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Artículo correspondiente al número 266 (27 de noviembre al 10 de diciembre 2009)
La Cumbre de Copenhague ya no será ese hito de actualización de compromisos ambientales por parte de los países desarrollados. Todo indica que sus promesas se reducirán a una tibia hoja de ruta, mientras chutean la pelota para diciembre de 2010, cuando México los vuelva a congregar en la lucha por controlar el cambio climático. Por Marta Lillo.
La ronda de negociaciones que tenía como propósito fijar, a más tardar a fines de este año, las políticas globales de lucha contra el cambio climático hacia 2050 se dio por muerta incluso antes de comenzar.
Un protocolo transparente y preciso en diciembre habría bastado para aclarar qué esperar en materia de políticas económicas y energéticas durante los próximos 40 años. Y si bien continúan los esfuerzos por alcanzar un acuerdo sustantivo en el marco de la cumbre de Copenhague, ciudad sede de las negociaciones en cuestión, la sensación en el ambiente es de “sálvense quien pueda”. Un escenario complicado, especialmente para economías como la chilena.
Porque se hará camino al andar durante todo 2010 hasta lograr completar un tratado que deje a todos conformes (una tarea titánica, considerando que son 190 los países negociantes y cuatro los puntos de discusión). La nueva meta es que se llegue con un documento claro (ahora sí que sí) a la cumbre de cambio climático de Ciudad de México en diciembre del próximo año.
Que a estas alturas ese documento no exista genera el temor de que, sin esa hoja de ruta, cada nación buscará compensar como pueda sus niveles de contaminación. Esto podría incluir brotes de proteccionismo climático, como alza de impuestos a productos importados que no cumplan con su particular estándar ambiental y discriminaciones arbitrarias. El panorama se complica más para los países que dependen altamente del transporte aéreo y marítimo para sus exportaciones, como el nuestro.
Un castigo a aquellos productos que deban viajar grandes distancias, aún cuando hayan contaminado poco en su elaboración, está dentro de los escenarios proyectados. Es la temida huella de carbono. En especial, si se espera que sean los consumidores el primer filtro que habrá que superar. Porque serán ellos los que finalmente discriminarán entre las huellas que comenzarán a ver en las estanterías de botellas de vino y frutas exóticas en los supermercados, y a la hora de comprar un automóvil, ropa o incluso subirse a un avión.
Clima interno
Chile no es sólo un observador en las negociaciones, pero está con las manos atadas. La posición local se inclina por facilitar la concreción de una hoja de ruta con parámetros claros. La delegación nacional participa, interviene y opina tanto en las conversaciones plenarias como en encuentros más reducidos entre los países negociantes. Forma parte del Grupo de los 77 + China, el principal representante de los intereses de las naciones en vías de desarrollo, y las políticas adoptadas internamente están entre las más serias aplicadas en el mundo emergente.
Claro, es el rol que le corresponde a un país que hoy es responsable de apenas 0,3% de las emisiones mundiales de GEI. Pero todo esfuerzo doméstico, tanto del sector público –un plan de acción contra el cambio climático y eficiencia energética ya está en funcionamiento– y del sector privado –cálculos de huella de carbono y programas de reducción de emisiones, reforestación y uso eficiente de la energía– por sí solo no será suficiente para salvaguardar los intereses comerciales y sociales chilenos ante la falta de un acuerdo concreto que subordine a las potencias mundiales, nuestros principales socios comerciales, a un compromiso.
Chile debe lidiar también con sus propios fantasmas. Si sigue en la tónica business as usual, es decir, mantiene el status quo actual –una economía intensiva en el uso de combustibles fósiles–, vería aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera en más de dos veces hacia 2030.
Con esto, nuestro país podría llegar a perder un 1,1% anual del PIB hacia 2100, según pronósticos del reciente informe Economía del Cambio Climático. En términos absolutos, el costo sería de hasta 300 mil millones de dólares, sumando los impactos del cambio climático en los sectores silvoagropecuario, hidroeléctrico y de agua potable. La cifra subiría todavía más si se midieran áreas como la minería, la industria, el agua potable (fuera de Santiago), recursos pesqueros y acuícolas, biodiversidad, la salud y hasta fenómenos extremos.
Nubosidad parcial
¿Qué pasó? A los negociadores se les acabó el tiempo para alcanzar un acuerdo legalmente vinculante entre el 7 y 19 de diciembre, que es cuando tiene lugar la cumbre de Copenhague. Condición clave si se quiere lograr que más de cien países cumplan con un tratado tan ambicioso como el que pretende reducir a la mitad las emisiones mundiales de gases efecto invernadero (GEI), principal combustible del cambio climático, durante los próximos 40 años.
Todo, para evitar que las temperaturas mundiales se eleven en más de 2º Celsius hacia 2050. La temperatura del planeta se elevó en 0,7º C en el último siglo y se cree que el 90% de la subida se explica por actividades humanas.
Las naciones negociantes debían ponerse de acuerdo en cuatro puntos. El primero, un compromiso físico de reducción en millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) de las emisiones GEI por parte de los países desarrollados, como Estados Unidos, Japón y los estados miembros de la Unión Europea. Segundo, el acuerdo de los países emergentes para adoptar acciones de mitigación apropiadas a su realidad económica, ya que –a excepción de China e India– estas naciones no son grandes contaminadores del medio ambiente. En tercer lugar, calcular cuánto costaría financiar estos esfuerzos globales, fondos que a su vez deberían provenir de las economías industrializadas. Cuarto punto: definir quién administraría estos dineros, si una institución ya establecida o si se crearía una entidad especial para ello.
Sea una profecía autocumplida, la falta de compromiso político, o diferencias irreconciliables, el hecho es que ya no hay un antes y un después de Copenhague. La ciudad danesa se suponía el encuentro culminante de la serie de conversaciones y reuniones que se vienen dando desde la creación del Protocolo de Kioto en 1997, el único principio formal de combate a este fenómeno ambiental, y que expira en 2012.
Todo indicaba que las conversaciones habían tomado un auspicioso curso desde mediados de este año. Pero hace un par de semanas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se encargó de hacer público un sentir que ya la Unión Europea había advertido: no quedaba tiempo para un acuerdo legalmente vinculante. La sensación ya había calado en las cumbres de Bangkok en octubre y Barcelona en noviembre. Ante la urgencia que generó el hecho de que faltara tan poco y se avanzara tan lento, los países más contaminantes del mundo, EEUU y China, anunciaron que presionarán para que en Copenhague se alcance una hoja de ruta inicial, y que a medida que avance el próximo año se vayan cumpliendo los objetivos finales. Al resto del mundo no le quedó más alternativa que cuadrarse.