Capital Legal

El “éxodo” de la defensoría penal pública al sector privado

Cambios en los equipos. Eso es lo que está pasando al interior de la Defensoría Penal Pública (DPP). Varios de los abogados que se formaron en esa organización que partió junto a la Reforma Procesal Penal están migrando al mundo privado. Una tendencia que en los últimos meses se ha intensificado. Algo que, según señalan en la DPP, se explica por el alto nivel de los profesionales que se forman al alero de esa entidad. De hecho, explican, el perfil de los defensores públicos es más exigente que el de un fiscal: se les pide un expertise mayor, que tengan más años de experiencia –la edad de la mayoría está sobre los 30– y que sean capaces de contrastar las pruebas, realizar investigaciones exhaustivas, revisar peritajes y, en definitiva, hacerle el peso a la poderosa Fiscalía Nacional. Por eso sus litigantes son codiciados en las oficinas privadas.

Pero no es la única razón. La salida de la defensora pública, Paula Vial, quien no fue renovada en su cargo por el gobierno, también está llevando a varios de sus más estrechos colaboradores a probar suerte en el sector privado para formar sus propios estudios.  

De hecho, eso ocurrió con Vial. La ex defensora ya tiene nueva casa: el estudio Vial y Compañía que formó hace un mes junto al ex jefe jurídico de la DPP, Fernando Abarca, quien dejó sus funciones en el organismo público a principios de octubre pasado. Pusieron oficinas en la calle Alfredo Barros Errázuriz, en Providencia, y su idea es desarrollarse en dos áreas: penal y contencioso administrativo.

También hay otros. Jorge Villalobos, quien se desempeñaba como jefe de la unidad de Cortes renunció a partir del 1 de noviembre y está montando el estudio jurídico Brunaud y Compañía junto a ex compañeros de la Universidad de Chile. Y Verónica Encina, quien estaba a cargo del departamento de evaluación y control de la defensoría, decidió partir hace dos meses a la oficina de Soto Piñeiro, Vila y Compañía.

También Andres Rieutord, que se desempeñaba como jefe de estudios de la Defensoría Regional, desde donde estuvo involucrado en procesos como el del paquistaní, el caso bombas y La Quintrala, se vio “tentado” por el sector privado. El abogado renunció a fines de septiembre para integrarse como socio al nuevo estudio del ex presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky. Ahí comparte con otro ex DPP, Gonzalo Medina, quien salió hace un año de la DPP, donde era Jefe del departamento de estudios.

También el año pasado José Luis Andrés, que era jefe de la Defensoría Local de San Miguel, la más grande de la Región Metropolitana Norte, decidió crear su propia oficina: Andrés y Cía. Desde ahí ha tenido éxitos legales como la absolución de Paul Morrison, el hijo de la diputada María Angélica Cristi, y la defensa de la alcaldesa de Molina, Mirtha Segura.

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