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Artículo correspondiente al número 233 (25 de julio al 7 de agosto de 2008)
Una remuneración mínima tiene que estar acorde con la realidad del mercado, pero también proteger al más desprotegido.

Hugo Herrera Arellano
Profesor de Derecho y
Filosofía, Universidad
de Los Andes
El proyecto para elevar el sueldo mínimo a 159 mil pesos fue aprobado en la Cámara y el Senado. Esta cifra se distancia de los 250 mil pesos que el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, propuso en su momento como salario ético y de lo que muchos consideran como un salario justo.
Pero también se aleja de los deseos de economistas que invocan efectos negativos derivados de dicho aumento; entre ellos, el incremento de la inflación y la dificultad para encontrar trabajo de quienes aún no lo tienen. Algunos se oponen completamente a la fijación de salarios como tal, señalando que la mejor actitud consistiría en dejar actuar al mercado. Total, se dice, el mercado no es más que la suma de los intereses de la gente. Si hay sueldos bajos, es porque el mercado no valora más esos trabajos.
Es cierto que hay tareas menos valoradas por el mercado. También, que un aumento por ley del sueldo mínimo que no refleje la capacidad social de pagarlo no es sustentable en el tiempo. Sin embargo, estos razonamientos deben ser complementados.
¿En qué condiciones tiene que estar dispuesta a habitar, comer y vestirse una familia con 160 mil pesos mensuales? ¿Puede pensarse aquí en posibilidades ciertas de esparcimiento y acceso a la cultura? ¿No queda esa familia en riesgo mayor de caer en la marginalidad que, al final del día, puede ser muchísimo más cara para la sociedad?
El mercado no es expresión pura de “los intereses de la gente”. No es la democracia o la ideal plaza pública de Aristóteles, donde las partes son libres, iguales e informadas. En el mercado existen posiciones mejor representadas que otras, pues cada parte concurre y vale en función de la cantidad de recursos económicos que maneja. De tal modo que uno puede, por ejemplo, valer por cien, por mil o por diez mil.
La racionalidad según la que las partes operan en el mercado es una racionalidad utilitaria: el otro es considerado no preponderantemente como persona –fin en sí misma–, sino en función de la utilidad o beneficio económico que reporte
como mero medio.
Es de presumir, entonces, que, abandonado a sí mismo, el mercado posibilitará a los mejor representados servirse de los peor representados, para maximizar sus propios beneficios.
No pretendo hacer un juicio moral. También trabajadores y consumidores buscan maximizar utilidades. Se trata de un problema institucional. Cabe preguntarse por la legitimidad de dejar al mercado abandonado a su libre juego y si no resulta mejor limitar ese juego según criterios de justicia e interés general: sujetar el mercado al Derecho.
Esto no significa necesariamente hacer caer la carga de elevar los sueldos sólo sobre los empresarios. Como se trata de un asunto de interés público, cabría pensar también en medidas fiscales. Por ejemplo, en subsidios o exenciones tributarias a pequeños y medianos empresarios, que les permitan complementar el sueldo de sus trabajadores (en la línea del beneficio previsional actual para trabajadores jóvenes). Medidas como esa son practicables económicamente y no sólo mejorarían la calidad de vida de los trabajadores realizando justicia, sino que reducirían la tan peligrosa y también cara marginalidad social, cuyos costos es necesario incluir en esta discusión.