Negocios

Por donde becas, pagas

La próxima semana se vence el plazo para que 17 mil ex becarios entreguen a Conicyt una serie de papeles para certificar que cumplieron con sus obligaciones. De lo contrario, quedarán como inhabilitados para volver a recibir fondos de este tipo. Algo que es calificado como “una tragedia” por el mundo científico.

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Por: María José López

becas

"El costo de esta burocracia para el país va a ser de más de 600 millones de pesos. Impresentable”, dispara la bióloga de la UC Carolina Torrealba, quien es uno de los 17 mil casos de ex becarios chilenos que el 23 de octubre recibió una carta firmada por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), donde la entidad les ponía plazo para demostrar, con la entrega de papeles físicos, el cumplimiento de las obligaciones que establecía su beca. Si no lo hacen antes del 30 de diciembre, no podrán cerrar su proceso de estudios.

Varios de los aludidos califican esta misiva como una amenaza a sus carreras: los que no consigan los papeles tendrán que pagar de su bolsillo el postgrado o quedarán inhabilitados para recibir fondos concursables en el futuro. “Es una amenaza”, indica Jorge Babul. Esto, en el caso de doctorados y postdoctorados podría superar los 300 millones de pesos. “Impagable”, apunta uno. Otro dice: “Un drama profesional para cualquier persona que se dedica a perfeccionarse tanto en Chile como en el exterior”.

La comunidad de científicos está indignada. Aseguran que en la entidad “reina el caos”, acusan de desorden administrativo a la comisión por pedir regularizar su situación cuando muchos ya entregaron esos mismos papeles hace 25 años atrás. Los indignados apuntan a sus cabezas, Christian Nicolai, director de la comisión, y a Daniel Portales, director del programa de formación de capital humano avanzado, como los principales responsables.

Asimismo, la Contraloría tiene sus ojos puestos en la institución: sus fiscalizaciones apuntan a que Conicyt no ha cobrado a becarios deudores. Este año, por ejemplo, calculan que hay cerca de 300 millones de pesos “perdidos” y, de no mediar el cobro oportuno de los dineros, la fiscalizadora iniciará un juicio de cuentas para que las arcas fiscales reciban lo adeudado.

La polémica está desatada...

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