolle durante su vida. Un buen político, un sujeto que realmente busca el bien, ha de ser, por tanto, un hombre de estudio, de reflexión, que conozca al ser humano y sus anhelos profundos. Se ha de mover por la razón y no por el sentimiento, las emociones o las opiniones contingentes.
Quienes promueven dar carácter legal a las uniones de hecho, tanto entre personas del mismo sexo como de sexo opuesto, no saben qué es ser hombre y mujer y qué significa el matrimonio. Y menos su estrecho vínculo con el bien común, porque el reconocimiento de las uniones de hecho atenta en su contra. Las políticas públicas no pueden pensarse a partir de las minorías o de personas en situaciones especiales: han de pensarse para la mayoría y para lo que es mejor para el país. Y para el país, lejos, lo mejor es que se promueva el matrimonio, tal como siempre se ha entendido, entre un hombre y una mujer, y que los futuros ciudadanos nazcan en dicho contexto. Eso lo dicen la razón, el sentido común y la experiencia.
Quienes promueven regular las uniones de hecho están diciendo implícitamente, pero con meridiana claridad, que al final casarse y permanecer casados es indiferente y que al Estado le corresponde regular todos los deseos personales. Lo que es un error. Están diciendo, además, que las personas tienen derechos pero no deberes, en virtud de la fragilidad y precariedad de tales uniones. No pueden los legisladores chilenos, que fueron elegidos para velar por el bien común, pensar que su trabajo se limita a regular libertades individuales, dejando de lado el sentir de los chilenos que lo que más anhelan es tener una familia fundada en el matrimonio.
Los legisladores que promueven estas leyes no hacen otra cosa que pauperizar el esfuerzo de miles y miles de padres que, día a día, les enseñan con su testimonio y sacrificada vida a sus hijos el valor del matrimonio y de la fidelidad. Además, hacen caso omiso de la larga tradición de la Iglesia que recuerda que el futuro de la humanidad se fragua en la familia y que ésta es el lugar más adecuado para que nazcan los hijos, se eduquen y se desarrollen como personas.
La motivación de ver la realidad y la situación de algunas personas para legislar es pobre. Más pobre es que para reivindicar derechos patrimoniales se toque a la institución del matrimonio. De acuerdo a esta lógica, ¿habrá que promover una ley que proteja patrimonialmente a la hija que se quedó cuidando a su madre largos años, dándole el estatus de unión de hecho? Lo mismo con la abnegada asesora del hogar que por años cuidó a su empleador: ¿también habrá que reconocer aquel vínculo como una unión de hecho si él la quiere favorecer patrimonialmente? Obvio que no. Es más conforme a razón proponer un proyecto de país, un proyecto de sociedad y trabajar incansablemente para lograrlo.
No se pueden hipotecar, sin más, valores tan altos como el matrimonio, que ya quedó bastante menguado con la ley de matrimonio civil con disolución de vínculo, la llamada ley de divorcio, y que ahora pretende ser pulverizado con esta ley que quiere reconocer las uniones de hecho entre personas homosexuales y heterosexuales.
Hay algo más. Las sociedades que no hacen un esfuerzo por vivir como piensan, o según los valores que se proponen en su constitución, terminan pensando como viven... y de allí al totalitarismo de los más fuertes y a la relativización de valores fundamentales como la familia, hay un paso. Estoy cierto de que nadie quiere eso para Chile. El válido anhelo de regir los destinos del país no puede hacerse al margen de una realidad tan fundamental como lo es el matrimonio que, por lo demás, es anterior al gobierno de turno. El legítimo deseo de querer gobernar no se puede realizar transando valores tan arraigados en la sociedad, que constituyen su cimiento, y que han constituido un signo de desarrollo y estabilidad para las naciones.
Estoy seguro de que quienes promueven una ley de este tipo no quisieran que sus hijos se vieran en una situación de esa índole. Sin embargo, no son coherentes cuando a nivel público plantean lo contrario. No se ha de olvidar que la ley tiene una dimensión educativa del todo fundamental y que bajo las leyes que se proponen se está diciendo que el matrimonio es una alternativa más, lo que es un error mayor. Esta arremetida contra el matrimonio hace muy difícil inclinarse por el candidato que la promueve, porque no garantiza la estabilidad familiar que todos quisieran. Pregúntenle a los jóvenes qué es lo que más valoran y dirán que –por lejos– la familia. ¿Por qué, entonces, no tratar que la ley represente aquel anhelo? La Iglesia Católica seguirá en esta defensa, dado que la mueve el convencimiento de que es lo mejor para el país y para sus habitantes. Además, lamento que la alta labor legislativa a que han sido llamados algunos ciudadanos, que de suyo ha de estar más allá de la contingencia política, se preste para poner en duda lo que es un patrimonio de la sociedad occidental y de nuestro país. Termino con lo que dijera Benedicto XVI en su última encíclica: “los Estados están llamados a establecer políticas públicas que promuevan la centralidad y la integridad de la familia, fundada en el matrimonio, célula primordial y vital de la sociedad…”.

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