Capital Legal

La derrota cultural de la centroizquierda

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Luis Cordero Vega, socio FerradaNehme

La vida de los partidos en los últimos 40 años en nuestro país ha sido intensa. Tras el golpe de Estado, la dictadura los proscribió, confiscó sus bienes, y en el nuevo orden institucional de 1980, los reguló estrictamente, condenando algunas ideas –las marxistas por lo pronto–, generando un modelo que sospechaba de ellos. Desde mediados de los 80, la oposición a Pinochet buscó formas institucionales alternativas y bajo diversas fórmulas de financiamiento –aún inspiradas en la solidaridad colectiva– permitió sostener la campaña para el plebiscito de 1988 y la elección de 1989.

Tras el retorno a la democracia, los partidos debieron buscar formas de financiamiento, porque los tradicionales aportes de sus militantes resultaban insuficientes. Algunos obtuvieron ingresos indirectamente desde fondos públicos –pago de cuotas de funcionarios y parlamentarios–, y otros desde “connotados” simpatizantes. Desde 1994 las campañas se hicieron costosas, por lo que es probable que desde entonces las relaciones impropias entre dinero y política se “normalizaran”.

Las indemnizaciones pagadas el 2003 por los bienes confiscados eran una oportunidad para regularizar su financiamiento. Mientras algunos se dedicaron a pagar deudas, otros gastos internos y de campaña, el Partido Socialista (PS) implementó un tecnocrático sistema de gestión de sus finanzas. Nombró una comisión, dictó un reglamento para la administración de sus fondos y condicionó los aportes a sus candidatos.

Esa estrategia fue objeto de admiración en el resto de los partidos, mal que mal logró rentabilidades, pero sobre todo le otorgó ingresos estables para su operación, disminuyendo la probabilidad de captura de grupos empresariales en su financiamiento. El caso Penta demostró que era una estrategia correcta.

Tras el informe de la Comisión Engel, se discutió el proyecto de modernización de los partidos, que no se preocupaba de la inversión de sus fondos. Fue en el debate legislativo en que eso se planteó. El Ejecutivo quería que los partidos pudieran invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas y documentos de oferta pública, pero si superaban las 25 mil UF estos debían someterse a las normas sobre fideicomiso ciego establecido en la nueva ley de conflictos de interés. La ironía fue que una indicación del diputado socialista Osvaldo Andrade propuso limitar esas inversiones sólo a valores de renta fija emitidos por el Banco Central, depósitos a plazo y cuotas de fondos públicos no dirigidos a inversionistas calificados. Esa norma terminó finalmente aprobada.

Mientras muchos se han dedicado a cuestionar el manejo de las inversiones del PS, lo curioso es que ha sido la única gestión financiera responsable de un partido político desde el retorno a la democracia, le dio autonomía a su funcionamiento y ha servido de experiencia para promover nuevas reglas. En 40 años pasamos de partidos prohibidos a instituciones con regulación y financiamiento público, sujetos a reglas de conflictos de interés y de modalidades de inversión.

Es irónico, pero en realidad lo del PS no es una ilegalidad, sino una “derrota cultural” para la centroizquierda en manos del capitalismo, primero porque no supo explicar que lo hacía estaba dentro de la ley y apareció pidiendo disculpas; y, segundo, porque ha terminado promoviendo la que pareciera es una razonable política pública.

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