Capital Legal

¿Qué se discute en el caso Codelco?

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Por: Luis Cordero Vega, socio Ferrada Nehme, abogado de Codelco

Durante las últimas semanas se ha abierto controversia tras las declaraciones del contralor en la Comisión Investigadora sobre el denominado Informe 900, deslizando críticas de corrupción y nepotismo en Codelco. Sin embargo, el informe nada dice de eso, sin perjuicio de lo cual es conveniente precisar algunas cuestiones de la controversia que se debate hoy en tribunales.

El organismo contralor objeta esencialmente dos asuntos. La primera es que en los contratos que suscribe la compañía se deben aplicar los principios de los contratos administrativos. La segunda, es que en los contratos entre partes relacionadas se deben aplicar las prohibiciones de la ley de compras públicas. Sobre esos criterios evalúa una cantidad importante de casos contenidos en el mismo. Codelco objeta la legitimidad de esos presupuestos. Por tal motivo, este asunto no es sobre las competencias de la Contraloría, es sobre el estándar que dicha entidad debe aplicar cuando realiza auditorías a esta empresa pública.

Codelco es la única empresa del Estado que tiene reconocimiento constitucional. La reforma de 1971, que nacionalizó la gran minería del cobre, estableció los criterios sobre los que descansa su regulación. Estas normas, por expresa decisión de la Constitución de 1980, están vigentes hasta hoy. Lo anterior explica que desde entonces la empresa tiene un sistema regulatorio propio, que está marcado por un intenso mecanismo de control de un conjunto de agencias públicas.

Por otro lado, en 2009 –en un acuerdo transversal y en el marco del ingreso de Chile a la OCDE– el Congreso aprobó la ley que estableció el nuevo gobierno corporativo de la compañía, cuyo propósito era establecer un marco regulatorio que le permitiera competir en condiciones de mercado y alejarla del ciclo político. Por eso, se optó por la aplicación de las normas de sociedades anónimas, un régimen que le da flexibilidad para las decisiones de sus negocios, pero que eleva sustancialmente los estándares de responsabilidad de quienes las adopten.

Durante la implementación de ella han existido múltiples interrogantes, algunas resueltas por la propia Contraloría. Este organismo sostuvo en 2012 y luego en 2015 –en esa oportunidad en un oficio dirigido a la Cámara de Diputados– que las reglas aplicables a Codelco eran las de sociedades anónimas y que las obligaciones ahí establecidas son plenamente compatibles con las normas de probidad administrativa.
Aunque Codelco en la etapa de observaciones al informe de auditoría hizo presentes estos argumentos, Contraloría ha insistido en su posición omitiendo sus precedentes y evitando pronunciarse sobre la decisión que adoptó el Congreso en 2009.

Como se ve, lo que está en juego, más allá de la referencia a contratos específicos, es el marco normativo aplicable a la empresa. Aceptar la tesis que contiene el Informe de Auditoría, implicaría desconocer el contenido de la ley, pero sobre todo el propósito perseguido por el Congreso para adoptar un marco normativo moderno para la gestión de una compañía estatal.

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