Capital Legal

Alessandri y la fiscalización del SII a estudios de abogados: “Es un gran error”

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“Me han llamado algunos abogados preocupados”, comenta el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri Cohn. Entre julio y agosto el Servicio de Impuestos Internos (SII) ofició en forma masiva a abogados corporativos de los principales bufetes del país a los que se les exigió una serie de documentos para respaldar sus honorarios.

Uno de ellos fue el estudio Alessandri, que tiene entre sus socios a Arturo Alessandri, presidente del Colegio de Abogados. A través de un mail le pedían que informara cuál era su vínculo con las entidades representadas “Para el SII, pareciera que uno aparezca con poder de una sociedad, lo interpreta como que fuera una fuente de ingreso permanente y constante en el tiempo. Ahí hay un error porque hay muchas sociedades que hemos constituido en el pasado, y otras que son entidades sin fines de lucro, y otras que nos han otorgado facultades de representación para casos excepcionales. Ello suma una cantidad de sociedades, pero no son cargos remunerados, son facultades de representación, y en muchísimas ocasiones sólo se cobra cuando uno efectivamente ejerce la representación de la entidad, sea haciendo un trámite en particular o bien asumiendo una representación efectiva, pero jamás [no] existe remuneración mensual por el mero hecho de haber sido designado representante”, indica. Y aclara que “aparentemente se originó un error del propio Servicio al solicitar esta información con un ánimo recaudatorio pues no ha habido requerimientos adicionales.

En nuestro caso y me consta también es la realidad de otros estudios, las declaraciones de impuestos consignan todos los ingresos que efectivamente se obtienen, por el alto estándar de cumplimiento de la industria y por la evidente necesidad de la inmensa mayoría de los clientes de acreditar tributariamente el gasto que representan los honorarios profesionales. Hubo un error de apreciación y otro procedimental; espero que los planes de fiscalización contemplen de manera previa un adecuado análisis de los resultados efectivos que pueden arrojar”.

Según Alessandri, tras enviar los documentos que el fiscalizador requirió por mail, no tuvo más solicitudes al respecto. Sin embargo, aclara “si esta clase de requerimientos prosigue, y la información solicitada vulnera el deber de secreto profesional, como Colegio deberemos tomar acciones concretas para su protección, que es uno de los principios fundamentales del ejercicio de la profesión”.

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