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Artículo correspondiente al número 213 (21 de sept al 04 de oct 2007)
Autorizar a los bancos para crear filiales AFP y permitir la licitación de carteras de afiliados tendrían consecuencias adversas que es prudente evaluar con cuidado. Por José Ramón Valente, Director ejecutivo de Econsult
La llamada reforma previsional ha dado pasos importantes en su tramitación. De hecho, aunque parece optimista, conocedores de la ingeniería legislativa creen que podría estar aprobada en abril próximo. La eventual autorización para que los bancos registrados en Chile puedan incluir una AFP como una de sus filiales, ha acaparado gran atención de parlamentarios y medios. La discusión es relevante por cuanto están en juego aspectos clave como la existencia de una AFP estatal (a través del Banco del Estado) y los incentivos que hoy existen para asegurar que las AFP tengan como única misión maximizar el retorno de los ahorros de los trabajadores, con el menor riesgo posible. Los proponentes del ingreso de la banca argumentan que la mayor competencia y las economías de escala que aportarían los bancos, serán transferidas a los afi liados por la vía de menores comisiones de administración. Quienes argumentan en contra (yo soy uno de ellos), plantean que la evidencia sugiere que la mayor parte de las eventuales ganancias de eficiencia que podrían producirse va a ir a engrosar las utilidades de la banca. Incluso si no es así, a mi juicio, el principal costo de dejar a los bancos participar a través de filiales, es que las decisiones de inversión de los portafolios que manejan las AFP se contaminen con las decisiones de captación y colocación que realizan los bancos en su negocio principal.
Como sea, el caso está planteado, hay pros y contras y es resorte de los parlamentarios ponerlos en la balanza y decidir. Esa es justamente la labor que les han encomendado los ciudadanos. Sin embargo, hay otro elemento de la reforma, que para mi sorpresa ha generado últimamente bastante menos controversia. Este es el que se refiere a la licitación de carteras de afiliados. El proyecto en trámite propone que los trabajadores que se empleen por primera vez, no tendrán derecho a elegir a quien confiarle sus ahorros, sino que serán asignados a la institución que ofrezca administrarlos por el menor precio. Nuevamente, el argumento a favor de esta propuesta es que por la vía de ahorrar en los costos que incurren hoy las AFP se podría ofrecer un servicio más barato. El argumento pareciera ser tan potente a primera vista que hoy se desarrolla un intenso lobby en el Congreso para ampliar el espectro de la licitación a todos los afiliados.
Un buen experimento requiere que se controlen o aíslen todas las variables que no son objeto de la experimentación, con el objeto de extraer el efecto puro de alterar la variable que interesa. Por ejemplo, si medimos el punto de ebullición del agua vamos a encontrar resultados diferentes a menos que hagamos todas nuestras mediciones a la misma altura respecto del nivel del mar. Cuando se hacen propuestas que han sido estudiadas seriamente, como la licitación de cartera, normalmente los economistas (científicos) que las plantean se han dado el trabajo de aislar todas las variables para concluir que la propuesta es beneficiosa. En este caso no cabe duda que, con todo lo demás constante, un sistema de licitación es menos costoso que el sistema actual en que cada trabajador elige la AFP que prefiere. Sin embargo, la pregunta relevante es la misma que se hace un químico que descubre una nueva droga para curar una enfermedad, ¿puedo estar seguro de que cuando recete este nuevo medicamento, todo el resto de las variables se van a mantener constantes? En otras palabras, ¿puedo estar seguro de que no habrá efectos secundarios? ¿De qué serviría una vacuna efectiva contra el sida, si su efecto secundario es causar un mortal ataque al corazón?
La licitación de cartera tiene, a mi juicio, un enorme daño colateral para el sistema de pensiones. Desvía la atención de las AFP desde la obtención de la mayor rentabilidad para los ahorros hacia la administración de sus cuentas al menor costo posible. Es como decirle a los jugadores de la U y Colo Colo antes del clásico que no importa si juegan bien o mal, si ganan o pierden, lo importante es que las entradas estén bien baratas para que venga harto público. Sin duda que la licitación de cartera baja el costo de administración, ¿pero estamos seguros que no afectará negativamente la rentabilidad de los ahorros? ¿Estamos seguros que este remedio no terminará siendo peor que la enfermedad?
Lamentablemente en economía no tenemos ratones para medir las consecuencias de nuestras propuestas antes de implementarlas. Por lo mismo, con mucho mayor razón cabe preguntarnos si estamos bien seguros de que los beneficios de las mismas sobrepasan con creces sus costos. Yo, al menos en este caso, no lo estoy.
Ahora, supongamos que los científicos a favor de la droga convencen a los parlamentarios que los efectos secundarios de la licitación de cartera son mínimos o inexistentes. Hay todavía una cuestión mucho más relevante que los efectos puramente económicos: la libertad de las personas. ¿El que una determinada medida pueda tener en el laboratorio un efecto beneficioso para las personas, es razón suficiente para privarlos de su libertad de tomar decisiones? ¿Quién se siente investido con el poder para quitarles a los trabajadores su libertad de elegir la AFP que prefieran, aunque sea un poco más cara? ¿No tendríamos entonces que obligar a las personas a tomar aspirina todos los días para reducir los riesgos de un ataque al corazón?