¿Quién defiende al contribuyente? - Revista Capital

Capital Legal

¿Quién defiende al contribuyente?

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Por: Christian Blanche, abogado de Tax Advisors

Hoy se está perfeccionando la institución estatal de protección al consumidor; existe un defensor del imputado en materia penal para garantizar su derecho a defensa y un organismo estatal que defiende los derechos de los trabajadores y media con los empleadores. Sin embargo, paradójicamente, no existe ninguna institución del Estado que defienda los derechos de los contribuyentes, aunque ellos son los que financian todo el aparato estatal.

Si bien se acaba de perfeccionar el procedimiento procesal tributario, incorporando la conciliación, las personas que carecen de recursos para contratar un abogado, en la práctica están privadas de su derecho de defensa para poder reclamar las liquidaciones de impuestos que superen 1,5 millones de pesos, ya que el Estado no les otorga privilegio de pobreza.

Por otra parte, no existe ningún organismo al cual pueda recurrir el contribuyente, que se sienta afectado por el ejercicio de las facultades discrecionales con las cuales cuenta la administración tributaria. Dentro de estas facultades, las que generan mayor controversia son las de interpretar administrativamente la norma tributaria, el ejercicio monopólico de la acción penal (que ha sido discutido a propósito del financiamiento de la política) y la facultad de condonar intereses y multas. Para estos efectos, también debería existir un ente estatal que prestara apoyo al contribuyente y sirviera de mediador entre la administración y el particular.

Por otra parte, este organismo debería hacerse cargo de estudiar y proponer los cambios tributarios que requiere el país, con una visión de mediano y largo plazo, y asesorar al Congreso en la tramitación legislativa de los cambios que proponga el gobierno de turno. Finalmente, ese mismo organismo debería ser escuchado en la preparación, discusión y ejecución de la ley de presupuesto, ya que no solo basta con resguardar que se paguen los impuestos debidos por ley, sino que los usos que se hagan de estos escasos recursos sean eficientes, para solventar las múltiples necesidades que tiene el Estado.

Para estos efectos, quien asuma la nueva administración debiera contemplar seriamente la creación del Servicio Nacional del Contribuyente (SNC), ya que no parece razonable que quien financia el aparato estatal, no cuente con los medios para garantizar sus derechos, sin necesidad de enfrentarse ante los tribunales con el Estado, devengándose en favor de este último, una tasa de interés moratoria real de un 18% anual, lo que claramente constituye una alta barrera de entrada a la justicia.

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