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Artículo correspondiente al número 257 (24 de julio al 6 de agosto de 2009)
Más de un dolor de cabeza ha generado a las empresas de servicios las amenazas de acciones de clase. Sin ir más lejos, por varios meses Movistar (representada por el estudio Albagli & Zaliasnik) estuvo en vilo frente a una demanda patrocinada por los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones (en representación de un grupo de consumidores de la operadora móvil) y por varios diputados, entre ellos Jaime Mulet (PRI).
Sin embargo, hace pocos días la primera sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos contra la sentencia que declaró inadmisible la acción de clase mencionada, echando por tierra las aspiraciones de los patrocinantes, que buscaban el pago de más de 260 millones de dólares por supuestas fallas en los servicios de la operadora.