Capital Legal

¿Dónde están mis 7 lucas?

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Por: Matías Cortés de la Cerda, socio de Puga Ortiz Abogados

Muchos se preguntan por qué no le han llegado las famosas 7 lucas. La respuesta del Sernac es que no se han podido pagar, debido a los recursos presentados por asociaciones que no participaron del acuerdo indemnizatorio entre el Sernac, un par de asociaciones de consumidores y uno de los confesos de conductas monopólicas. ¿No parece irónico que estas asociaciones, no alineadas, para usar una terminología de la Guerra Fría, aleguen el haber sido excluidas del acuerdo y sus beneficios, producto de una colusión entre el Sernac, un par de asociaciones y la empresa culpable de colusión?

La experiencia enseña que cualquier ente exige competencia, apertura y transparencia para poder surgir, pero una vez que llega a una posición de control de ese mercado o comunidad, lo que busca es la concentración del poder o el monopolio. No perdamos de vista que están en juego decenas o cientos de millones de pesos en honorarios para las asociaciones o sus abogados.

Nadie, salvo las partes de ese acuerdo, sabe cuánto se está pagando a los abogados y cuánto de eso irá a parar a las asociaciones o sus dirigentes. Obviamente, los dirigentes no quieren que se sepa y los infractores tampoco, pues no quieren alentar a nuevos abogados demandantes. Mientras tanto, el Senado, prevenido de lo anterior, sigue tramitando las modificaciones a la Ley del Consumidor.

La capacidad de las organizaciones de consumidores para compartir los honorarios obtenidos como resultado de su intervención en juicios de consumidores, con o entre sus miembros, se rechazó previamente por el legislador al discutir las primeras modificaciones a la Ley del Consumidor en el año 2003, y las razones para el rechazo no han cambiado. De hecho, el episodio de la colusión las confirma. En cambio ahora, el proyecto de ley que modifica la Ley del Consumidor, en trámite en el Senado, les permite: “Repartir costas procesales y personales, excedentes, utilidades o beneficios pecuniarios de sus actividades entre sus miembros fundadores, directores, socios y personas relacionadas”.

¿Podrán entonces, sus directores, fundadores, etc., percibir los montos que se paguen a la asociación que dirigen por su representación judicial en juicios colectivos?

Hasta ahora, el secretismo que rodea a todos los acuerdos de importantes juicios colectivos invitan a sospechar sobre los montos que se han pagado para llegar a ellos y, especialmente, sobre quienes se benefician con esto.

¿Se informó cuánto ganaron los abogados o sus asociaciones en los juicios contra La Polar o CMPC? Mucho o poco, no se informó, y si hubo conflicto de interés el riego es mayor, pues se crea el incentivo para llegar a acuerdo, obteniendo el máximo beneficio para la asociación y no necesariamente para los consumidores.

De hecho, se está promoviendo precisamente lo que el legislador quería evitar cuando introdujo las demandas colectivas en nuestra legislación, una industria de los litigios.

Si se les va a permitir a quienes representan a los consumidores enriquecerse a costa del daño causado a los afectados, debería obligarse a que todos los montos pagados por el proveedor, a todos los involucrados, incluidos los abogados de las demandantes, sean públicos y que tengan una proporción en razón de lo que se les vaya a pagar a los realmente afectados, los consumidores.

Esta es una oportunidad para que los legisladores extiendan a otras organizaciones el estándar de transparencia que la sociedad les demanda con razón.

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