Capital Legal
Entrevista: Juan Pablo Olmedo

Artículo correspondiente al número 213 (21 de sept al 04 de oct 2007)

Abogado de la Universidad Católica, LLM, Universidad de Essex, socio de Colombara Olmedo, presidente de Pro Acceso y consejero de la Fundación ProBono. Es uno de los actores relevantes en el actual proceso legislativo de la ley de acceso a información pública, que incluye la creación del Consejo para la Transparencia.

-¿Cuáles son los principales efectos del fallo del Tribunal Constitucional en el caso Masprot contra el Servicio Nacional de Aduanas, en que el tribunal falló a favor del acceso a la información?

-El TC reconoció que la Constitución contiene el derecho implícito de acceso a la información pública y el precedente logrado fortalece la transparencia como fundamento del sistema económico. La experiencia muestra que las empresas son importantes usuarios del derecho de acceso a información, ya que las habilita para obtener información de sus competidores y de los mercados en poder del Estado. Asegura, además, el debido proceso, la no discriminación y la igualdad de trato frente a la autoridad y los competidores, fomenta la rendición de cuentas del gobierno e inhibe el fraude en las transacciones entre el gobierno y el sector privado. Por otro lado, impone a las empresas el desafío de determinar el secreto y el interés legítimo que les permiten participar competitivamente en el mercado.

-¿Qué opina respecto de la labor que realiza el Tribunal Constitucional y el rol que cumple en la justicia chilena?

-La participación de Chile en los mercados globales impone nuevos desafíos a la administración de justicia. Hoy se exige al poder judicial la especialización, mayores estándares de seguridad jurídica y el acceso a la información judicial, entre otros. Se requiere una modernización de la justicia civil que, siguiendo el camino de la reforma procesal penal, eleve los estándares legales y las prácticas institucionales. Para ello, la transparencia y la tecnología son herramientas indispensables. Las modificaciones introducidas al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y la creación del Tribunal de la Contratación Pública, responden a esta necesidad y son un claro avance del Estado y de nuestra sociedad.

-¿Está de acuerdo con quienes aseguran que el TC juega una función política relevante y que debe por ello autolimitarse para no excederse en su función?

-En las sociedades democráticas la labor del TC es esencial para dar protección a los derechos fundamentales de las personas y de los inversionistas. Si bien las competencias y funciones del TC se encuentran en la Constitución, queda pendiente la dictación de la ley orgánica que regula su funcionamiento. El Estado se encuentra en un proceso de asimilar, integrar y dar cumplimiento a las sentencias del TC y debe generar el consenso que permita su plena incorporación al ordenamiento jurídico.

-¿Considera que el TC se ha convertido en un colegislador?

-Las competencias actuales del TC son el resultado de necesidades compartidas de la comunidad nacional. Sus atribuciones no difieren de aquellas que ostentan sus pares en las sociedades democráticas y abiertas. El establecimiento de límites al poder legislativo, fundado en el respeto de la Constitución y los derechos fundamentales, no puede considerarse como una interferencia, sino como una colaboración importante al perfeccionamiento del Estado de Derecho.

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