Capital Legal
A propósito de los derechos del consumidor: Libertad, información, mercado y regulación

Artículo correspondiente al número 309 (23 de septiembre al 6 de octubre de 2011)

En mi condición de decano de una facultad de Derecho por una parte, y de abogado litigante por la otra, he enseñado por mucho tiempo y defendido siempre la necesidad de compatibilizar los conceptos de “libertad”, “información”, “mercado” y “regulación”.

Estos son cuatro conceptos que en muchos de los aspectos de nuestra vida en comunidad suelen no conjugarse como debieran o, al menos, no como a uno le gustaría. Esta reflexión surge a propósito del reciente debate en torno a los derechos del consumidor y la labor del Sernac.

Nada más cierto -y obvio- que la libertad es el ideal que debe presidir la conducta de quienes queremos considerarnos seres libres. Pero de inmediato surge la limitante de que mi libertad termina donde empieza la de mi semejante y, así, no podemos aspirar a una sociedad de puros derechos sino que tenemos que reconocer que éstos, necesariamente, conllevan obligaciones. La otra cara de un derecho es la obligación correlativa, y así como no puede ser pura libertad, la otra cara de la libertad es que mi acto afecte a la libertad de otro.

A esto se suma que, para que efectivamente pueda decirse que hay libertad de elección, es indispensable que haya también información. Si ésta no existe, o la información no es general sino sólo privativa de unos pocos, la libertad para seleccionar es en verdad ilusoria.

Sin embargo, no debemos olvidar que la información tiene costos, no es gratuita y tiene una limitación, por cuanto la obligación es ponerla a disposición del público, pero éste es libre para tomarla o no.

Por Miguel Schweitzer Decano de Derecho, Universidad Finis Terrae Socio de Schweitzer y Cía.

Si vamos al plano de la libertad económica, resulta básica la existencia del mercado; esto es, dejar que por medio de la oferta y la demanda se regule el valor de un determinado producto. Y ello es posible extrapolarlo no sólo a los bienes de consumo, sino a todo tipo de bienes de oferta limitada. El mercado, obviamente, no es aplicable a aquellos bienes de oferta ilimitada como el aire, las aguas lluvias o el conocimiento, que cada cual aprovecha a su antojo y sin temor a afectar al derecho de los demás.

Pero cuando la oferta es limitada, la distribución del bien escaso en una sociedad libre debería darse a través del mercado -oferta y demanda determinando el precio del producto- siempre que éste no presente asimetrías, en particular de información. Para suplir la falta de información o de acceso a ella, surge la necesidad de regulación y, como su consecuencia, la fiscalización de que se cumplan las reglas y normas establecidas. Otro tanto ocurre cuando un agente económico que actúa en un mercado tiene un mayor control sobre el riesgo que se genera. Entonces los precios resultan distorsionados, por lo que dejan de ser competitivos y, como consecuencia, tanto la asignación de recursos como la toma de decisiones económicas dejan de ser eficientes.

Sin embargo, la intervención de los mercados a través de la regulación jamás estará exenta de costos, entre los cuales la fiscalización eficiente y justa es primordial. La regulación sólo se justifica en la medida que el costo de la intervención, representada por los costos impuestos por la burocracia asociada al control y fiscalización de ésta, sean menores a los beneficios reportados por ella, expresados en el buen funcionamiento de los mercados y en la determinación de precios competitivos. Es esta última consideración la que parece ser recurrentemente olvidada: la exigencia de una regulación eficiente. De lo contrario, definitivamente, el remedio resultará ser peor que la enfermedad.

 

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