Coffee Break
Mirada Capital: ¿Hay agua en la piscina?

Artículo correspondiente al número 273 (9 al 23 de abril de 2010)

 

Subir los impuestos a las empresas, de manera temporal y como medida de última instancia para financiar la reconstrucción. Hasta ahí el discurso público. Pero ¿qué posibilidades hay de convertir esta alza en el puntapié inicial para una reforma tributaria? Por Guillermo Turner.

 

“Los estudios que comparan la evolución del nivel del gasto público y de una serie de indicadores sociales, para un conjunto de países desarrollados, desde 1890 en adelante, concluyen que a partir de 1960, fecha en que nace el estado del bienestar, las economías desarrolladas han desalentado el crecimiento económico a través de incrementos sustanciales en la carga tributaria, sin observarse logros sociales que se compadezcan con dicho deterioro”.

Informe Libertad y Desarrollo, julio 1999

“La evidencia microeconómica muestra un impacto negativo y significativo de la tasa de impuesto corporativo sobre la inversión: un incremento de 10% de la tasa de impuesto reduce la inversión como fracción del stock de capital entre 0,2% y 1% bajo diferentes especificaciones econométricas”.

Cuadernos de Economía PUC, noviembre 2005

A diferencia de lo que muchos sostienen, en Chile los impuestos que soportan las empresas no son bajos: equivalen a 4,5% del PIB, más elevados que el 3,9% del promedio de la OCDE. Es cierto que la tasa de 17% de primera categoría es comparativamente baja —aunque superior al 12,5% que ha ayudado a Irlanda a ponerse a la cabeza de Europa—, pero su aplicación acá es más amplia y uniforme que en otros países”.

La Segunda, julio 2009

Considerando que los autores de los textos citados son, ni más ni menos, –y en el mismo orden en que aquí aparecen– que la directora de Presupuestos, Rosanna Costa; el ministro de Hacienda, Felipe Larraín; y el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, el empresariado y los contribuyentes en general deberían observar la incipiente discusión tributaria con una confiada tranquilidad.

Pero algo esconde este inusitado interés de las nuevas autoridades económicas por incluir un incremento en la tributación corporativa en el programa para financiar la reconstrucción. Algo que varios economistas no alcanzan a cuantificar y que tiene a los empresarios evidentemente preocupados.

Vamos por partes. A horas de ocurrido el terremoto del 27 de febrero, algunas entidades internacionales lanzaron un cálculo aproximado de los costos que implicaría para la economía chilena. Hablaron de entre 15 y 30 mil millones de dólares. El entonces presidente electo, Sebastián Piñera, dejó a un lado el amplio rango y se hizo cargo inmediatamente de la cifra más abultada. De ahí para adelante, todo indica que a su equipo de gobierno no le quedó más remedio que trabajar con esa proyección y respaldarla con cifras.

Al menos esa fue la sensación con la que, confiesan, quedaron varios parlamentarios que asistieron a la sesión en la que seis integrantes del gabinete les detallaron el impacto del sismo en sus distintas carteras. La voz principal corrió, como era de esperar, por cuenta del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien explicó que los famosos 30 mil millones incluían el valor de producción perdida, que –obviamente- no aplican como costo de reconstrucción. La cifra a cubrir por el Estado se restringía, entonces, a los daños en infraestructura pública: unos 9.369 millones, descontando los seguros asociados.

Surgió, entonces, la duda: ¿está en condiciones el fisco de cubrir esos 9.300 millones? O, al menos, ¿puede abordar el desafío sin necesidad de recurrir a mayores impuestos? Porque las nuevas autoridades han prometido un mix de financiamiento que incluiría reasignaciones presupuestarias, donaciones (con modificación de la ley incluida), concesiones a privados, venta de activos prescindibles, endeudamiento interno y externo y alza de impuestos sin afectar a las personas ni a las pymes (lo que reduce el campo de acción a ciertos tributos específicos y, principalmente, al porcentaje que grava a las grandes empresas).

Recalcan que el alza tributaria será moderada y que no constituirá un componente central en el plan de financiamiento. Pero ahí está: obligando a los empresarios a plantear –aunque moderadamente– su primer cuestionamiento de fondo al nuevo gobierno y restando mérito a la temprana evaluación del entonces responsable de las finanzas públicas, Andrés Velasco, quien informó –en los primeros días de marzo– que el país contaba, “afortunadamente”, con los recursos para afrontar la contingencia “por lo que no hay problemas de financiamiento en el corto plazo”.

La movida política

Si las cuentas económicas no alcanzan a explicar con certeza la necesidad de un alza tributaria, entonces no faltan los que sospechan de motivaciones políticas. Y explican el porqué: el Ejecutivo necesita el apoyo de la oposición para sacar adelante el proyecto de reconstrucción y su plan de financiamiento. Y nada mejor que un alza a los impuestos corporativos como música de fondo para un tratamiento legislativo expedito. Como si no fuese suficiente, le sirve también al gobierno para sacarse de encima cualquier vestigio de imagen pro empresarial.

Pero la movida tiene sus riesgos, porque un mero saludo a la bandera en materia impositiva (entiéndase por ello un alza muy menor y transitoria) servirá más para abrir los apetitos que para ganar adeptos en las filas concertacionistas. La misión, entonces, es salir jugando y es en este punto donde la estrategia de corto plazo adquiere visos de discusión tributaria de fondo.

Entrevistado en Ciudad Capital (95.3FM), el ex ministro Osvaldo Andrade contó que al interior del PS él sostenía que sólo un gobierno de centro derecha podría llevar adelante una reforma tributaria, algo que la Concertación pudo abordar sólo tímidamente en sus 20 años de gobierno para no afectar la confianza empresarial. Como si su diagnóstico fuese escuchado, el senador UDI Jovino Novoa –firme opositor a financiar la reconstrucción con mayores impuestos– se mostró en radio ADN abierto a “una reforma tributaria profunda”, que modifique nuestro sistema “anacrónico y complejo” y centre la carga más en el gasto que en la inversión, con mejor tratamiento de la clase media. Afirmó, incluso, que su partido estaría a favor de ese debate.

En el programa de gobierno, el equipo de Piñera prometió mantener la carga tributaria global, pero planteó la necesidad de “fomentar la inversión y el ahorro, ante lo cual el sistema tributario tiene una gran capacidad, que se incrementará al realizársele los correspondientes perfeccionamientos”. Ampliar el sistema que permite a las Pymes tributar sobre las utilidades retiradas e introducir un sistema de depreciación acelerada hasta 2012, fueron algunos de los cambios propuestos.

A ello se suman propuestas provenientes de institutos proclives a la actual administración, como Libertad y Desarrollo, en áreas como las políticas tributarias pro familia: declaración de impuestos a la renta conjunta de parejas, rebajas de la base imponible de gastos como dividendos o médicos, entre otras iniciativas.

¿Estaremos en presencia de una discusión tributaria profunda en ciernes? Cualquiera sea la respuesta, estamos frente a un terreno pedregoso, donde es fácil tirarse a la piscina y encontrarla vacía.

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