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Artículo correspondiente al número 257 (24 de julio al 6 de agosto de 2009)
Exactamente siete meses han transcurrido desde que la aerolínea de capitales españoles Air Comet pidió en Chile su propia quiebra. De ahí en adelante, el proceso y las acusaciones han subido de tono; tanto, que incluso hay quienes analizan pedir la extradición de los ejecutivos españoles que administraban la compañía. Entre ellos, Enrique Meliá.
Y es que los acreedores y trabajadores de la firma se han puesto firmes ante lo que –dicen ellos– es una quiebra fraudulenta. A la fecha los acreedores han verificado deudas por más de 37 millones de dólares, mientras el síndico de quiebras, Marcos Sánchez, prácticamente no ha encontrado bienes. A tanto ha llegado este enredo que el propio superintendente de Quiebras, Rodrigo Albornoz, ordenó una auditoría penal, para analizar eventuales irregularidades en el proceso.
Más controvertido aún es el frente donde batallan los más de 200 ex trabajadores y ex ejecutivos de la firma –que son representados por el estudio Rivadeneira, Colombara & Zegers–. Fueron ellos quienes interpusieron una querella en contra de los ejecutivos españoles que abandonaron el país tras la petición de quiebra, por lo que existe una investigación del Ministerio Público a cargo del fiscal de Las Condes, Gonzalo de la Cerda. Como si fuera poco, según fuentes vinculadas al proceso, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), estaría ad portas de poner en marcha una orden de investigar.
Por su parte, los demandados no se han quedado atrás y contrataron para la defensa penal al estudio de abogados Albagli & Zaliasnik, mientras que para el proceso de quiebra son representados por el abogado Carlos Ojeda, quienes defienden a brazo partido que se trata de una quiebra absolutamente normal.