Coffee Break
Mirada capital I. ¿Cuán legalistas somos los chilenos?

 

A los chilenos nos gusta proyectar la imagen de un apego extremo al Derecho. La realidad, siempre matizada, nos muestra mas bien desconcertantes. Es lo que quedó en claro durante el segundo semestre del año pasado, con lo que pudiera llamarse –en clave de novela negra– el caso del decano moralmente asesinado. Por José Rodríguez Elizondo*

 

En junio de 2009, la facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue tomada por representantes de sus alumnos, aliados con seis profesores. En síntesis hiperbólica, los alumnos (como es natural) querían cambiarlo todo. Los profesores, más prácticos, se conformaban con cambiar al decano Roberto Nahum, sin pasar por la incerteza de la prescriptiva elección universitaria.

El método conjunto consistió en triturar moralmente a Nahum, acusándolo de haber cometido el delito de plagio. La prueba: una publicación de la década anterior bajo su firma, con sus clases de Derecho Procesal, en la cual no constaba la existencia de un texto similar, presentado como tesis de licenciatura por un alumno suyo.

Quienes ignoran cuanto copismo impune, destinado a “llenar currículo”, impera en las comunidades universitarias, se impresionaron muchísimo. Además, los medios informaron con fruición, y no era para menos: un plagiario estaba dirigiendo la formación de los juristas del mañana. Sin embargo, los abogados sabían (debían saber) que plagio no había. Nahum tenía la propiedad intelectual de sus clases y, por tanto, no podía delinquir contra sí mismo. Pudo hablarse de la tesis poco creativa de un alumno, de un error antiestético del académico o de ambas cosas a la vez pero, en rigor, lo que había era el cuerpo de un error y no el cuerpo de un delito.

Los cálculos del rector

Llamado a dirimir tan enredoso conflicto, el rector Víctor Pérez, ingeniero, no quiso asumir el meollo político de la situación: que en la histórica facultad donde se forman los encargados de dar dirección jurídica al país estaba fraguándose el equivalente a un golpe de Estado, con base en la coerción de la “toma”, la invención de un delito y la omisión del debido proceso. Por eso, en vez de reconducir el conflicto hacia la legalidad, como era su deber, apostó a la simple correlación de fuerzas.

Según su cálculo, los alumnos en toma y los profesores anti-decano, apoyados en los medios, pesaban más que la mayoría absoluta del claustro y poco importaba la reconocida buena gestión administrativa de Nahum. Hubo, además, señales ambiguas desde La Moneda, que Pérez interpretó a su aire. En palacio también pensaban (quiso creer) que para acabar con el lío había que acabar con el decano.

Con ese cálculo se desentendió de los informes de expertos jurídicos calificados –entre ellos, un ex presidente de la Corte Suprema–, no consideró las razones de una comisión designada por la mayoría del claustro y se aferró a un informe a su pinta, emitido por académicos marginales al Derecho. Usándolo como arma arrojadiza, reventó al decano y dejó una marca histórica: en cuanto rector, cohonestaba la violación del Derecho en la Facultad de Derecho de su propia universidad.

Por cierto, el conflicto sólo cambió de aspecto. La mayoría del claustro acató la autoridad del decano designado –un profesional de prestigio que prestó su buen nombre al rector– y trató de dialogar con él, para recuperar la autonomía perdida vía nuevas elecciones. Pero, al mismo tiempo, algunos académicos de la minoría “victoriosa” quisieron mutar en mayoría, “limpiando” el padrón electoral. Esto significa, entre otras cosas, patrocinio de nombramientos sin concurso, resolución de concursos sin transparencia, creación de unidades académicas sin debate y presión para el alejamiento de los académicos que, por edad, ya no lucen “rostros publicitarios”. En resumidas cuentas, la facultad comenzó a sufrir, en serio, esa vieja ironía de Brecht: “¿no es más fácil que el gobierno disuelva al pueblo y elija otro?”.

La caballeria al rescate

Pero esa es otra historia, que ya contará algún historiador profesional. Lo interesante, para efectos de nuestra imagen nacional, es que, tras la ilegal paletada rectoral, el legalista país no dijo nada. Las clases se reanudaron, los medios se desentendieron y Chile siguió andando. Ni siquiera hubo reacción cuando, tras sendas elecciones internas, los dirigentes de la “toma” perdieron su liderazgo y los profesores pro legalidad ratificaron su mayoría en el claustro.

Así habría terminado esta triste historia jurídica si no hubiera llegado al rescate la renovada caballería del Poder Judicial. Fallando un recurso de protección, la Corte de Apelaciones dictaminó que el rector, en un acto arbitrario y carente de razonabilidad, había afectado “la honra, prestigio y buen nombre” de Nahum. Para la ministra Gloria Ana Chevesich, ni aún en las situaciones excepcionales originadas con la “toma” el rector debió obrar al margen de la Constitución y las leyes. Eso era “inadmisible en cualquier persona, con mayor razón en quien ocupa el sillón de Bello”. Semanas después, la Corte Suprema cerró el año con un categórico rechazo al recurso de reposición del rector. Escuetamente, ratificó que su actuación fue “ilegal y arbitraria”.

Hasta el momento, la Casa Central no ha informado de qué manera se hará efectiva la responsabilidad universitaria del rector. Tampoco éste ha tomado ninguna medida para reconducir a la facultad de Derecho hacia la legalidad. El contralor general Ramiro Mendoza, por su parte, ya tiene antecedentes que podrían inducir su intervención. Por cierto, ninguna explicacion se ha dado ante la opinión pública universitaria ni nacional.

Dos conclusiones provisionales: Una, la Universidad ya no es lo que era. Dos, los chilenos somos extremadamente legalistas sólo cuando no entendemos bien de qué se trata.

*El autor es profesor de la Universidad de Chile, escritor, periodista, y ex diplomático

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