Capital Legal

Tribuna: Justicia Constitucional, entre la incomprensión y la necesidad

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A nadie le gusta ser aguafiestas. Lo sabe la mamá que acuesta a los niños; el árbitro que termina el partido; el juez que debe dirimir una contienda. Incluso los fiesteros estarán de acuerdo en que no es posible hacer fiestas ilimitadas en un condominio. Y para cambiar la hora de término, lo correcto será poner de acuerdo al número de vecinos necesarios para modificar dicho horario, y no enojarnos con quien tiene la impopular labor de hacer cumplir el reglamento, aun cuando la mayor parte del condominio esté en la fiesta. El administrador responde finalmente a las mayorías más permanentes en el tiempo, expresadas en el reglamento de convivencia. Eso diferencia a una sociedad libre –sometida a leyes– de una despótica, sometida a la voluntad del poder de turno.

Las normas constitucionales responden a una lógica muy similar. Conscientes de que el ejercicio del poder es necesario para el funcionamiento de una sociedad, hemos dividido sus funciones en diferentes instituciones, como el poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El poder de cada uno de ellos no puede ser ilimitado, ya que eso atentaría no sólo contra la esfera de funciones de los otros poderes, sino contra la sociedad misma que intenta gobernarse. Si, por lo tanto, estamos conscientes de que todos los poderes deben tener un límite –no hay poderes ilimitados desde el despotismo ilustrado– entonces ¿por qué nos molesta tanto que esas reglas se cumplan? O peor aún, ¿cuál es la razón de que exista cierta indignación con la institución a la que hemos confiado precisamente la ingrata pero indispensable labor de hacer valer esos límites?

Lo anterior va más allá de la inconducente discusión de si el TC es un invento de 1970, de 1980 o de 2005. Prácticamente todas las democracias modernas cuentan con mecanismos de revisión judicial de las decisiones del legislador y del ejecutivo, ya sea radicadas en la Corte Suprema –como se originó en EE.UU. en 1803 desde el Common Law– o bien en un Tribunal Constitucional, alternativa continental europea al judicial review americano en países tradicionalmente desconfiados de la función judicial, pero ambos herederos de un ingrediente esencial de la democracia: la supremacía constitucional. Como contrapeso a esta facultad, los restantes poderes del Estado participan en la designación de sus miembros, o bien, manejan el presupuesto del juez constitucional. Por eso es preocupante que se afirme que la justicia constitucional no debiera existir, puesto que significa finalmente sostener que el ejercicio del poder sería ilimitado, o bien, que los límites son fijados por el mismo poder que ejerce una facultad.

Se dirá entonces que lo que molesta es el mecanismo de nombramiento de los jueces; o bien que es la Constitución la que debiera modificarse. Pero ésa es otra discusión de la cual no debiéramos culpar al juez que cumple con su deber. Mal que mal, necesitamos que de vez en cuando alguien nos recuerde las reglas. No vaya a ser que de olvidarlas, nos olvidemos también de la razón misma por la que nacieron las constituciones: defender a las personas de su propio gobierno.

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