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Artículo correspondiente al número 225 (4 al 17 de abr 2008)
Espacio de Derecho UC es la apuesta de la facultad de Derecho de la Universidad Católica para renovar sus instalaciones. El proyecto partió en enero con la construcción de un edificio en la casa central, el que será financiado incluyendo el aporte de privados.

Cuando en 2003 los abogados Arturo Yrarrázaval y Roberto Guerrero asumieron como decano y vicedecano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica, se propusieron no sólo potenciar a esta escuela en el área académica, con cambios en la malla de estudios, más profesores contratados, nuevos centros de investigación y mejores alianzas con escuelas del extranjero, sino también dotar a la facultad de una infraestructura de primer nivel.
Hoy día el plan ya tiene nombre y está en plena ejecución. Se trata del proyecto “Espacio de Derecho UC”, que considera no sólo la construcción de un moderno edificio de 3.600 metros cuadrados, sino obras adyacentes que se desarrollarán hasta 2009 y que pretenden dotar a los alumnos y profesores de salas cómodas y tecnología de punta; todo, en una superficie aproximada de 8.800 metros cuadrados. Además, el proyecto pretende ser un espacio abierto y en contacto con las facultades de Comunicaciones y de Medicina, que también funcionan en la casa central.
La Universidad financia la mayor parte de las nuevas instalaciones, pero dado que esos recursos no son suficientes para el nivel de infraestructura, equipamiento y nuevos programas educativos que se pretende introducir, las autoridades decidieron impulsar una campaña de financiamiento inédita en Chile para una escuela de Derecho. Se trata de involucrar en el proyecto a estudios jurídicos, empresas, gente cercana a la facultad y ex alumnos, de manera que aporten recursos a la iniciativa. Hasta ahora los resultados son auspiciosos, porque si bien aún no se lanza la campaña en forma masiva, son varios los particulares que se han comprometido. Para este año quieren recolectar 1.500 millones de pesos –el proyecto total estima una inversión de más de 3.500 millones de pesos– y ya completaron más de la mitad.
La idea es que los privados financien salas completas, las que llevarán un reconocimiento con el nombre del estudio, empresa o persona aportante. En el caso de contribuciones menores, éstas se destacarán en un gran mural con los nombres de los donantes.El salón de actos y el laboratorio de computación son las salas más caras, con un valor de 250 y 200 millones de pesos respectivamente. La sala de juicio oral, el auditorio y el centro de investigación valen 150 millones de pesos, mientras que las salas de clases bajan a 120 millones, la sala de mediación cuesta 60 millones y las salas de seminario, 30 millones de pesos cada una.
Algunos que ya han comprometido sus aportes son el grupo Angelini, que financió el salón de actos, y el Banco Santander, que se comprometió con la sala de computación; el estudio Claro y Cía. se inscribió con una sala de clases; Carey y Cía. financiará una sala de mediación; Allende y Bascuñán optó por dos aulas de seminario y los estudios Prieto y Cía. y Puga Ortiz financiarán una sala de seminario cada uno.