Coffee Break
Crecimiento verde

Artículo correspondiente al número 265 (15 al 26 de noviembre de 2009)

 

Proteger una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo, como es América Latina, al mismo tiempo que se promueve el desarrollo económico debería estar en la agenda de todo presidente. Por Steve Sanderson.

Desde la Conquista, la conservación ha tenido un lugar secundario respecto al imperio, a la construcción de naciones y al crecimiento económicos. Hoy los resultados son evidentes: ecosistemas fragmentados, comunidades desplazadas, biodiversidad perdida y cursos de agua alterados. El costo derivado del boom del caucho, por ejemplo, puede ser rastreado un siglo más tarde en su impacto sobre especies, poblaciones humanas y enfermedades infecciosas en Putumayo: cicatrices dejadas por el súbito arribo humano al Amazonas.

El uso prudente de los productos primarios del hemisferio (agricultura, pesca, forestal y minería) seguirá siendo importante para la estrategia económica global de América latina. Pero ya no es el continente de nuestros abuelos. En sólo una generación, la región ha demostrado su capacidad para situarse más allá de la simple explotación de recursos y derivar hacia una estrategia más amplia que ha modernizado casi todas las economías. Quienes predicen que el siglo XXI pertenece a Asia, deberían mirar más de cerca hacia nuestro hemisferio, el que podría tener la mejor base institucional de cualquier mercado emergente regional para tomar ventaja de la próxima expansión económica.

Pero ahora, más que nunca, debemos tener en mente los costos de este desarrollo para el medioambiente del hemisferio. Las crecientes economías latinoamericanas impondrán gran presión sobre los recursos naturales existentes, incluyendo la energía y la infraestructura para ésta. El dióxido de carbono y otras emisiones de gases trazables aumentarán, afectando los parques y áreas protegidas dela zona, que ya están amenazadas por el cambio climático.

La política pública aún no ha evolucionado para responder a estas nuevas presiones. La mayoría de las naciones latinoamericanas sigue recurriendo a los modelos de crecimiento del pasado, con sustitución de importaciones, incremento exportador, nacionalismo económico, proyectos grandiosos de obras públicas, crecimiento sin equidad y extracción insostenible de recursos en el sector primario.

Esta vez, la globalización y mercados laborales relativamente libres complican el escenario y, como resultado, los desafíos que enfrentan los estrategas políticos son dantescos. ¿Los imperativos del crecimiento desplazarán la preocupación por la sustentabilidad? ¿Los estados débiles en áreas biodiversas serán capaces de regular y proteger su patrimonio nacional de cara a una explotación de gran escala? ¿La vida silvestre será confinada a áreas protegidas cada vez más pequeñas? ¿El crecimiento económico y los mercados laborales libres se traducirán en la diseminación de las enfermedades zoonóticas que plagan tanto la vida silvestre como la salud pública humana?

Es posible imaginar un futuro más positivo, en el cual las políticas se definan para seguir la esquiva “curva ambiental Kuznets” (en palabras simples, la propuesta de que el medio ambiente se protege más a medida que los países alcanzan mayor bienestar); donde la planificación regional hidrológica y de infraestructura defina un nuevo estándar global para la sensibilidad ambiental y donde América latina lidere al mundo en conservación y cambio climático y en la prevención de enfermedades infecciosas emergentes.

Sería sencillo dejar las cuestiones de conservación y desarrollo a los gobiernos nacionales. Pero muchos desafíos de conservación latinoamericanos ocurren en escala regional a global, a pesar de los requerimientos de protección medioambiental nacionales a locales.

La “responsabilidad de proteger”, un término acuñado por la comunidad de derechos humanos para subrayar la necesidad de acción colectiva de las naciones contra abusos de lesa humanidad, se extiende fácilmente a la protección del medioambiente. Pero la preocupación de los líderes electos con frecuencia se traduce en una “discrecionalidad nacional respecto de proteger” que prohíbe la interferencia externa e inhibe la acción regional colectiva.

 

 

Tiñendo de verde el sueño bolivariano

 

Los ideales bolivarianos de una América del Sur unificada son hermosamente imprecisos. En tiempos contemporáneos, el Tratado del Amazonas, el panamericanismo, Mercosur, el Pacto Andino e incluso los carteles de commodities fracasados de los 70 han marcado los esfuerzos de los latinoamericanos por trascender los localismos, ¿Por qué no desear esfuerzos continuos como esos también en conservación?

Biológicamente, América latina es el país de las maravillas de la evolución y diversidad. Más de la mitad de los bosques tropicales lluviosos del mundo están en Latinoamérica. Es imposible asegurar su integridad dentro de las fronteras de un solo país. Considere los Yungas de Perú y Bolivia, o los Chocó de Colombia y Panamá. De los 18 países considerados “mega diversos” por el Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial, siete de ellos están en América latina: Brasil, Ecuador, México, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela. Más allá de esa clasificación, se estima que sólo el norte de Bolivia contiene 13% de la biodiversidad de aves del mundo. Casi 45% de todas las especies de aves se encuentran en las Américas, con rutas migratorias de algunas de ellas, como el fantástico Playero ártico, extendiéndose desde Artico hasta Tierra del Fuego.

La importancia biológica de América latina difícilmente se limita al trópico. La Patagonia es crítica para la salud de las pesquerías del Atlántico y del Pacífico sur, un laboratorio para el cambio climático global de alta latitud y el agotamiento polar de la capa de ozono, y hogar del bosque más austral del mundo en Tierra del Fuego. Sólo en una reserva recién creada en el golfo San Jorge, Argentina, hay trece especies de aves protegidas. Un millón de pingüinos magallánicos reside en la costa patagónica, y las islas Jason, del grupo Falkland/Malvinas, son el hogar de la mayor colonia de albatros de ceja negra en el mundo: 140.000 parejas reproductivas.

A nivel nacional, la rica tradición latinoamericana de áreas protegidas se remonta hasta comienzos del siglo XX. Argentina estableció un parque nacional en 1903. Perú avanzó al concepto de concesiones de conservación, una categoría legal según la cual se puede entregar una concesión sin una exigencia de uso. Chile promulgó una adelantada Ley de Bosque Nativo recién este año, después de un debate abierto de amplia construcción de consensos, y de un historial moteado de regulación forestal que puede trazarse hasta la impresionante fecha de 150 años atrás.

A nivel regional, los orígenes de la cooperación hemisférica en conservación (en oposición a exploración y colección) datan de hace más de 100 años, cuando los biólogos comenzaron a preocuparse por la población decreciente de aves cantoras migratorias en el neotrópico, mamíferos marinos en el Pacífico y Atlántico y la vida silvestre en las Galápagos.

El historial desde entonces es sólido y consistente, aunque disparejo. Recientemente, esfuerzos como el Corredor del Jaguar en Mesoa-mérica (y más allá), la iniciativa Yellowstone-a-Yukón para conservar una amplia región del noroeste americano, el proyecto Americas Flyway que reúne a 36 organizaciones socias de BirdLife International a través de las Américas y muchos otros compromisos regionales han mostrado el poder de los consorcios y la visión multinacional.

Pensar regionalmente conduce al gran Pantanal, el humedal más grande del mundo, que alimenta la hidrología de un área diez veces más grande que los Everglades de Florida. Asimismo, los grandes “archipiélagos verticales” de comunidades precolombinas en los Andes estaban, de hecho, construídos sobre biomas que permitían el comercio y la diferenciación agrícola entre villorrios. Esos remanentes, humanos y naturales, constituyen ahora el paisaje Madidi-Tambopata, que cubre 25 millones de acres de la frontera boliviana y peruana.

Pero el impacto ambiental del crecimiento económico en décadas recientes ha sido devastador. Grandes represas en las últimas épocas, justificadas por la necesidad de más generación eléctrica, control de inundaciones, riego y otros imperativos del crecimiento, inundaron bosques y pantanos valiosos, desplazando personas y ahogando animales.

Los desarrolladores secaron humedales, haciendo que emitieran el CO2 que permanecía atrapado en el suelo y en la vegetación acuática. Los sistemas fluviales de la región han quedado fragmentados por enormes proyectos de desviación (según la Comisión Mundial de Represas, tales proyectos han afectado a 60% de los ríos del mundo). Uno de los muchos ejemplos familiares, la represa Tucuruí en Brasil, inundó 2.600 kilómetros cuadrados de bosque tropical de tierras bajas y sigue generando emisiones sustanciales de gases de invernadero con sus operaciones. Del mismo modo, las redes camineras en la Amazonía brasileña de los 60 y 70 se convirtieron, de hecho, en un mapa de ruta para la deforestación en espiga, proyectos de colonización no sustentables, comercio ilegal de vida silvestre y pérdida de biodiversidad.

Pero eso ocurrió una generación atrás. Ciertamente, los proyectos modernos de infraestructura lo harán mejor. ¿O no? La planificación actual de infraestructura, como IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) hace referencia a la sustentabilidad, pero no enfrenta a los bien conocidos costos de caminos y represas de pasada para la vida natural y de comunidades humanas. El compromiso de IIRSA con la sustentabilidad se contrapone con el financiamiento que otorga para la construcción de caminos que cortan el continente a la mitad. Tampoco los signatarios, ni siquiera los más capaces, muestran un interés en el futuro de la conservación que se refleje en sus proyectos.

 

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