Capital Legal

Tribuna: ¿De qué son jueces los jueces?

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La pretensión de que los jueces, en lugar de ser los encargados de resolver los casos aplicando el derecho preexistente, sean los encargados de hacer “justicia”, además de tener un componente
antidemocrático, implica una desnaturalización de la función judicial.
Miguel Soto, Penalista

La opinión pública y los medios de comunicación social, válidamente y desde su perspectiva, cuestionan muchas de las decisiones adoptadas por los jueces frente a los presuntos delincuentes que deberán juzgar, por considerarlas inconvenientes para la seguridad pública, irracionales para la prevención de los delitos o injustas en relación al castigo de los ilícitos. Los jueces, en un Estado de derecho, obtienen su legitimidad precisamente del derecho, que defi ne el marco dentro del cual debe desenvolverse su actuación.

Los jueces deben estar bajo el imperio de las leyes para que éstas constituyan una garantía para todos los ciudadanos, incluido el ciudadano que el mismo derecho, artificialmente, ha defi nido como delincuente y, con mucha mayor razón, aquellos otros que solo han alcanzado a reunir los requisitos de sospechosos de haber cometido un delito. Solo así se logra el imperio de la ley y se alcanza el ideal ilustrado de que ningún ciudadano, tampoco el juez, esté por encima del derecho.

Lo anterior signifi ca que las fi nalidades de prevenir delitos y/o castigar delincuentes, solo mediatamente o por inclusión, le competen al juez y siempre en la forma y bajo las condiciones en que el derecho se las atribuye o asigna. Fuera de ese marco, el juez es un ciudadano más, sin ninguna competencia particular al respecto.

Desde esta perspectiva, el nuevo proceso penal chileno debe interpretarse como un intento de explicitar y asegurar el respeto de los derechos fundamentales de todos los involucrados en el proceso penal. Basta sustituir la posición desde la que habitualmente se enjuicia a la justicia penal, colocándose en el lugar de los acusados, en vez del ocupado por las víctimas, para aquilatar la importancia de lo anterior.

La perspectiva ilustrada, después de la experiencia absolutista, desconfía del leviatán estatal y de sus jueces, cuya discrecionalidad procura limitar, mediante el instrumento más democrático disponible: las leyes. La pretensión de que los jueces, en lugar de ser los encargados de resolver los casos aplicando el derecho preexistente,
sean los encargados de hacer “justicia”, además de tener un fuerte componente antidemocrático, implica una desnaturalización de la función judicial, absolutamente injusta para con los mismos jueces, al asignarles un rol más propio de un estado confesional, incompatible con la racionalidad secularizada de la modernidad.

En este contexto, el debido respeto por la función judicial, exige juzgar a ésta y a quienes la ejercen en sus propios términos, manteniendo en el ámbito de lo jurídico lo jurídico y en el ámbito político lo político. La decisión sobre “el derecho que debe ser” es prioritariamente una decisión política, que solo compete a los jueces en cuanto a ciudadanos, pero no en cuanto “jueces”.

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