Capital Legal
Eugenio Evans

Artículo correspondiente al número 224 (21 de mar al 6 de abr 2008)

Abogado de la Universidad Católica y
magíster en Derecho Constitucional.
Socio del estudio Fermandois, Evans
y Cía., es especialista en materias
constitucionales y mercados regulados.

-¿Cuánto de la actual crisis energética tiene que ver con situaciones del pasado, como las regulaciones o cambios a la ley eléctrica que se han hecho en los últimos gobiernos?
-En general, tengo la impresión de que la actual coyuntura no se relaciona directamente con defectos en la regulación. Es más, tiendo a sostener que los cambios regulatorios habidos desde el año 2004 en adelante hansido beneficiosos para la industria eléctrica, con señales e incentivos que van en la dirección correcta. La actual crisis, en mi opinión, podrá encontrar con más facilidad su origen en nuestra dramática dependencia de factores externos, o sea, propios de la naturaleza (la profundidad de la sequía, por ejemplo) y la dependencia extrema de los recursos energéticos provenientes de otros países.

-¿Qué señales o incentivos son necesarios para aumentar la inversión en energía y disminuir los riesgos frente a situaciones de sequía y falta de gas?
-La seguridad energética no sólo es una finalidad que se obtiene por medio de una regulación que otorgue certeza a los inversionistas, sino que es un tema que debe enfrentarse con el liderazgo sufi ciente para poder convencer al país acerca de la importancia de esa seguridad y la necesidad de poder ser lo más independientes posibles en lo que a nuestro abastecimiento se refiere. Chile tiene un potencial hidráulico en Aysén que no debe desperdiciarse y tampoco debe postergarse por más tiempo la decisión de instalar centrales nucleares. Hoy día enfrentamos la sequía quemando petróleo y carbón, es decir, en base a combustibles caros y contaminantes. En el futuro, la sequía (que rara vez se presenta en Aysén) podrá superarse con centrales que exploten esa riqueza hidráulica desaprovechada y con una o más centrales nucleares, especialmente en el norte grande.

-¿Qué tan eficientes y proactivas han sido las autoridades chilenas y también las empresas para hacer cumplir los derechos que se derivan de los contratos y protocolos suscritos con Argentina en el tema del gas?
-Me cuesta creer que un comportamiento distinto de parte del gobierno y de las empresas hubiera generado un escenario mejor al que hemos tenido durante los últimos tres años. La carencia de inversiones (y nuevas exploraciones de pozos) en Argentina, el manejo político de los precios del gas en ese país y el aumento de los impuestos a las exportaciones hacia Chile, entre otras, son circunstancias que ni las autoridades chilenas ni menos las empresas importadoras y las eléctricas se encontraban en situación de controlar. Creo que el gobierno y las empresas sí han influido con sus negociaciones con autoridades argentinas en que, por lo menos, se haya asegurado el suministro de gas para los hogares y el comercio.

-¿Son sólo políticas las trabas para invertir en el desarrollo de energía nuclear?
-Sólo cuando exista la decisión concreta de un gobierno de permitir, facilitar o jugarse la carta de la energía nuclear, podremos saber cuáles son las reales trabas a esa clase de inversiones. Por ahora se aprecian grupos de interés y ONG ambientalistas que se oponen a este tipo de centrales (como también, por regla general, a las de Aysén), y asimismo prevenciones acerca de la capacidad del país para el manejo de accidentes y residuos. El día que exista la decisión política de instalar centrales nucleares, habrá que ver cómo se materializa jurídicamente y qué requisitos establecerá la regulación.

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