 |
Bienvenido, te encuentras en Inicio  Coffee Break Abogados forzosos |
Herramientas
Califica este artículo
Otros artículos de la sección:
- Golpe de cátedra de Celfin (Nro. 225)
- Aserraderos, un sector que no para de caer (Nro.253)
- Marshall lanza el centro para el retail de la UNAB (Nro.298)
- Celfín y sus próximos anuncios (Nro. 229)
- Pasión oliva (Nro. 202)
Coffee Break
Abogados forzosos
Artículo correspondiente al número 225 (4 al 17 de abr 2008)
El Colegio de Abogados, presidido por Enrique Barros, recurrió a la OIT en octubre de 2006 a raíz de la obligación legal que pesa sobre los abogados chilenos, especialmente los que ejercen en regiones o provincias, de trabajar gratuitamente a favor de terceros y también del Estado, bajo amenaza de ser sancionados con suspensión del ejercicio de la profesión hasta por seis meses.
¿Qué pasó con la queja? Bueno, pasó que la OIT acogió la reclamación y designó a un comité para que se pronuncie, lo que es un paso muy importante, ya que busca evitar situaciones como la de una abogada a la que se le asignaron más de 90 causas mientras se encontraba de postnatal u otro abogado de Osorno, de casi 80 años, que empezó a ser designado en turnos para representar a distintas personas.
Pero eso no es todo. El Colegio de Abogados también presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional por este último caso, el que ya se alegó y quedó en acuerdo y esperan que este tribunal declare inconstitucional la norma en cuestión. El Colegio alega que cuando se establecieron las normas sobre la práctica profesional obligatoria en la Compañía de Asistencia Judicial y el sistema de abogados de turno –listas mensuales de abogados que deben quedar disponibles para la defensa de casos que encomienden los jueces y que, curiosamente, siempre incluyen a abogados jóvenes o de mucha edad y nunca muy conocidos– existía una justificación ética de devolver al Estado lo que éste había gastado en la educación de ellos,pero hoy –dicen–, no hay educación universitaria gratuita y, además, plantean que el Estado tiene ahora capacidad económica para cumplir con la obligación constitucional de proporcionar justicia.
Tel: 810 7500 - Fax: 810 7571 - comentarios@capital.cl
