Capital Legal
Veredicto final

Artículo correspondiente al número 257 (24 de julio al 6 de agosto de 2009)

 

A sus manos llegan los asuntos más complejos en materia constitucional y económica. Son metódicos y muy formales. Son los ministros de la tercera sala de la Corte Suprema, esa instancia que muchos temen y todos respetan. Por primera vez en Capital, habla su presidente, Adalis Oyarzún, quien evalúa la legislación sobre libre competencia y pone en el tapete la necesidad de crear tribunales especializados en materia administrativa para agilizar el sistema. Por Paula Vargas.

Manejan diariamente recursos de casación, garantías constitucionales, asuntos tributarios, amparos económicos... en fin, un abanico de complejas materias que requieren un estudio acabado y en el que los cinco ministros de la tercera sala de la Corte Suprema tienen experiencia de sobra. Su presidente, Adalis Oyarzún, cuenta que resolver sobre esta variedad de temas requiere una gran dedicación y análisis. En suma, pura disciplina.

Este grupo sabe de desafíos. Los asume casi a diario y no sólo tienen que ver con la diversidad de materias a resolver, sino con modificaciones legales sustanciales, como es el caso de la nueva legislación sobre libre competencia, que lleva cerca de cinco años operando y que continúa siendo –a su juicio– de una gran complejidad debido a los elementos técnicos asociados a las causas y también, a su novedad. “Si bien en el fondo se trata de leyes, la experiencia práctica de su aplicación es muy poca”, justifica Oyarzún.

Por eso mismo, reitera que en casos de libre competencia o normativas medioambientales lo que han hecho es desarrollar un trabajo minucioso, evaluando la experiencia internacional pero sin perder de vista la realidad local, para resolver fundadamente.

El asunto se vuelve más espinudo cuando se trata de materias muy específicas o técnicamente muy complicadas que derivan de actos o resoluciones de otros órganos del Estado como, por ejemplo, el caso de la licitación de espectro de Tercera Generación (3G), lanzada por la subsecretaría de Telecomunicaciones. Allí dependen básicamente de las explicaciones de las partes y por eso mismo advierte que es conveniente modificar algunos aspectos legales para agilizar el sistema.

 

 

Las reformas

 

Propone, para ello, la creación de tribunales especializados que traten materias de carácter contencioso administrativo, las que incluyen materias vinculadas con aspectos económicos y medioambientales, así como de la aplicación de sanciones no entregadas a la justicia criminal.

Según el ministro de la Corte Suprema, la competencia de estos tribunales debiera terminar con la situación en que actualmente están alrededor de 150 procedimientos contenciosos administrativos especiales. Igualmente, reduciría en la práctica la utilización del famoso recurso de protección. De ahí la conveniencia de hacer estos ajustes.

Sobre otras materias pendientes, el ministro señala que no es un tema de fácil respuesta. “Esta pregunta incide necesariamente en temas que corresponden a modificaciones legales, como la competencia de la Corte Suprema y de los otros tribunales, recursos legales, y otros procedimientos”.

Sin embargo, destaca las medidas adoptadas por el Poder Judicial y, en particular, por la Corte Suprema que no son materia de cambios legales y que han tenido gran impacto en la resolución más expedita de casos y causado un aumento sostenido en el ritmo de trabajo. Consigna que actualmente todas las salas del tribunal se encuentran conociendo y fallando causas del año 2008 y 2009.
Es más, en los casos de las reclamaciones realizadas por las sentencias dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, enfatiza que el plazo de respuesta demora –en promedio– entre tres y cuatro meses desde que ingresa a secretaría hasta que se determina la sentencia. Así es como desde la existencia del TDLC, la sala ha resuelto 50 reclamaciones; entre ellas, la petición de Falabella y Paris en contra del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE); y la demanda del Banco de Chile en el caso conocido como la guerra del plasma; y la reclamación de la FNE contra las isapres ING, Vida Tres, Colmena, Banmédica y Consalud, entre otras tantas.

 

 

Los superpoderosos

Adalis Oyarzun. Abogado de la Universidad de Chile, titulado en 1967. Inició su carrera como juez en la XI Región. Entre 1983 y 1992 fue ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, siendo su presidente entre los años 1988 y 1991. Más tarde presidió el Tribunal Electoral de la XII Región y en 1992 se instaló en Santiago; esta vez, como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que también presidió. Pasó a ser miembro de la Corte Suprema en 2002. Hector Carreño. Su carrera judicial partió en el año 72 como secretario del Juzgado de Letras de Coquimbo, del cual más tarde fue juez titular. Su carrera continuó en la Corte de Apelaciones de La Serena y luego en la de San Miguel, hasta que en 2006 pasó a integrar la Corte Suprema en calidad de ministro. Tiene una vasta trayectoria en la academia, como profesor en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile y en la Universidad Gabriela Mistral. Pedro Pierry. Abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, de una gran trayectoria académica y dedicación a la vida pública. Fue abogado del Consejo de Defensa del Estado y miembro del Consejo de Monumentos Nacionales, hasta que en 2006 fue nombrado ministro de la Corte Suprema y ministro del Tribunal Calificador de Elecciones. Sonia Araneda. Abogada de la Universidad de Chile. Inició su carrera judicial en 1966 en el Juzgado de Letras de San Javier. Fue ministra de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Rancagua y Chillán. Después de una larga trayectoria en diferentes instancias del Poder Judicial, en 2007 asumió como ministra de la Corte Suprema, e integra la Comisión de Relaciones Institucionales del organismo judicial. Haroldo Brito. Abogado de la Universidad de Chile. Inicia su carrera judicial en el año 1975 como juez de Letras de Los Andes, fue relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, juez del 5° Juzgado del Crimen de Santiago y de 2° Juzgado del Crimen de Valparaíso. Llegó a la Corte Suprema el año pasado, donde se integró como ministro. También tiene a su haber una larga trayectoria académica como profesor de diferentes universidades.

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