Panoramas
Cómo levantar lo que está en el suelo

Artículo correspondiente al número 271 (12 al 25 de marzo de 2010)

Las regiones VI y VII conservaban buena parte del patrimonio histórico y cultural del país, de allí que el diagnóstico sea gravísimo. Sin embargo, el desastre puede ser la oportunidad para hacer las reformas urgentes que exige el sector. Por Marcelo Soto

Uno de los muchas editoriales que se publicaron en la prensa internacional sobre el terremoto chileno en sus primeros horas decía que el país, debido precisamente a su naturaleza sísmica, no tenía un gran patrimonio histórico y por lo mismo no había demasiados daños que lamentar en ese aspecto. Hay algo cierto en aquello, pero no es menos verdadero que lo que había, por poco que fuera, fue dañado en una proporción importante.

Basta mirar, por ejemplo, la destrucción de la hacienda El Huique, en Colchagua, una casona espléndida que era orgullo de la zona, un destino turístico de primer nivel que permitía imaginar de manera formidable cómo era la vida durante la Colonia. Hoy el inmueble, antes perfectamente conservado, se observa con fracturas profundas; la capilla perdió su pórtico y los patios están irreconocibles. Incluso un carruaje que se había restaurado hace poco tiempo –y que había costado mucho dinero hacerlo– se confunde con una pila de escombros.

“El diagnóstico es que el 100% del patrimonio fue perjudicado por el terremoto. La intensidad es variable, porque hay algunas áreas que tuvieron un daño menor, otros un daño significativo y muchas fueron afectadas de manera crítica, irreparable”, señala Oscar Acuña, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales.

A partir del mismo sábado, el organismo viajó a terreno para ver cuál era la situación del patrimonio afectado: ese día revisaron en la capital el palacio Pereira, la basílica de El Salvador, la parroquia de la Divina Providencia, entre otras. El domingo, un grupo de arquitectos visitó las zonas típicas, como el Barrio Yungay. “Claramente, en el caso de Santiago el daño es de menor envergadura que el que han sufrido las regiones VI y VII, que es donde se concentra una enorme cantidad de bienes protegidos por la ley de monumentos. En la VIII tenemos bienes patrimoniales, pero no tantos como en la VI y VII”, precisa Acuña.

El lunes 1 de marzo se formaron dos equipos: uno fue a Talca y recorrió la zona hasta el miércoles 3; el segundo recorrió la VI región, visitando entre el lunes y jueves Rancagua, San Fernando, Santa Cruz y Lolol. Al cierre de esta edición, faltaba por registrar la zona de BioBio, aunque se esperaba que allí el desastre patrimonial fuera menos importante. En todo caso, se sabe que hay retrocesos graves, como en los murales del mexicano Siqueiros en Chillán, que recientemente habían sido restaurados.

El propio Luciano Cruz Croke, ministro de Cultura de Piñera, estuvo en Talca para formarse una idea de los daños, aunque insiste en que es Magdalena Krebs la encargada del tema en la nueva administración. “Luego del terremoto estuve en permanente contacto con Paulina Urrutia para monitorear los problemas más graves”, reconoce el actor. “Vamos a analizar el camatetastro de daños y hay una comisión que estudiará las fórmulas para salir adelante, que integran entre otros Angel Cabezas y mi tía Marta Cruz Coke”. En concordancia con el ministro, Krebs afirma que antes que nada es necesario tener el catastro realizado por el anterior gobierno. Y que a partir de entonces se tendrá un panorama más claro. Hasta ahora, el informe establece que hay un total de 1.110 monumentos históricos y zonas típicas deteriorados. Algunos de los daños más profundos serían:

• La catedral de Rancagua, cuyo pórtico sufrió dos graves fracturas en la fachada que separa las torres, y en otras partes. No obstante, son daños recuperables.

• La Iglesia de la Merced, donde OHiggins se refugió durante el desastre de Rancagua, tiene daños significativos. Perdió el contrafuerte en la calle Cuevas y dejó otros dos seriamente dañados; eso a su vez impactó la fachada. Eso se ve reflejado en el interior de la iglesia. Deberán demolerse algunas parcialidades importantes y algunos muros.

• En San Fernando, la iglesia de San Francisco. Una verdadera pena, porque el edificio había sido muy azotado en el terremoto del 85 y después de 25 años obtuvo financiamiento para restaurarse. Gracias a los arreglos se encontraba de forma óptima, hasta que el terremoto del sábado 27 volvió a dañarla de forma importante. Los efectos fueron muy nocivos y eso debería generar una discusión sobre si las técnicas de reparación fueron las adecuadas.

• En Santa Rosa de Pelequén, la iglesia perdió su cúpula y el techo se hundió. Tiene daños graves. La cúpula de cobre era un hito de la zona, pues se veía desde el camino.

• Lo más dramático sería la destrucción de Guacarhue, zona típica de la VI región poco conocida, pero de gran valor patrimonial. La iglesia es irrecuperable, habría que demolerla.

Como explica Acuña, el gran problema técnico que presentan estas construcciones es que, debido a su propia materialidad, no es posible refaccionarlas sin intervenir la estructura original. “Hay que pensar en algún tipo de amarre que lé de mayor estabilidad a estos inmuebles, para que ofrezcan más resistencia frente a estos sismos. Por ejemplo, si vas a Santa Cruz hay daños en la iglesia, que perdió un muro lateral y tiene fisuras en el frontis. Hay un tema de materialidad, porque una parte fue intervenida anteriormente después de otro terremoto y en ese momento se usaron adobe y albañilería, pero la mezcla no funcionó. Ese es un problema grande que hemos encontrado: estos materiales no trabajan muy bien en conjunto. Hay que buscar otras soluciones, para que la restauración no se transforme en un remedio peor que la enfermedad”.

La tarea por delante

Hay consenso entre los involucrados en que para reparar daños y conservar de buena forma el patrimonio son necesarios cambios en la legislación: “primero, el llamado es poner calma y tiza frente a las demoliciones, porque la primera reacción intuitiva de la gente frente al desastre es demoler todo y partir de cero. La verdad que eso es lo peor, porque derribar es un daño irreversible, que no tiene vuelta”, advierte Acuña.

Y agrega: “hay que modificar los incentivos que se requieren para conservar y restaurar el patrimonio. Hay un diagnóstico efectuado hace mucho tiempo, estamos todos de acuerdo: entonces, pasemos a la segunda etapa, a la acción. Modifiquemos la ley de monumentos a propósito de esta coyuntura y generemos incentivos tributarios que posibiliten que otros agentes privados contribuyan con una motivación tributaria para colaborar en esta tarea, y sin duda habrá empresas interesadas y probablemente va a ser una solución no sólo de esta coyuntura, sino de fondo y con visión de futuro. La verdad es que no podemos seguir con el esquema actual, en que se declara monumento una propiedad y el particular propietario de la misma es el responsable de conservarla, de mantenerla en condiciones favorables, y si no lo hace, todas las penas que establece la ley caen sobre su cabeza. Hay que equilibrar la balanza, y si de verdad estos bienes patrimoniales nos interesan a todos como sociedad, lo que corresponde es que nos hagamos cargo, no solamente en la declaratoria, sino dando incentivos para que estos bienes se conserven”.

Al mismo tiempo, existe acuerdo en la urgencia de aumentar los beneficios de la ley de donaciones culturales y establecer beneficios a través de la ley de la renta. Dice Acuña: “mantener un inmueble patrimonial no es lo mismo que mantener un DFL2 en Providencia: tiene costos de conservación distintos, desde las redes de agua potable, electricidad, la pintura. Todo es diferente. Hay una exención, en la actualidad, del impuesto territorial que exime de contribuciones a todos los bienes que son monumentos históricos, en la medida en que no tengan fines de lucro. Y la verdad es que eso es una discriminación que no tiene razón de ser. Si existe un particular que quiere desarrollar un negocio o una actividad comercial en un bien histórico y la intervención es digna; si quiere hacer un restorán o un hotel y rescatar el patrimonio que está en malas condiciones, demos ahí una señal de que no va a pagar contribuciones y esa puede ser la diferencia. En vez de que se instale en Borderío puede ir a una zona patrimonial que gane con la inversión”.

Otra de las propuestas es otorgar una rebaja en un 50% de sus contribuciones a los propietarios de inmuebles en zonas típicas, con la idea de que se favorezca la conservación de las características ambientales de la zona. “ Claramente, más que inyectar recursos públicos creo que tenemos que poner recursos en los bolsillos de quienes son propietarios de estos inmuebles, para que tengan la sensación de que en esto no están solos, sino acompañados por el Estado. Esa es la gran deuda que el Estado tiene con su patrimonio: el no contar con mecanismos de incentivos adecuados. El problema ya está diagnosticado, pasemos a la acción”, concluye Acuña.

Recuperar o construir

Al hablar de restauración, se aprecian posiciones extremas. Al igual que sucede entre los ecologistas, existen grupos que hablan de la mínima intervención del patrimonio dañado para garantizar su pureza, aunque esto redunde en condiciones de conservación precarias. El dilema es si acaso no es mejor demoler y reconstruir con tecnologías modernas antes que exacerbar el rigor de mantener la construcción primitiva, aun a riesgo de su sustentabilidad. Oscar Acuña –secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos- afirma que a partir de los errores luego del terremoto del 85, ha aparecido una modificación en los supuestos de conservación: “durante mucho tiempo hubo criterios de mínima intervención. Pero nos hemos dado cuenta de que a veces no es viable la mínima intervención y hay que operar con mayor profundidad. Así lo hemos visto en las iglesias de Chiloé. Hay que restaurar estos lugares para que queden en condiciones patrimoniales adecuadas, pero también para que tengan seguridad para los usuarios. Nos hemos abierto a usar tecnologías mixtas y lo hicimos en San Lorenzo de Tarapacá: la iglesia se cayó y se conservaron sólo algunos muros de madera pampina y la parte que no era recuperable, se intervino con acero y hormigón. Dejando bien en claro que lo que había antes era una cosa y lo que se intervino es otra. La idea no es crear un falso histórico, ni hacer una escenografía, sino conjugar rescate y sustentabilidad”.

El MAC luego del terremoto

“El frontis y especialmente el frontón quedaron bastante dañados. A esto se le suman perjuicios menores en el interior, específicamente una grieta en el segundo piso, que se debe soldar. Luego del análisis de tres fuentes expertas –el MOP , el Colegio de Arquitectos y un profesor de la escuela de Arquitectura–, se determinó que el edificio no sufrió daños estructurales. Sumando y restando, son reparaciones menores comparadas al terremoto anterior, de 1985, cuando el museo quedó inhabilitado por varios años y que, gracias al apoyo del ministro de Obras Públicas de la época (Ricardo Lagos), se pudo reabrir luego de intensas reparaciones. La construcción hecha en esos años ayudó a que ahora el edificio no sufriera mayores complicaciones ni menos se viniera al suelo. Más allá del frontis, esta construcción es una caja de hormigón armado, una caja jaula que resiste todo. Ya tenemos el diagnóstico de los expertos, ahora me toca trabajar y moverme para la reconstrucción. Hay que buscar el financiamiento adecuado para esta tarea, cosa que no es fácil, pero se debe arreglar este edificio, porque el frontis del museo es un emblema y parte de la identidad nacional. Lo que no está claro todavía es con qué materiales ni de qué manera se harán los arreglos”. Francisco Brugnoli, director del MAC.

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