Capital Legal

Admisibilidad de querellas: ¿y si todos nos querellamos?

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Fernando Santelices Ariztía, socio de Bosselin, Briones, Irureta, Sánchez & Santelices Abogados

El ex presidente Piñera señaló recientemente que el proceso de admisibilidad de querellas es liviano, que se aceptan muy fácilmente, que el inicio de una investigación genera muchos costos para la parte querellada y que debiera haber un filtro mejor. En gran parte, tiene razón, aun cuando estén condicionados por su situación en los casos Dominga y Exalmar.

La presentación de querellas deriva en un gasto público importante. Hoy, por ejemplo, las investigaciones en delitos económicos con salida judicial duran en promedio 495 días y es el Estado quien financia las investigaciones, mientras los querellados asumen los costos de su defensa.

Tiene razón el ex presidente cuando señala que las querellas se admiten fácilmente. Ello puede dar pie al inicio de acciones instrumentales o a legítimas intenciones de esclarecer hechos, aparentemente constitutivos de delito.

Nuestra legislación ha dispuesto que basta una descripción de un hecho que revista caracteres de delito para iniciar una acción legal. De esta forma, no corresponde al tribunal determinar si el hecho denunciado es o no delito, sino solamente si tiene tal carácter, independiente de si quien lo presente sabe o no de su inexistencia o incluso falsedad.

Ahora bien, el problema no es sólo que en ocasiones se realice un filtro básico de las querellas, sino la disparidad de criterios entre los jueces –incluso de un mismo tribunal– que hace de la presentación de una querella una tómbola entregada al juez de turno. Así, hay resoluciones que no hacen mayores cuestionamientos al texto, bastando meras apariencias u olor a delito para dar curso a la querella y, otras veces, resoluciones que exigen con precisión horas, calles, perjuicio determinado, etc. Hay otras que recurren al carácter subsidiario del derecho penal y derechamente envían el conflicto a sede civil, a pesar de las complejidades que puede revestir un delito en el marco de una entramada operación comercial.

Por otro lado, la falta de un recurso de apelación que permita al querellado recurrir a los tribunales superiores en contra de la admisibilidad es también un problema. Hoy sólo puede reponer de esta resolución; es decir, pedirle al mismo tribunal que enmiende su decisión, algo muy difícil en la práctica. Modificar dicho sistema requeriría de varias adecuaciones (notificaciones, efectos del recurso, etc.), pero sería una oportunidad para buscar uniformidad de criterios y subir el estándar de exigencia que requiere el acceso al sistema penal como la última respuesta posible a la solución de un conflicto.

Los tribunales deben tener un rol activo y estricto en el ingreso de querellas al sistema penal, pues no sólo es una instancia para filtrar el gran número de casos que ingresan, sino que, además, una oportunidad para exigir un mínimo de seriedad a quienes pretenden recurrir (legítima o ilegítimamente) al sistema penal para solucionar conflictos.

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