Capital Legal

Entrevista videograbada: evitando la revictimización de niños durante el proceso penal

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Por: Ramón Suárez, abogado y presidente Fundación Amparo y Justicia

El 10 de octubre se aprobó, en su último trámite constitucional, el proyecto de ley sobre entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín 9245-07). Después de casi cuatro años de discusión parlamentaria, se obtuvo unanimidad en ambas cámaras.

En su tramitación no solo se amplió su ámbito de aplicación a otros delitos de gravedad; también se incorporaron herramientas, basándose en evidencia científica y experiencia nacional y extranjera. Esto, con el objeto de prevenir la victimización secundaria que padecen niños, niñas y adolescentes. Actualmente, no solo deben sufrir el mal causado por el delito, sino también la dura experiencia de participar de un proceso penal, cumpliendo con ello una deuda que Chile tenía desde su ratificación en 1990 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la ONU.

No obstante, sus bondades no se reducen a ello, pues su diseño impone un abordaje innovador en materias de infancia: escuchar al niño, niña o adolescente víctima de un delito, entenderlo y, desde ahí, adaptarse a sus verdaderas necesidades. En este nuevo paradigma no solo se dispondrá de una normativa que cautele, sino que considerará lo que el niño necesita y quiere. Esto le facilitará el ejercicio de sus derechos como cualquier persona que enfrenta un proceso judicial.

Para ello, dispone el deber de contar con profesionales altamente calificados que puedan realizar intervenciones especializadas en sus interacciones con niños, de forma tal que estos no solo puedan manifestarse, sino también se asegure la comprensión de su voluntad y necesidades. También se mandata la estandarización de procedimientos y criterios a nivel interinstitucional, para que toda entidad que lo intervenga, lo haga desde una misma lógica, un mismo lenguaje y a través de procedimientos que aseguren un trato adecuado.

Esta lógica exige a las instituciones participantes del proceso penal conversar y comprender el funcionamiento de las otras, sus dificultades y desafíos, permitiendo con ello trascender una aproximación enfocada únicamente en el cumplimiento de sus fines propios. También obliga a los actores del proceso penal a estar suficientemente instruidos, pues la inclusión de técnicas cuya metodología está basada en evidencia científica y la uniformidad de criterios promueve la toma de decisiones fundadas, inhibiendo con ello la arbitrariedad.

En suma, nos lleva a enfrentar la problemática penal asociada a víctimas niños, niñas y adolescentes con una visión sistémica, bajo una lógica de cooperación interinstitucional, procedimientos claros y actores debidamente formados.

Su implementación será un gran desafío. Seguramente tomará mucho tiempo y encontrará resistencias, como ocurre con todo cambio cultural. Pero constituye una oportunidad histórica de construir un proceso penal más humano, justo y comprensivo.

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