Una relación peligrosa - Revista Capital

Capital Legal

Una relación peligrosa

¿Hay conflicto entre los estudios de abogados y las certificadoras de Modelo de Prevención del Delito en las Personas Jurídicas?

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Por Rodrigo Reyes Duarte
Director Jurídico de Prelafit Compliance

Un estudio de abogados asesora a una empresa en el diseño e implementación de su modelo de prevención en el marco de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Luego, el mismo estudio propone la contratación de una empresa certificadora con la que ha efectuado una alianza de negocios.
¿Negociaciones incompatibles?

La Ley 20.393 del 2009 consagró la responsabilidad penal de personas jurídicas por los delitos de cohecho de funcionarios públicos nacionales o extranjeros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La empresa imputada podrá responder penalmente con multas que pueden alcanzar 1,5 millones de dólares y con sanciones aún mayores, como la pérdida parcial o total de beneficios fiscales y la prohibición absoluta de recepción de los mismos por un período determinado, la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado y, en determinados casos, con la disolución de la persona jurídica.
Esta ley, que ha sido invocada con progresiva frecuencia por el Ministerio Público, contempla la posibilidad de que la empresa adopte un modelo de prevención (se le ha denominado modelo de prevención de delitos o MPD) con determinadas características que la propia ley señala. Además, para efectos de verificar su eficacia y que no se convierta en un modelo sólo de papel, la ley incluyó la posibilidad de que este modelo pueda ser respaldado por una empresa certificadora.

El sistema descansa sobre una premisa que el legislador contempló especialmente: la consultora o estudio de abogados que diseña e implementa el modelo no puede ser el mismo ni tener relación con el que certifica su efectividad.

El proceso lógico consiste en que una empresa diseña o adopta un modelo de prevención de delitos, lo implementa y una vez que tenga certeza de que el modelo se adecua a sus necesidades, recién ahí, podrá certificar la adopción e implementación de su modelo con alguna de las empresas certificadoras registradas en la Superintendencia de Valores y Seguros.

En suma, los estudios de abogados deben evitar comprometerse con entidades certificadoras. Si ello sucediera, la seriedad de la certificación se encontraría seriamente dañada. Además el Artículo 4, numeral 4, letra c de la ley establece que se entenderá que las personas naturales que participan en las actividades de certificación cumplen una función pública en los términos del artículo 260 del Código Penal y por ello pueden ser sancionadas por el delito de negociaciones incompatibles del artículo 240 de ese texto legal. Este último, en efecto, es el que comete el empleado público que se interesa, directa o indirectamente, en un contrato u operación en la que interviene por razón de su cargo: y eso es lo que probablemente estaría haciendo la entidad otorgante de la certificación que tuviera compromisos con estudios jurídicos que hayan asesorado a la empresa cuyo modelo de prevención se trata de certificar.

Conviene tenerlo en cuenta, tanto por las personas jurídicas, las empresas certificadoras, como por los estudios jurídicos, pues se trata de un riesgo relevante para quienes trabajan en ellos y, como es lógico, podría afectar su imagen. Por otra parte, la empresa vería afectado su sistema de prevención e incluso la misma certificación carecería de mayor valor. Lo fundamental en una certificación de integridad corporativa es la independencia de la opinión experta. Al fin y al cabo de eso se trata cuando hablamos de certificación, de tener una opinión experta e independiente respecto de la efectividad de un determinado modelo. •••

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