Opinión

¿Quién paga las cuentas?

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Si los niveles de articulación de la sociedad civil en Chile son todavía extremadamente frágiles es porque en nuestro imaginario público apenas figura otra cosa que el Estado. Tal vez siempre haya sido así. En este plano el país ha cambiado bastante menos que en la esfera económica. Hablar en Chile de organizaciones intermedias –de gremios, sindicatos, partidos políticos, juntas de vecinos, movimientos ciudadanos– equivale a forzar un poco el lenguaje. No obstante que en los últimos años se viene hablando con insistencia del gradual empoderamiento de las ONG, la verdad es que hay cientos de razones para temer que detrás de ellas, en más de un tercio de los casos, está el viejo Estado chileno, con sus mañas y con sus platas, y en una proporción similar, o incluso mayor, la ayuda no del todo desinteresada de fundaciones o entidades internacionales, con sus fondos, sus pasajes aéreos y sus redes de contacto. Las ONG locales que no cuelgan de una u otra rama son definitivamente las menos.

El caso de los partidos políticos es concluyente y revelador. La incómoda posición en que han quedado las colectividades oficialistas, sobre todo el PPD, tras los recientes escándalos por desvíos de fondos públicos hacia las campañas tiene mucho que ver con la opacidad de sus fuentes de financiamiento y con la existencia de camarillas internas extremadamente reacias a las elecciones abiertas y a la participación de las bases. Es por lo menos una ironía que los partidos que más se la jugaron por la restauración democrática chilena tengan tan poca confianza en la democracia como disciplina de convivencia interna y como mecanismo para resolver las pugnas domésticas.

Como para financiar sus actividades a los partidos políticos simplemente no se les pasa por la mente apelar al compromiso de sus militantes, el acceso a fondos públicos termina siendo desde luego la única solución realmente efectiva para cubrir las cuentas de la luz, el arriendo de locales y el pago de operadores y secretarias. Dado que en actualidad el financiamiento público ya existe para las campañas electorales, y es bueno que sea así porque desde que comenzó a operar hay bastante menos desigualdad en los términos con que los distintos candidatos pueden presentarse ante la ciudadanía, la presión para extender ese financiamiento a la organización permanente que los partidos mantienen el resto del tiempo ya se está haciendo sentir y para muchos se trata de una demanda atendible. Efectivamente la existencia de partidos sanos, autónomos y transparentes es clave para el funcionamiento de la democracia. Pero es discutible que sea el Estado el llamado a mantenerlos. El Estado tiene otras prioridades sobre las cuales está de más insistir. Si los partidos son expresiones de la voluntad ciudadana, lo lógico es que sean sus propios militantes los que carguen con la responsabilidad de darles una base de sustentación, particularmente teniendo presente que en Chile las colectividades políticas, por causas a las que ellas no son ajenas, convocan a una fracción muy pequeña del electorado. Se estima que menos del 5% de los ciudadanos está inscrito en los partidos políticos. Siendo así no parecieran haberse ganado el derecho a ser mantenidos por la totalidad de la población.

Es cierto que a este respecto operan en el país subentendidos malsanos. Tal como los creyentes que asisten con relativa regularidad a oficios religiosos pero nunca se comprometen con el pago regular de contribuciones para mantener el culto, la gente en general aprecia la existencia de los partidos pero no pone un peso para sufragar sus gastos. En estos planos deja mucho que desear nuestro compromiso con las iglesias, los partidos, las asociaciones ciudadanas y en general con una sociedad civil algo más fuerte y capaz de sostenerse sobre sus propios pies. A estas alturas el tema no puede ser explicado únicamente en función de la pobreza del país, entre otras cosas porque tampoco somos tan pobres. En esto, como en muchos otros ámbitos, también hay un vacío de liderazgo. Como lo saben los políticos, los pastores y los activistas de distintas causas, obviamente es más fácil recordarle a la gente sus derechos que sus responsabilidades. Pero así no se hace verdadera comunidad y sociedad civil.

Ahora en el paquete de la agenda de probidad el gobierno se propone precarizar todavía más la situación de los partidos con la iniciativa de prohibir los aportes de empresas y personas jurídicas en general a las campañas. Atrincherada en la premisa de que las empresas no votan, cosa que es cierta, La Moneda ve en este mecanismo una fuente de inequidad electoral, no obstante que Salvador Valdés, investigador del CEP, ha demostrado con cifras en la mano que la pretendida desproporción con que las empresas concurren a financiar las campañas, al menos a nivel de las dos grandes coaliciones, dista mucho de ser considerable. De aprobarse esta iniciativa, la política podría hacerse aún más dependiente de las fuentes de financiamiento estatal y es legítimo preguntar si acaso lo que debería hacerse, al margen de perfeccionar el actual sistema, si fuera lo que corresponde, es más bien todo lo contrario: esto es, extender a las personas los beneficios que tienen las empresas para aportar a las campañas. Sería desde ya una buena contribución al sentido de ciudadanía y de comunidad.

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