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Artículo correspondiente al número 259 (21 de agosto al 3 de septiembre de 2009)
Un estudio del Centro de Estudios Internacionales de la UC viene a desempolvar una idea con más de 15 años: convertir a Santiago en un centro regional de servicios financieros, un sueño largamente acariciado por el sector privado –en especial, la banca- pero que a la fecha no registra avances sustantivos. ¿Se puede, realmente? Por Elena Martínez.
Corrían los primeros años de la década del 90. Jaime Ravinet, por entonces alcalde de Santiago; Hernán Somerville y Pablo Yrarrázaval, presidentes de la Asociación de Bancos y de la Bolsa de Comercio, respectivamente, unían fuerzas para promover una idea que recibiría todo el respaldo de Hacienda –encabezada por Eduardo Aninat–, la comunidad empresarial y los medios especializados: convertir a la capital en un centro internacional de servicios financieros.
Estudios, viajes a Londres e intercambio de experiencias con la City y Wall Street servían de base para plantear reformas que permitirían a Chile aprovechar esta nueva oportunidad de ingresos. Pero los resultados fueron mucho más esquivos y, con los años, el plan fue tomando olor a sueño, sólo resucitado cada cierto tiempo por seminarios y mesas redondas.
En todo caso, nada de ello restó fuerza al empuje de sus promotores iniciales, en especial la bolsa y los bancos, al punto que ahora encargaron un informe al Centro de Estudios Internacionales y al Instituto de Economía, ambos de la Universidad Católica, con el objeto de pasar del mero diagnóstico –que hay muchos, y de variada profundidad– a la acción concreta. El trabajo identifica una parte importante de los problemas regulatorios, tributarios, burocráticos, normativos y laborales que deben ser removidos si es que realmente se aspira a que Chile se convierta en una plataforma financiera.
Por cuatro meses, el centro que dirige el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, analizó las ventajas de nuestro país para transformarse en un sólido centro financiero, los cuellos de botella a despejar y la institucionalidad necesaria para que todo ocurra dentro de plazos claros y se avance con la rapidez y la eficiencia que los tiempos exigen.
Porque el trabajo –que no es un diagnóstico más, según recalcan sus autores– llega en un momento auspicioso: la crisis representa una oportunidad inigualable para que las economías y los inversionistas encuentren en Santiago un lugar seguro y confiable donde invertir. “Nos parece que este es un momento para que el país fortalezca e incremente su desarrollo en el área de los servicios, especialmente en el ámbito financiero. Lo ha hecho... pero en forma incipiente y sin aprovechar toda la potencialidad que tiene para dicho objetivo”, sostiene Cheyre.
En otras palabras, como los remezones económicos han dejado bien parado al país en términos de prestigio internacional, se recomienda estrujar lo antes posible esta imagen como un referente de certidumbre en la región.
En lo inmediato, la meta es reencantar con un proyecto que algunos ya califican de quimera y que otros defienden con sus avances graduales. Y nada mejor que un seminario para relanzar la idea, el cual tendrá lugar este 21 de agosto y será inaugurado por el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Allí estarán los actores públicos y privados involucrados en el asunto, además de expertos del Instituto Libertad y Desarrollo y la Corporación Proyectamérica, debatiendo en detalle las trabas que no se han podido remover en todos estos años.
CFI o plataforma de negocios
El análisis –recopilado en 60 páginas bajo el título Obstáculos para el desarrollo de un mercado financiero y de capitales regional: diagnóstico– tiene como principal objetivo el definir los “nudos” que han impedido que esta idea largamente planteada pueda concretarse.
Rolf Lüders, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, plantea que tal como remover los obstáculos a la exportación de bienes dio un gran dinamismo a las exportaciones chilenas hace 30 años, eliminar las vallas a las exportaciones de servicios relativamente sofisticados –en particular, de los servicios financieros– puede convertirse en la principal fuente de crecimiento futuro de las exportaciones. Incluso, como una opción a la expansión industrial en esta etapa, sobre todo si se considera que estudios señalan a los servicios financieros como el área de mayor potencial en términos del menor esfuerzo para ganar competitividad.
Así, se visualiza a Chile como un Centro Financiero Internacional (CFI), entendido éste como los mercados financieros localizados en una nación y que sirven a numerosos países de diferentes regiones. Aunque acá se debiera propender a un centro financiero regional, plantea inicialmente el estudio, porque el mercado financiero chileno es relativamente pequeño. En su parte conclusiva, sostiene que aunque las ventajas de que Chile se convierta en una plataforma financiera y de servicios parecen atractivas, los beneficios en términos del mercado financiero “no son relevantes” al segmentar las operaciones de residentes y no residentes, porque se deja de lado el principal beneficio de un CFI: la estimulación del mercado local a través de la participación de importantes agentes financieros a nivel regional y mundial.
Es por ello que –dadas las características del mercado financiero chileno– “la instalación de una plataforma integrada parece ser la opción más atractiva, pues es la única que además de aprovechar la reputación del país en aspectos macroeconómicos y políticos, aprovecha el gran potencial que el mercado financiero local parece tener”, puntualiza. Esto no elimina la posibilidad de poner en marcha un esquema offshore para los servicios y se destaca que la combinación de un CFI y una plataforma de servicios permitiría beneficios y sacar provecho del mercado financiero chileno.
Hernán Somerville señala a Capital que la idea inicial siempre fue convertir a Santiago en un CFI, pero después evolucionó a ser una plataforma para empresas multinacionales que querían hacer negocio en América latina usando a Chile como base, como es el caso de Endesa España.
Hay experiencias exitosas aisladas. Fernando Concha, gerente general del Citigroup en Chile y a cargo de las divisiones corporativa y de inversiones, dice que la principal ventaja de Chile, aparte de su estabilidad política y económica, es el talento del recurso humano. El Citi está en el país desde 1916. Hoy mantiene acá la dirección general para Sudamérica, como también un centro de desarrollo de software para aplicaciones financieras y bancarias y los servicios asociados de soporte. Lo que sí es necesario mejorar para que más oficinas regionales se instalen en Chile, recalca, “son los esquemas tributarios e incentivos para mover personal internacional a Chile”.
Carrera con obstáculos
En su carrera por ser un exportador de servicios financieros, Chile tiene ventajas conocidas, como el nivel de las instituciones en relación a las de la región, las políticas sociales y económicas, la protección de la propiedad privada y de los inversionistas, la transparencia en la formulación de las políticas públicas y el desarrollo en infraestructura y telecomunicaciones. Los mercados financieros están relativamente evolucionados, con una capitalización del mercado de las bolsas de Santiago equivalente a 1,3 veces el PIB, elevados activos bancarios y un rol relevante de las AFP, las administradoras de fondos mutuos y las compañías de seguros. Y así lo destaca el documento de la UC.
Pero es en el listado de “nudos” que persisten donde radica el epicentro del trabajo, ya que a partir de su identificación se plantean reformas que –en opinión del abogado Franco Brzovic, participante en la investigación– no son irreales o irrealizables, sino respuestas concretas, unas para profundizar un tema y otras para aplicar desde ya.
Los obstáculos son numerosos y variados: algunos aspectos de la Ley de Quiebras, la necesidad de regular los holdings financieros, puntos de la legislación (hoy en el Parlamento) sobre secreto bancario, aspectos de las normas sobre emisión de valores en el país por parte de extranjeros y diversos acápites de la actual Ley de Plataforma Financiera.
Esta última norma –que Somerville recuerda que salió como producto del trabajo que hicieron con Yrarrázaval, cual “quijotes”- es un avance según los analistas, pero presenta todavía aspectos por corregir. Entre los principales, aquel que obliga a las sociedades que deseen acogerse a ella constituirse como sociedades anónimas abiertas o bien cerradas, pero siempre bajo la ley de las abiertas. “Esto implica una serie de regulaciones que disminuyen el atractivo de establecerse de manera offshore en Chile. En particular, las sociedades anónimas abiertas quedan sujetas a la regulación de la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que deben llevar contabilidad según los principios contables chilenos generalmente aceptados, además de la que llevan según sus países de origen”, indica el estudio.
Otros puntos mencionados respecto de la Ley de Plataforma Financiera son, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos interpretó que las sociedades-plataforma no pueden hacer depósitos de dinero en bancos chilenos o extranjeros, pues su giro único es invertir en acciones o derechos sociales. O que las limitaciones al endeudamiento exterior desincentivan la utilización de la entidad jurídica de sociedad-plataforma pues, al realizar operaciones offshore, justamente se busca evitar regulaciones de ese tipo.
El sistema tributario es otra área a reformar, según el análisis, porque a menudo hace perder competitividad y requiere ser adaptado a las necesidades de una economía muy abierta al comercio y al financiamiento internacional.
También hay asuntos pendientes si se trata de expandir las exportaciones de servicios financieros: la conveniencia de expandir tratados de doble tributación, eliminar el impuesto de timbres y estampillas a las transacciones internacionales de recursos financieros, eliminar el IVA a las exportaciones de servicios financieros y modificar el impuesto adicional, entre otros.
La burocracia también emerge en esta larga nómina. Poca claridad en los procesos aduaneros y dificultades para hacer legalizaciones y traducciones oficiales son parte de las correcciones por efectuar.
En materia laboral, Chile presenta problemas importantes para avanzar hacia una plataforma de negocios. Ejemplos: el límite para la contratación de trabajadores extranjeros, los obstáculos que éstos enfrentan para conseguir visa, la inflexibilidad laboral, los elevados costos de despido y la falta de dominio del inglés.
La plataforma financiera sigue como objetivo, pero en estos años hay algunos progresos, según Somerville. Entre éstos, menciona las modificaciones en la legislación para desarrollar el sistema financiero para estándares regulatorios internacionales, facilitar el acceso al crédito de la mediana empresa e integrar el mercado local a la plaza internacional. Enumera la reforma a la Ley de Bancos, en 1997; las reformas I y II al mercado de capitales (2001 y 2007); y la Ley 19.840 sobre Plataforma de Inversiones, del año 2002, que fijó beneficios tributarios para las empresas que invirtieran en Chile hacia terceros países y que no ha tenido los efectos esperados.
Un camino de años…
Para concretar las reformas, el estudio define un itinerario con, al menos, dos grandes pasos. El primero, su difusión (con el seminario como elemento clave), debate e incorporación de todas las opiniones relevantes. Luego, la designación de un comité responsable de liderar el proceso de reformas.
Se indica que “éste podría ser constituido para acompañar los esfuerzos de reforma en los mercados de capitales a nivel del ministerio de Hacienda –con los cambios que se estimen pertinentes para darle más efectividad– y debiera tener las atribuciones y recursos correspondientes a los demás clusters definidos por la autoridad.
Víctor Toledo, presidente del Royal Bank of Scotland para Chile, fue uno de los consultados en los más de 20 encuentros de análisis previos a la redacción del documento. Toledo agrega un factor relevante para el debate que viene: incorporar la visión y la experiencia internacional para así entender y adoptar los códigos de operación de los centros financieros existentes. “Se requiere conocer y adoptar modelos de operación y estándares ya aceptados internacionalmente en lo que se refiere, por ejemplo, a modelos de gobiernos corporativos, a barreras de entrada a los operadores de los mercados financieros y, por cierto, a los clientes”, precisa.
Por cierto, toda esta tarea no es simple ni rápida. De hecho, los autores de la investigación visualizan un camino de años. Lüders sostiene que realizar los cambios propuestos por el diagnóstico del equipo de la UC, por su amplitud y profundidad, “será necesariamente parte de un proceso cuyo tiempo de ejecución se debe medir en años, más que en meses”. Y eso, porque se está hablando de concretar los proyectos de ley de reformas regulatorias, reorganizaciones institucionales, modificaciones administrativas específicas y otras políticas públicas.
Aparte del factor tiempo, hay otro conflicto fundamental por resolver: la indiferencia frente al tema entre las autoridades políticas y económicas. Y lo dice Somerville, el paladín de esta cruzada de años. Según él, la principal valla es cultural, ya que no existe conciencia de la importancia de la economía de servicios. Tras hablar con varios presidentes de la República, todos los cuales mostraron gran interés, finalmente estos temas se fueron diluyendo. Un deja vu histórico que el nuevo estudio ambiciona justamente evitar.